Principal dirigente oficialista regresa al gobierno
El gobierno de Venezuela dará prioridad a la lucha contra la inseguridad con el regreso al Ministerio del Interior del principal dirigente del partido oficialista, mientras algunos sectores insisten en que la magnitud del problema exige la declaración del estado de emergencia.
El presidente Hugo Chávez confirmó el domingo el retorno al gobierno como ministro del Interior y Justicia de Luis Miquilena, un veterano político y portavoz del oficialista Movimiento V República, la principal fuerza del «Polo Patriótico», la alianza que respalda al mandatario.
Miquilena estuvo al frente del Ministerio del Interior y Justicia en los primeros meses del gobierno de Chávez, que se inició en febrero de 1999 y luego presidió la Asamblea Nacional Constituyente y un parlamento transitorio, en medio de los intensos cambios políticos de los últimos dos años.
Con el regreso de Miquilena al gobierno se le dará prioridad al tema de la inseguridad ciudadana, según los analistas, y tácitamente se admite el fracaso del ministro saliente Luis Alfonso Dávila, un ex militar muy cercano a Chávez que ahora ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Miquilena anunció la adopción de medidas preventivas, porque la delincuencia «tiene una relación directa con la necesidad de abatir la pobreza, que es el caldo de cultivo de la situación anormal que está viviendo» la sociedad venezolana.
«Hay que atacar la base económica de la inseguridad», una de las tres principales preocupaciones de los venezolanos según las encuestas, afirmó el ministro, aunque subrayó que también se recurrirá en forma simultánea a la represión.
«Debe recordarse que la política de represión ha fracasado ampliamente en Venezuela», dijo a IPS Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, una de las principales organizaciones defensoras de los derechos humano.
«El año pasado se produjeron 7.000 asesinatos y muchas muertes en enfrentamientos con los cuerpos policiales no han sido suficientemente aclaradas», añadió la activista.
«El país podría desembocar en una situación verdaderamente crítica y difícil si no logramos abatir esta insurgencia del mundo hamponil y de la inseguridad ciudadana», indicó Miquilena, en tanto Dávila aseguró que deja «encaminada una política de seguridad ciudadana».
Sin embargo, Ortega manifestó que debe dictarse de inmediato «una política de seguridad ciudadana que lo abarque todo, no sólo lo policial», que comprenda el respeto de los derechos humanos, «que se han presentado en la última década como contrarios a la lucha contra la delincuencia».
Por otra parte, algunos sectores insisten en la necesidad de declarar el estado de emergencia para enfrentar la inseguridad. En este sentido, la ex Defensora del Pueblo, Dilia Parra, consideró que la gravedad de la situación requiere una estrategia urgente de las autoridades.
El diputado oficialista Carlos Tablante, presidente de la subcomisión de Justicia de la Asamblea Nacional (parlamento), reclamó al gobierno que declare un estado de emergencia debido a la gran cantidad de muertes que ocurren los fines de semana y las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos represivos.
Este fin de semana, por ejemplo, se cometieron más de 60 homicidios en el país, de los cuales una tercera parte tuvieron como escenario los barrios más pobres de Caracas.
Pero Ortega consideró la figura de la emergencia, prevista en la Constitución para situaciones muy específicas, no es viable para enfrentar un problema como la inseguridad, que requiere acciones a largo plazo.
Más del 42 por ciento de la población afirma que el principal problema del país es la inseguridad, según una encuesta nacional de la empresa Datanálisis.
El diputado Julio Borges, del partido opositor Primero Justicia, comentó que «más que el cambio de un ministro por otro, la ciudadanía lo que esta esperando son acciones oficiales de peso contra la inseguridad».
«En todos los barrios (pobres) la gente anda armada», afirmó Tablante, quien señaló que existen 150.000 armas ilegales en manos de la población.
