Opinión Nacional

Mitología encapuchada

No es casual que, las manifestaciones estudiantiles en todo el país, se hayan realizado pacíficamente hasta el momento en que lograban su objetivo de llegar frente a edificios gubernamentales y a partir de allí, unas brigadas preparadas, entrenadas, equipadas y con la firme determinación de darle un contenido violento a la manifestación, entraban a jugar su rol de «mercenarios de la violencia».

El problema no es el uso de la violencia estudiantil a la cual estamos ya acostumbrados desde 1958. No, no se trata del repetitivo accionar violento de un grupo de estudiantes radicalizados, aprovechando una genuina manifestación de protesta. En su origen, luego de las refriegas estudiantiles contra las brigadas antimotines de la policía y la GN, donde sobraban gases lacrimógenos de distintas calidades, perdigones de goma, ballenas colorantes de los uniformes de los estudiantes, bastonazos, etc.; incluyendo las piedras, botellas, chinazos y una que otra molotov mal preparada por algunos manifestantes; las partes se retiraban y al día siguiente de nuevo a las aulas a comentar los encuentros, a visitar a los heridos y a los presos y en el peor de los casos asistir al entierro de algún compañero muerto, lo que obligaba al día siguiente a nuevas manifestaciones y nuevas confrontaciones con los aparatos policiales.

Así han transcurrido 56 años de luchas estudiantiles y siempre, por supuesto, contra los gobiernos de turno. No hay ninguna sorpresa en tales movilizaciones. Ellas tienen su propio ritmo, su singular cadencia, su ir y venir. Incluso están cronológicamente determinadas. Durante las vacaciones que, en Venezuela sobran y, durante el periodo de los exámenes, no hay manifestaciones masivas posibles. Además, siempre los políticos de turno han afirmado: «los estudiantes no tumban gobierno». Por lo tanto, políticamente no había de que preocuparse. Le hacen la vida ingrata a los políticos y les ensucian un poco más las calles a los alcaldes pero, no logran sustituir a los gobernantes. Así había sido hasta este 12 de febrero de 2014.

¿Qué ha sucedido en el entorno de los movimientos sociales entre ellos los estudiantiles para que, por primera vez «actores extremistas», mezclados con manifestaciones estudiantiles, mantengan un sostenido esfuerzo de «combate» contra la policía, la GN y cuerpos de seguridad del estado en todo el país? En la madruga del 15 de febrero, vi en la red un mensaje enviado desde ciudad bolívar, donde la GN solicitaba a los manifestantes retirarse de las calles. Eran las 2 y 45 de la madrugada. Este tipo de resistencia civil nunca había sido vista en Venezuela. Desde el Táchira hasta Bolívar, pasando por Margarita, Monagas, Miranda, Aragua, Carabobo, Mérida, Anzoátegui, Zulia, etc., como un reguero de pólvora «grupos de agitadores» entrenados y preparados para tal fin se dedicaron a quemar cauchos, basura, cajas, todo lo inflamable para con el fuego avivar las esperanzas de una salida «ya», «ahora», «rápida» del gobierno “comunista», «cubano» y “dictatorial” de Nicolás Maduro.

Esta nueva forma de lucha civil, «calentar la calle», permanecer en ella hasta que salga el gobierno, supone contar con recursos financieros, informáticos, técnicos y políticos que solo grupos previamente organizados pueden contar con la capacidad de acción permanente necesaria para mantenerse indefinidamente en la calle. A mi juicio, el sistema político venezolano se encuentra ante una forma inédita de combate cívico, con el objetivo declarado de tumbar un gobierno. Tal propósito es posible «si solo si» logra la movilización hacia la calle de la «mayoría de ciudadanos desarmados» en forma permanente y contar con un segmento de la elite militar; hasta la creación de una crisis de gobernabilidad insostenible por los gobernante que ceda el paso a un gobierno de transición hasta la convocatoria de una constituyente; la consiguiente reforma constitucional y elecciones de todos los cuerpos deliberantes y de la estructura ejecutiva de alcaldes, gobernadores y el presidente. Tal estrategia tendría la probabilidad de ganar si los cinco millones de votantes chavista dejan de hacerlo, de lo contrario sería tiempo perdido porque la «marea roja» los arroparía.

