Opinión Nacional

Poderes contra la corrupción

De materializarse la solicitud de Poderes extraordinarios para que el Presidente de la República pueda combatir la corrupción administrativa, no sólo estaríamos en presencia de una nueva farsa para engañar incautos, sino también ante un inmoral procedimiento para sobornar algún diputado de la oposición para completar el número requerido para otorgar esos poderes al jefe del gobierno.

Una nueva farsa porque para combatir la corrupción no se necesita otorgarle más poderes al Presidente, sino cumplir con lo que establece la Constitución Nacional Bolivariana en esa materia, que la Asamblea Nacional controle a los altos funcionarios que deben rendir cuentas de su trabajo y no lo hacen. Si hay voluntad política para investigar a quienes manejan los dineros de la nación, se puede adecentar la Administración Pública; si la Contraloría General de la República cumple con los deberes que la otorga la Carta Magna y la Fiscalía imputa a todos aquellos funcionarios públicos que han sido denunciados con pruebas evidentes de cometer delitos contra la cosa pública. Si los Poderes Públicos actúan con independencia del Poder Ejecutivo, el Presidente se vería obligado a destituir y poner a la orden de la tribunales a muchos funcionarios que hoy gozan de su protección.

En síntesis, en lo relacionado con este aspecto no es necesario que el Presidente tenga más poderes, sino que cumpla sus funciones y permita que los demás Poderes también lo hagan.

Y en cuanto al aspecto inmoral que se refiere a sobornar diputados para constituir mayorías, es algo que no sólo niega los valores éticos y legales que debe practicar todo gobernante honesto, sino que también niega el carácter bolivariano del gobierno, porque Simón Bolívar legisló para aplicar a los corruptos hasta la pena capital. De allí que no es exagerado concluir podríamos estar en presencia de una nueva farsa política del régimen, sino que además se pretende ocultar el debate sobre el alto costo de la vida, la inseguridad, el desempleo, el abandono de los hospitales y en general la escasez de alimentos y el pésimo funcionamiento de los servicios públicos.

Incluso podríamos estar en las puertas de una arremetida contra la oposición de la manera más cínica conocida en la historia política venezolana, cuando se hace aprobar una Ley para Combatir la Corrupción, después de 14 años de gobierno, durante los cuales altos representantes de la Administración Pública han sido acusados de cometer delitos contra el Tesoro Nacional, y han conformado una nueva élite económica llamada bolibirguesía. Basta citar sólo algunas denuncias genéricas formuladas por el Ministro Giordani y la ex Presidenta del Banco Central Edmée Betancourt, acerca de allegados al gobierno que defalcaron a CADIVI por más de 20.000 millones de dólares, solicitando dólares preferenciales para empresas fantasmas o empresas de maletín. Frente a estas denuncias el Presidente de la República no dicho absolutamente nada, como tampoco la Contraloría ni la Fiscalía General de la República.

Todo parece indicar que la solicitud de esa Ley para Combatir la Corrupción pudiera tener otro objetivo, además de perseguir a la oposición, chantajear a los grandes corruptos del PSUV, para que no se opongan a las decisiones que el Jefe del Gobierno, Nicolás Maduro, toma a dedo para controlar ese Partido que está en manos de Diosdado Cabello.

A las denuncias que existen engavetadas en la Fiscalía General de la República, podrían agregar las investigaciones que organismos internacionales realizan para perseguir el narcotráfico y se han encontrado con grandes fortunas de altos funcionarios venezolanos civiles y militares, que han sido confiscadas hasta que no justifiquen el origen de las mismas, porque se sospecha que son producto de la corrupción administrativa, delito que no prescribe. A algunos de esos delincuentes les han eliminado la visa para ingresar a los Estados Unidos, quienes en su defensa han contestado que el imperialismo quiere acabar con la ¨revolución¨. De allí que ya no es posible engañar a nadie con falsas posturas frente a la corrupción, porque los delincuentes contra la cosa pública, que están en el gobierno y no en la oposición como sucede en todos los países en la cuales se roba a la nación, son detectado a escala nacional e internacional.

 

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