Micabu: El Fantasma de la V República

Las dudas sobre si las 175 acciones del presidente del Congresillo Luis Miquilena y las 50 del interventor del Poder Judicial, Manuel Quijada, en Impresores Micabu, fueron cedidas luego de haber sido publicitada su relación comercial con Tobías Carrero Nácar, aún persisten.

Corresponde al Tribunal Supremo evaluar las pruebas contenidas en el informe de la Fiscalía para determinar si procede o no un antejuicio de mérito contra Miquilena, luego de la solicitud hecha por la Fiscalía.

Rumores dan cuenta de que existe la posibilidad de que el máximo tribunal dé por cerrada la investigación por inconsistencia de pruebas.

Pero más allá de lo que pudiera ocurrir, es de destacar que Micabú se destapó mediante una investigación periodística realizada conjuntamente con El Nuevo Herald. Lo publicado en su momento en el diario norteamericano fue incorporado como notitia criminis y orientó el camino de las investigaciones y de todo el arsenal de denuncias que mutuamente se dispararon dos grupos que antes fueron hermanos del alma, que ahora enfrentan el mismo peligro de la Cuarta República que sucumbió asfixiada por la corrupción.

En las siguientes líneas podrán conocer cómo se llegó a Micabu, el Fantasma de la V República.

El inicio de la caída

Al fantasma de la V República se le agarró por un hilillo. Luego de varias entrevistas tras otra información, alguien comentó que en el CNE habían otorgado un contrato a una empresa propiedad del presidente de la entonces vigente Asamblea Nacional Constituyente y actual presidente del Congresillo, Luis Miquilena, a quien se señalaba de estar asociado en esta firma con el empresario Tobías Carrero Nácar, cabeza de la Multinacional de Seguros.

Todo indicaba la veracidad de lo dicho, que también había sido dado a conocer por el semanario La Razón, pero faltaba el documento donde constara la relación comercial establecida entre el empresario y al funcionario visto con más alta influencia en la gestión de Hugo Chávez Frías.

En la sede del Registro Principal el primer intento fue infructuoso, pero una cordial empleada buscó en el sistema y dio con el expediente de Impresores Micabu. El documento marcado con el número 31853, se encuentra en los archivos del Registro Mercantil IV del área metropolitana.

En sus páginas consta- aún- que Miquilena y Carrero Nácar, este último a través de Racana NV, compañía off shore, radicada en Curazao, eran propietarios de la compañía, nacida doce años atrás como una empresa para asuntos de construcción.

La sorpresa contenida en el documento era que el interventor del Poder Judicial y constituyente, Manuel Quijada, así como el recién nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Franklin Arriechi aparecían, el primero como socio y el segundo como uno de los directores de la compañía.

Conocido que el expediente fue puesto bajo custodia, cada vez que Miquilena decía a los periodistas que había un acta en el Registro donde constaba la venta de las acciones, quienes tuvieron acceso al documento constitutivo sabían que era incierta la información. En el expediente nunca se asentó esa venta y todavía sigue sin ser registrada, aunque se ha de decir que el Código de Comercio no obliga a que se declare la venta de acciones en compañías anónimas.

El Proceso

Aquella tarde, 9 de febrero, el trabajo lucía interminable. Llamadas iban y venían y no se lograba una respuesta de parte de Miquilena, Quijada y Carrero, socios de Impresores Micabu, empresa que a la cual el Consejo Nacional Electoral otorgó un contrato en diciembre de 1999 para que imprimiera un millón de ejemplares del proyecto de Constitución Bolivariana que sería sometida a referendo.

El jefe de prensa de la extinta Cámara del Senado resistía los intentos del periodista Gerardo Reyes, de El Nuevo Herald, quien insistía en hablar con Miquilena para consultar su opinión acerca de lo que se acababa de detectar unas horas antes.

Por su parte Quijada, mantenía su celular con el sistema de mensajería copado y en las oficinas de Carrero Nácar sólo tomaban el mensaje. Una llamada a la ex sede del Consejo de la Judicatura donde se sabía que el interventor del Poder Judicial despachaba permitió dejar el recado con la información que se tenía a mano.

El reportero extranjero, practicando la doctrina de consultar a los afectados sobre una información el mismo día, no estaba consciente de que esta forma de actuar es poco común en Venezuela, por lo cual seguramente los involucrados estarían pensando que se trataba de una broma de mal gusto.

“ Estoy llamando porque tengo un documento que señala que una compañía de la que usted es dueño recibió un contrato del Consejo Nacional Electoral y quisiera saber qué piensa usted sobre esta situación” dijo Reyes a Miquilena luego de haberle indicado a su asesor de prensa suficientes datos de lo que se tenía.

Miquilena de entrada negó estar relacionado con el caso y atribuyó a una guerra en su contra la supuesta especie.

“ Es que a mi no me lo han dicho. Yo tengo la copia del expediente de Impresores Micabu y tengo un documento del CNE en donde se indica que a esta empresa se le asignó la responsabilidad de imprimir un millón de ejemplares del proyecto de Constitución y para ese momento usted era el presidente de la Constituyente”.

Entonces lo admitió, pero aclaró que antes de asumir el cargo de Ministro de Relaciones Interiores dejó la empresa. Cuando se le inquirió acerca de sí había algún documento donde constara la venta dijo que Carrero Nácar podría dar la información.

«Están ahí, hay una acta en el Registro, según la cual en enero yo renuncié a esa empresa y en los libros de accionistas debe aparecer la venta que hice de mis acciones» dijo Miquilena cuando los periodistas, una vez explotada la bomba, le consultaron sobre el asunto.

