Otro frente para la participación ciudadana
El ámbito local ha cobrado una singular relevancia en estos días. Por una parte, los partidos políticos y las organizaciones cívicas realizaron ante el Consejo Nacional Electoral el proceso de postulación de sus candidatos a las Juntas Parroquiales y los Concejos Municipales de todo el país. Y por la otra, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con un largo tiempo en mora. Estos eventos en lo inmediato redefinirán las relaciones entre la ciudadanía y el Estado venezolano en su parte más cercana. Aquella que afecta nuestra calidad de vida, en los barrios y caseríos y, en las urbanizaciones y ciudades.
Las elecciones municipales
Los procesos electorales locales siempre han sufrido de un amplio cuestionamiento y una amplia abstención. Y es que la población se encuentra profundamente insatisfecha con el pobre rendimiento de la gestión de alcaldes y concejales. El pueblo no cree en ellos y, por eso no vota. Esta situación es lamentable porque las elecciones municipales son el espacio natural para la participación de los líderes comunitarios, con o sin el apoyo de los partidos políticos.
Institucionalmente, el proceso de postulaciones a las elecciones municipales trajo consigo una serie de innovaciones y peripecias. Una de ellas muy saludable, fue la incorporación de la estricta igualdad de género en las postulaciones para los casi 6 mil cargos públicos en disputa. Otra nota feliz, fue la introducción de unos “cuadernos electorales electrónicos” que no fueron muy bien recibidos por la oposición, en atención a los serios cuestionamientos que le formulan a la calidad de la objetividad, la imparcialidad y la transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las fuerzas políticas dieron su aporte también. Por ejemplo, el oficialista Movimiento Quinta República (MVR), ensayó el pasado 10 de Abril, un proceso de primarias directas para la elección de sus candidatos municipales. El resultado de estas primarias no fue el mejor para el MVR. Ante la opinión pública se consolidó una percepción de “rotunda ineficacia y arreglos copulares” y en amplios sectores de su propia militancia quedó un sabor amargo y de frustración. Incluso en el estado Zulia, las fuerzas oficialistas no pudieron inscribir candidaturas en aproximadamente ocho municipalidades. Todo un fracaso. Para rematar, el resto de los componentes de la alianza oficialista PPT, PODEMOS, y UPV entre otros, lucieron débiles y dispersos o sólo unidos por la necesidad estratégica de ser incluidos en las listas del MVR.
En el campo de la oposición, de igual manera, existe fraccionamiento y dispersión. Este evento reavivó el debate entre quienes propugnan la abstención como estrategia política y aquellos sectores que se anotan en la opción de participar en los diferentes procesos electorales venideros. La dirigencia abstencionista considera que las elecciones suponen “convalidar” al actual gobierno de turno. Además para estos líderes, lo único importante, es llamar la atención de la comunidad internacional, por encima de ganarse un espacio político con su propio esfuerzo, en las comunidades, en los barrios y en los caseríos del país. Aparte del abstencionismo, existe un otro sector de la oposición que sí va a participar en los comicios municipales. Sólo que este segmento opositor va dividido (salvo contadas excepciones) en distintos bloques y, a menudo sin considerar los auténticos liderazgos naturales de las comunidades.
La nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Después de una larga mora, la Asamblea Nacional terminó por aprobar el nuevo marco legal que desarrollará los preceptos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el ámbito municipal. Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se sustituye a la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM) en su versión de 1984 y a otras reglamentaciones referidas por ejemplo, a las organizaciones vecinales. Y aunque este nuevo instrumento jurídico ni siquiera ha sido publicado en la Gaceta Oficial, ha creado una gran expectativa en atención a los múltiples mecanismos de participación ciudadana que ha formalizado. Por lo tanto, merece algunos breves comentarios iniciales.
En la nueva LOPPM, la responsabilidad de planificación municipal es expresamente compartida entre la Alcaldía y la sociedad civil; mediante la gestión del Consejo Local de Planificación Pública. Esta novísima instancia de participación ciudadana está contemplada en la Constitución de 1999 y fue desarrollada a través de su propia ley; a partir del año 2002. Ahora obtiene un mayor peso institucional por ser receptora de los proyectos e iniciativas provenientes de las comunidades y con ingerencia directa en el Plan de Inversión Pública. Esta cualidad está en perfecta coherencia con el articulado de la Ley Orgánica de Planificación (LOP) de 2001, que determina la participación social en la elaboración, ejecución y control de los planes gubernamentales.
Además la nueva LOPPM exige (en concordancia con la LOP) al Alcalde, la elaboración y presentación ante la comunidad del Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué les parece? Por si fuera poco la Cámara Municipal se encuentra ahora en la estricta e ineludible obligación de realizar procesos de consulta pública en la elaboración de cada ordenanza municipal. Por cierto, que este aspecto está directamente relacionado con los preceptos participativos contenidos en la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP).
Un tema relativamente polémico lo constituye la eliminación del monopolio que tenían las Asociaciones de Vecinos, como únicos representantes de las iniciativas comunitarias. Y en efecto, con esta Ley esa cualidad cambió y quedó superada. De ahora en adelante, existen múltiples canales de participación comunitaria (Cabildos, Audiencias Públicas, Asambleas de Ciudadanos, Iniciativas Populares, Medios de Comunicación Comunitarios; entre otros), sin perjuicio de la actividad de las Asociaciones de Vecinos. En todo caso, se plantea el reto formidable para la dirigencia comunitaria y vecinal de adaptarse a las nuevas exigencias de participación de la Venezuela actual. Aquellos liderazgos débiles y poco representativos, sin duda alguna sucumbirán, ante la necesaria renovación que está planteada en Venezuela en todos sus órdenes, incluyendo a ese liderazgo de la denominada sociedad civil.
También la aplicación de la LOPPM implica un desafío titánico para las instituciones gubernamentales locales y su componente humano. De todos es conocido la extrema debilidad de las agencias ejecutivas y legislativas municipales; tanto en su procesos administrativos como en la ejecución de las políticas públicas. El nuevo poder público municipal requerirá de un salto cualitativo de sus gerentes y de sus legisladores. Y en ese salto cualitativo, el aspecto ético y la revalorización el servicio civil son definitivamente trascendentes e inaplazables.