Tal estrategia se basa, en parte en la experiencia previa al 11 de abril del 2002, dejando de lado que tal experiencia, relativamente exitosa, contaba con medios de comunicación sustitutos de la función de los partidos políticos y sobre todo con una parte de la elite militar. Hoy la oposición no cuenta ni con una ni con otra cosa y la clase media, siempre temerosa, en vista de los constantes fracasos electorales y no electorales en la cual la han comprometido los dirigentes opositores, ha asumido el rol de espectador. Y para colmo de males, en las actuales circunstancias políticas, la oposición se encuentra en franco proceso de redefinición de sus opciones estratégicas y de determinación de sus liderazgos, en consecuencia se encuentran fuera del escenario. El espacio público donde se realiza la política, no podía quedar vacío, sobre todo en momentos de una profunda crisis de abastecimiento e hiperinflación la cual ha creado una situación jamás vista en Venezuela: interminables colas de personas en los abastos y superabastos del país y los sectores radicales de la oposición estimulados por intereses foráneos, están intentando coparlo por la acción de los encapuchados, a fin de desestabilizar al gobierno, crear una crisis de gernabilidad y pedir su renuncia o sustitución. ¿Quiénes se ocultan detrás de esta capucha, a partir del 12 de febrero? Una jugada política torpe donde nuevamente saldrá derrotada la oposición en su variante radica. De nuevo “la enfermedad infantil” del radicalismo ahora conservador.

Otro elemento, persistente en situaciones de agudización de la confrontación política venezolana, el entorno extra societal objeto de evaluación, ha sido la inmediata reacción, propia de estos tiempos globalizadores, de voceros de los centros principales del poder mundial. El de los Estados Unidos, la OEA e incluso las Naciones Unidas quienes, han alertado al planeta sobre la necesidad de aclarar la pérdida de vida en las manifestaciones, llamando a respetar los derechos humanos. ¿Bajo cual artículo de la carta de las Naciones Unidas, un vocero de esa organización mundial está autorizado para velar por los derechos humanos de los manifestantes al interior de uno de los países firmantes de la carta? ¿Desde cuándo los presos, heridos y muertos en manifestaciones al interior de un país pueden ser considerados una amenaza a la paz y la seguridad internacional, único argumento de la Carta de Naciones Unidas a partir del cual se disparan los mecanismos de intervención de los cascos azules?

De ser así, la ONU tendría que estar constantemente declarando sobre el «respeto de los derechos humanos» y amenazando con enviar cascos azules a todos los países integrantes de la Asamblea General, porque en todos absolutamente todos, se producen manifestaciones de toda naturaleza y en muchos casos hay presos, heridos y muertos; y no estamos enterados de tal actividad de vigilancia planetaria por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la razón por la cual en el caso de Venezuela, se producen aceleradamente tales pronunciamientos antes de que el gobierno haga las averiguaciones e informes correspondientes? Los pronunciamientos tempranos y acelerados por parte de voceros norteamericanos son comprensibles, en vista de su estrategia en negociar sus intereses petroleros, gasíferos, acuíferos y demás recursos naturales con un gobierno «amigo» de los EE.U y a todas luces el gobierno de Nicolás Maduro no lo es. Pero, no es el caso de la OEA y mucho menos de la ONU. En el mundo de la diplomacia, no se dan puntadas sin dedal, tales declaraciones son mensajes claros de que algo se encuentra en proceso en los organismos internacionales en relación al gobierno Venezolano.

Las acciones continúan y continuarán alimentadas por «el trabajo » de los agitadores de turno y la movilización de los estudiantes quienes progresivamente irán regresando a sus quehaceres domésticos: los estudios y los exámenes; a la espera del traslado de «las innumerables colas en los abastos y supermercados» hacia las calles donde los esperan ansiosamente «los trabajadores de la violencia planificada», armados de celulares inteligentes, los PIN de los BB y las tabletas electrónicas, a fin de comunicar en milésimas de segundos la buena nueva de la transformación de los supermercados en nutrientes de combatientes anticomunistas por la libertad y el libre mercado. La nueva mitología encapuchada opositora, amenaza con copar los espacios públicos. El gobierno, constitucionalmente tiene el monopolio legítimo de la fuerza, razón por la cual es al gobierno al que le corresponde mantener el orden público, evitando así que la violencia regrese a los ciudadanos y éstos diriman sus diferencias utilizando la letalidad y el poder destructivo que dan las armas de guerra diseminadas entre ciudadanos ahora armados.

 

 

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