Poder enfermo

Edmund Burke (1729 –1797), escritor y político irlandés.

Ahora en ausencia presidencial, el país encara una campaña electoral con un candidato virtual y una lucha a cuchillo por la sucesión al poder. La puja por la herencia y las noticias sobre la salud del paciente no deben distraer de una cuestión medular, enorme, horrenda y es que por primera vez en más de 13 años, el Presidente es denunciado por uno de los suyos y acusado junto a su gobierno, de torcerle el brazo a la justicia para lograr sus cometidos políticos.

Las declaraciones públicas del ex Magistrado del TSJ, Coronel (R) Eladio Ramón Aponte Aponte, en las cuales pone al desnudo la corrupción judicial y la presión del Ejecutivo para que los jueces tomen las decisiones que políticamente convienen al régimen, no pueden pasar por debajo de la mesa ni ser ocultadas por ningún trapo rojo.

¿Que Chávez está enfermo? Sí, pero María de Lourdes Afiuni también lo está y tuvo que esperar dos años para que la atendieran sus médicos de confianza, cuando ya su tumor en el seno ha tomado cuerpo.

¿Que desenterraron un Consejo de Estado? Está bien, pero por eso no hay que posponer la revisión del caso del Comisario José Sánchez “Mazuco”, ya que según el ex Magistrado, su expediente habría sido manipulado (“bueno, el caso fue más o menos un caso que buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro”). Aponte dijo incluso que la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le habría solicitado que “avalara” esa situación.

¿Que se están cayendo a dentelladas por la sucesión? Ese es un problema interno de ellos, pero esto no puede tener prioridad ante la necesaria revisión de los expedientes de los presos políticos. Según Aponte, en el caso de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y de los policías Metropolitanos, “la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios… la orden viene de la presidencia para abajo, no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente… ¿Cuál fue la posición de la sala penal? Convalidar todo lo que venía hecho, eso en pocas palabras es, aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia ahí, les dio la espalda…”.

La confesión del ex Magistrado, que evidentemente trata de salvar su pellejo a costa de este acto riesgoso de sinceridad, cuenta de las órdenes dadas desde lo más alto del poder para que se busquen jueces que sentencien cárcel a los enemigos políticos, que levanten falsos casos, jueces que sean complacientes con el proceso y a cambio de eso ascender sin méritos a poderosas magistraturas. También el ex miembro del TSJ dice que participó en la remoción de jueces que se negaban a ir contra la ley para complacer al régimen. Parece el guión de una película de canallas y corruptos, donde jueces venales privan de libertad, imputan y condenan a inocentes.

El Frente Nacional de Abogados ha solicitado ya a la Inspectoría General de Tribunales y al Tribunal Disciplinario de la Magistratura que inicie una averiguación disciplinaria de los jueces Fabiola Vezga y Deyanira Nieves (Caso José Sánchez “Mazuco”), Leivys Azuaje (caso María Lourdes Afiuni, Julio César Rivas y otros), (Caso Danilo Anderson), Ali Paredes (también caso Afiuni), Shellys Yadira Bravo, Álvaro Lozada, Lenin Fernández (caso de Franklin Brito), Rubén Darío Garcilazo (vinculado al caso de la finca Daktari), Marjorie Calderón (caso Comisarios y Policías Metropolitanos), Rafael Osío (caso Álvarez Paz), Luis Ramón Cabrera Araujo, Florencio Silano, Rita Hernández Tineo, Jesús Orangel, Samir Richiani (todos del caso Anderson), algunos de ellos estrechamente vinculados al ex Magistrado Aponte, y quienes conocieron de las causas de aquellos que, debido al ensañamiento en su contra y de las violaciones a sus derechos, son sin duda alguna, presos políticos de este gobierno. También piden la reapertura de los expedientes y la nulidad absoluta de los juicios contra la Juez María Lourdes Afiuni, al diputado Biagio Pilieri y al Ingeniero Alejandro Peña Esclusa.

Esta escandalosa situación de manipular la justicia para complacer las ansias de venganza, de intimidación, la vileza de un gobierno que no admite oposición y usa las armas del Estado para acabar con toda resistencia, no puede pasar impune.

Es mucho pedir que un gobierno que privilegia la injusticia como método de sometimiento, recule ante la enormidad de las denuncias de Aponte Aponte, tomadas como ciertas por los venezolanos que saben como menea el chocolate el chavismo.

Pero que no haya justicia en estos momentos de iniquidad no significa que no la habrá nunca. Todos esos expedientes serán revisados para revertir imputaciones y que paguen cárcel quienes se vendieron ensuciando el Poder Judicial.

Que sigan ondeando trapos rojos, inventando Consejos, batallones de campaña y cuanta noticia intente tapar la desnudez de la horrenda verdad judicial. Llegará el día en que la sed de justicia, que no de venganza, impere y sean castigados quienes han convertido a la Ley en el brazo armado de una revolución de pacotilla, que ya tiene sus días contados.

AQUÍ ENTRE NOS

*La capacidad de asombro es ilimitada ante el servilismo y la bajeza moral de ciertos personajes que solo pueden ascender trepando por un mecate. La petición del grupo chavista del Consejo Legislativo Regional de una investigación a Notitarde por supuestos vínculos con el grupo Makled, es no sólo de una ignorancia propia de a quienes sólo los guía la mala intención, sino de una estupidez que de ahora en adelante llevara el apellido de esos diputados regionales. Es evidente que estos señores solo tratan de hacerle la comparsa a sus jefes de Caracas, quienes quieren esconder los denunciados vínculos de los más pesados jerarcas con el delito organizado denunciando a quienes los denuncian. Caso Notitarde.

* Los diputados que quieren investigar a Notitarde, han debido comenzar por preguntar lo que es un contrato publicitario en un medio de comunicación. Para ilustrarlos: es un contrato entre el medio de comunicación y el anunciante donde se establece el período de publicación y su costo; el anunciante debe tener un RIF, única condición legal para publicar su aviso, aparte de por supuesto, no anunciar productos o servicios prohibidos por la ley. El señor Aldalá Makled contrató con esta casa editorial una pauta publicitaria que culminaba el día 20 de noviembre de 2008, el ciudadano tenía un RIF legal, no estaba siendo juzgado, era candidato inscrito y aceptado por el CNE para optar por la Alcaldía de Valencia.

* O sea, los señores diputados están pidiendo la investigación de un contrato publicitario que cumplió con todos los términos comerciales, legales y contractuales. La aviesa intención de ver ilegalidades o delitos habría que encaminárselas a los señores diputados. Por lo tanto, les recomiendo que pidan a la Fiscalía investigar al CNE, que aceptó al señor Makled como candidato y también al Seniat, que le dio el RIF y recibió los impuestos correspondientes a la actividad publicitaria, a ver si encuentran la conexión delictiva que están buscando.

* Esta casa editorial ha tenido una grave pérdida, justamente por su conducta diametralmente opuesta al delito, especialmente con el que los señores diputados intentan involucrarnos. Orel Sambrano, nuestro compañero, amigo, colega, dejó su vida en una calle de Valencia en el fragor de esta lucha y de ninguna manera en Notitarde permitiremos ni la menor sospecha hacia la actitud transparente, apegada a la ley, a la decencia, a la ética, que siempre nos ha caracterizado. Me permito hablar con todo el conocimiento de causa que me dan los 20 años de actividad periodística cumplidos dentro de este gran periódico.