Carrero Nácar quien durante toda la tarde no había contestado la llamada esta vez si respondió. Aseguró que compró las acciones a Miquilena, un año y tres meses atrás, lo cual supone que fue en noviembre de 1998. Dijo que había pruebas, pero cuando se le pidió que las mostrará dijo que no tenía tiempo para hacerlo.

Por su parte Quijada devolvió al filo de la noche la llamada. Hubo risas cuando al aceptar que era dueño de las acciones, dijo que se las habían dado por una asesoría que había hecho y que ni siquiera se acordaba de eso porque no asistía a las reuniones de la compañía.

En el acta del 07 de enero- ultimo documento asentado en el Registro- Quijada fue representado Elizabeth González, quien también hizo lo propio con Racana N.V y Luis Miquilena Hernández.

El 12 de febrero, tres días después de haber admitido su propiedad, el ex constituyente recobró la memoria. Dijo a El Nacional, con un documento notariado fechado en julio de 1999, que fue accionista de Micabú C.A. hasta el 19 de marzo de 1999, cuando cedió a Racana NV su participación.

El magistrado Arriechi no fue consultado en el primer momento porque para la fecha en que fue otorgado el contrato aún no era juez. El luego recordó que fue designado vicepresidente del TSJ el pasado 22 de diciembre y aseguró que al día siguiente renunció a la directiva de Multinacional de Seguros.

Lo publicado en el Herald fue la yesca que encendió el escándalo entre dos grupos que una vez fueron hermanos del alma y que ahora enfrentan acusaciones por parte del Ministerio Público. La V República tiene en la presunta corrupción de sus hacedores su propio fantasma.

Preguntas al aire
Cabos sueltos
Aun después de ser conocido el informe de la Fiscalía, todavía quedan cabos sueltos o preguntas al aire que por ahora nadie logra contestar.

¿ Es Micabu una empresa fachada? ¿ Por qué en el CNE se aseguró que Impresores Micabu cumplía con las exigencias técnicas y de otro tipo para cumplir con el contrato? y luego se supo que subcontrató a otra compañía- La Razón- para que imprimiera los ejemplares, ganando 30 millones de bolívares haciendo las veces de intermediario?

¿Por qué Miquilena y Quijada no han desmentido a El Nuevo Herald aun cuando afirman todo lo contrario a lo declarado inicialmente en aquel diario? ¿ Qué permitió a Quijada recuperar la memoria, días después de haber admitido ser dueño de las acciones? ¿ Fue el presidente del Congresillo mal informado por sus allegados en relación con el acta supuestamente asentada en el Registro y que nunca fue encontrada?

¿ Por qué no fue registrada en el expediente de Impresores Micabu, el acta según la cual Miquilena vendió sus acciones el 20 de enero, pero si aparece una actuación del 07 de enero, trece días antes, que fue asentada en el expediente el 22 de febrero de 1999?

¿Por qué un organismo del Estado otorga un contrato de 90 millones de bolívares a una empresa que apenas tiene un capital de 500 mil bolívares?

Más allá de estas preguntas y muchas más, que quizás pueden ser respondidas, subyace la duda acerca de la ética de los exponentes del nuevo orden político, ya que hay una especie de círculo perverso que asoma un circuito donde socios en lo empresarial, amigos en lo personal y responsables de decisiones de Estado son las mismas personas.

Recuadro
Micabú: ¿De dónde saliste tu?

Impresores Micabú se conformó como tal en 1996, aunque ya había nacido casi diez años atrás como una firma de construcción, con otro nombre, creada por Luis Miquilena y un ciudadano llamado Alí Muñoz. El capital social de la compañía no fue afectado por la inflación ya que se ha mantenido, desde su nacimiento, en 500 mil bolívares.

De acuerdo con un documento interno del CNE, la empresa cumplía con las exigencias técnicas para imprimir a toda prisa una parte de los ocho millones de ejemplares del proyecto de constitución bolivariana que debía ser distribuido por todo el país. Sin embargo, la compañía tenía la rotativa dañada y subcontrató la imprenta de La Razón porque la premura obligaba a cumplir el compromiso.

Micabú llegó al CNE a través de Carlos Bujanda, el accionista minoritario, quien fungió como asesor del ente para el proceso comicial constituyente. Para el momento de la adjudicación del contrato ( noviembre de 1999) Sonia Miquilena, hija del presidente del Congresillo, era representante del Movimiento V República ante el organismo comicial. No hay evidencias de que la dirigente emeverrista haya influído en la toma de decisión de la comisión que por aquellos días presidía Juvencio Pulgar, pero tampoco se puede afirmar que desconociera el asunto, sobre todo porque los partidos políticos, para aquel momento, tenían derecho a asistir a las sesiones del cuerpo y contaban con voz aunque no con voto.

Se infiere que el nombre de la compañía fue conformado por las iniciales de sus socios: Mi-quilena, Ca-rrero, Bu-janda, lo que al parecer también fue seguido en el caso de Racana N.V. que leído al revés- quitando la primera a- es Nacar, segundo apellido del presidente de Multinacional de Seguros.

El acta constitutiva, reformada el 07 de enero de 1999 indica que: «El capital social es de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo) dividido en quinientas acciones nominativas con un valor nominal de un mil bolívares (Bs. 1.000) totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: Racana NV es propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones; Luis Miquilena Hernández es propietario de ciento setenta y cinco (175) acciones; Manuel Quijada es propietario de cincuenta (50) acciones y Carlos Bujanda, es propietario de veinticinco (25) acciones».

Las autoridades deberán determinar, entre otras cosas, por qué el CNE, que debió recibir el acta constitutiva de la empresa cuando concursó para el contrato, le adjudicó esa responsabilidad a una firma, que según los papeles, era propiedad de presidente en funciones de la ANC.