¿Nuevo Estado Docente Bolivariano?
El tema de fondo en la discusión de la Ley Orgánica de Educación es su adecuación o no al espíritu de la Constitución. Cualquier ley debe desarrollar el texto constitucional. No debe, en cambio, contradecirlo. Sin embargo, ello ocurre con la visión del “Estado Docente” presente en el proyecto presentado por el Diputado Acuña, inspirándose en las propuestas del Ministro Istúriz. Esto es muy extraño pues ambos fueron miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y deben ser, por tanto, celosos defensores del espíritu constitucional.
Explico. Cuando escuchábamos durante estos años a Istúriz hablar del “nuevo Estado Docente Bolivariano” entendíamos que iba a modificarse el cerrado y centralista concepto de “Estado Docente” que los legisladores copeyanos y adecos habían plasmado en la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1980. El artículo 2 de ella define a la educación como “función primordial e indeclinable del Estado, así como derecho permanente e irrenunciable de la persona”. Más claro, agua. Solo dos elementos integran esa fórmula, Estado e individuo. Se soslayan las organizaciones sociales, no existen la familia, las organizaciones magisteriales, las comunidades educativas. En ese modelo, propio de la democracia representativa, el Estado es entendido, en el artículo 107, como el Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Educación. Ese Ministerio tiene atribuidas diecisiete competencias, sin ninguna mención a los estados, los municipios, las familias, las comunidades educativas. Esto es estadodocentismo en su versión centralista.
Lo sorprendente es que en el proyecto Acuña-Istúriz lo que se hace es aumentar los poderes y atribuciones en educación del Estado central, a través de los dos ministerios respectivos. ¿Dónde está, es el reclamo que hacemos, la democracia participativa, la descentralización y el protagonismo de los ciudadanos y sus organizaciones? Léase el artículo 6 del proyecto Acuña-Istúriz y se verá que el Estado que se nos dibuja no es nuevo, sino viejísimo, es el Estado-Gobierno Nacional, es el Estado reducido a los dos ministerios del caso, repotenciados en solitario con todas las atribuciones que ya tienen y muchas más.
La crítica que formulo es que la Constitución establece que somos un Estado “federal y descentralizado”, lo cual niega este proyecto centralista. También obliga la Constitución, en su artículo 62, a garantizar “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública”, lo cual en modo alguno figura en este proyecto. Mi exigencia es que se establezcan en la Ley los criterios mediante los cuales los ciudadanos haremos la cogestión educativa, los medios mediante los cuales ejerceremos la corresponsabilidad social, las vías a través de las cuales realizaremos la contraloría social. Todo ello brilla por su ausencia en el proyecto Acuña-Istúriz.
Insisto, critico al proyecto por ser regresivo con respecto a la Constitución. Al exagerar la hiperconcentración de atribuciones en un Estado centralista omnipotente, parece irse hacia atrás, a los tiempos de la democracia representativa y, más aún, a los tiempos gomecistas. El “nuevo Estado Docente Bolivariano” debe ser el que redistribuye el poder hacia los ciudadanos, el que limita las atribuciones omnímodas de los funcionarios estatales, porque en la democracia participativa el Estado somos todos.
