¿Nuevos actores y viejos procedimientos?
Con el gran desastre de las lluvias y en medio de la magna tragedia nacional, la emergencia, tardíamente decretada, no sólo puso al descubierto la nueva realidad de incuantificables pérdidas humanas y daños materiales, sino el surgimiento, de improviso, de los nuevos titulares de los órganos más importantes que comparten con el Ejecutivo Nacional la conducción del Estado.
La discusión que ha surgido se ha centrado en la legalidad o ilegalidad de las designaciones, bajo el amparo de la vieja Constitución, cuya vida artificial se mantuvo, para que sirviera de aparente fundamento a las subrepticias actuaciones decretadas.
A mi juicio, sin embargo, el problema no es ese. No estamos para «exquisiteces jurídicas» o «leguleyismos», categoría que sirve ahora para denominar lo recto, el «ius» o lo apegado a derecho. Simplemente, se trata de reclamar el mínimo respeto a lo que se llama «participación», «consulta», «procedimientos transparentes», en oposición a la voluntad omnímoda de quien ejerce el poder o tiene la fuerza.
Precisamente, todos coincidimos en la protesta airada contra el viejo régimen de partidos, cuyos máximos líderes -léase Gonzalo Barrios y Rafael Caldera- a su leal saber y entender, escogían a los más altos funcionarios públicos, excluyendo a todos los que no fuesen afectos al status.
Pero, resulta que ahora, los magistrados del flamante Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, la defensora del pueblo, los miembros del Congreso provisional y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, todos -sin excepción- han sido designados «a dedo», al margen de cualquier consulta conocida y sin procedimiento alguno público que pusiese de manifiesto el más mínimo respeto por la entelequia del «soberano».
Lo anterior no significa que todos los escogidos carezcan de méritos. Algunos los tienen -y sobrados- como en el caso de Dilia Parra, Javier Elechiguerra, Levis Ignacio Zerpa, Juan Perdomo, Jesús Cabrera o José Peña Solís, para citar algunos nombres nuevos; otros carecen por completo de credenciales, al menos, en relación a los cargos por desempeñar; pero ninguno fue postulado públicamente, ni se dio oportunidad a la sociedad civil para expresar su opinión, su aceptación o sus objeciones.
A mi juicio, esta situación reviste suma gravedad ya que, manu militari, se hizo la provisión de los cargos más importantes del Estado venezolano, dejando de lado el desiderátum de una «sociedad democrática, participativa y protagónica» enunciado en el preámbulo de la novísima Constitución, víctima violada, antes de su lluvioso parto.
Los males del pasado, no se remedian con otros males; los abusos del pasado no se corrigen con nuevos abusos.
Esta hora de cambios exige mucho más que la aparición de nuevos actores con los mismos vicios que hemos apadrinado por años. Tampoco se trata de llenar fórmulas protocolares, exhibir nombres originales o hacer pomposas declaraciones de principios.
Sencillamente, es el momento de los testimonios, de las vivencias, de los ejemplos que arrastran, dejando atrás las palabras que vuelan: verba volant, exempla trahunt.
