Opinión Nacional

Pronunciamiento Presidentes de las Academias

DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.

 

 

En la presentación de sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre de este año, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases  ins­titucionales de la democracia, propia del Estado de Derecho que para nuestro país postula la Constitución vigente, y sobre los efectos  negativos de la infla­ción y del deterioro de la salud pública, sobre la pérdida de la enseñanza de la historia, así como sobre los límites de la investigación científica y la falta de planificación y ejecución de un desarrollo sostenible.  

 

Hoy, ante la  sanción de leyes que violan derechos constitucionales de natura­leza inalienable e irrenunciable,  así como del principio de la separación de los poderes y de la institucionalidad democrática, los presidentes de las Aca­de­mias Nacionales y demás firmantes de este documento, responsablemente denuncian ante la opinión pública nacional y mundial  el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la pretensión de imponer un sistema absolutista. Ello en razón del concepto totalitario que priva en la legislación recientemente aprobada, que no sólo confiere ilimitadas facultades al Presi­dente de la República, y altera la distribución del poder público de la organi­zación federal de la Nación, sino que también desconoce la  voluntad  electo­ral expresada el 26 de septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo  mucho más plural y de mayor representatividad de los diversos sectores nacionales en la aprobación de las leyes.  

 

Este sistema absolutista se manifiesta  en la grave  restricción de las libertades públicas de pensamiento, de expresión y de educación libre, en la imposición de  controles y sanciones al derecho de información, y en la eliminación de los fundamentos de autonomía en el funcionamiento de las universidades, que forma parte de su esencia como instituciones de educación superior. El senti­miento absolutista también se exterioriza a través de la sanción de leyes que persiguen imponer un modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad popular  que lo rechazó en el referéndum del año 2007, que atentan contra el principio de la soberanía popular como fuente originaria del poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se identifican con esa ideología, alterando los principios de igualdad y de no discriminación, propias de las democracias constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela fuera de los estándares democráticos de los tratados y conven­cio­nes suscritos por el Estado venezolano.  

 

Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera  gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de la nueva  Asamblea Nacional al restringir  sus competencias legislativas por un período de dieciocho (18) meses, cuando delega ampliamente en el  Presi­dente de la Republica la mayor  parte de  su reserva legislativa, y sobre mate­rias totalmente ajenas a la emergencia climática que se argumentó como justi­ficación de tal delegación. Adicionalmente, la modificación del régimen interior de debates busca limitar la discusión y deliberación de los nuevos parlamentarios.  Estas decisiones legislativas  se  toman  con la clara intención de evitar que los miembros de la nueva Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente  la representación de los votantes que los eligieron en las  elec­ciones del 26 de  septiembre de 2010.

 

Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su último período de sesiones desmejoran las inversiones en materias científicas, tecnológicas y de innovación del conocimiento, y contrarían  los valores de la sociedad democrática del pluralismo, del respeto de los derechos fundamen­tales, de la separación y del equilibrio entre los poderes, así como de la  parti­cipación ciudadana, de la organización federal del Estado, del sistema  económico democrático, de la seguridad jurídica y del respeto de las minorías.  Leyes como la de teleco­municaciones y la de responsabilidad e inhabilitación política de los parla­mentarios, afectan la esencia misma de la dignidad de las personas, al impo­ner controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente. 

 

A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que garantice la imparcialidad de los procesos judiciales, y que asegure  que la  actuación de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los límites del derecho, y en armonía con los valores constitucionales y las leyes que están destinadas a conservar­los.  Por otro lado,  la  actuación sin el  debido proceso, arbitraria y despropor­cionada, para privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre  desenvol­vimiento. Hoy día en Venezuela, por todo ese  conjunto de leyes, y por la falta de pro­tección judicial ante sus violaciones, es cada vez más  riesgoso ejercer dere­chos intangibles como el de la libre  expresión y de la libre manifestación política.  

 

La utilización de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles y adminis­trativas, contradice sus fines institucionales y los tratados que respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohíben utilizar cuerpos pro­fesionales armados y armas de guerra en la realización de actuaciones guber­namentales. Por lo expuesto, estimamos que está en riesgo el sistema político democrático basado en el imperio de la Constitución y de la Ley.

 

Dentro de ese contexto, ratificamos que el carácter ilimitado  de la  delegación conferida al Presidente de la República mediante autorización de leyes  habi­litantes atenta contra el principio de seguridad jurídica y el principio democrático, porque ello conduce a la eliminación de las competencias cons­titucionales de la Asamblea Nacional, y a la desnaturalización de la excepcio­nalidad de la delegación legislativa.  Asimismo, rechazamos el uso de facul­tades extraordinarias para afectar derechos económicos y sociales fundamen­tales, como el de propiedad y el de libre  iniciativa, sin atenerse  a  los princi­pios constitucionales que garantizan que tales derechos no se afecten arbitra­riamente, y que tales afectaciones no produzcan daños mayores, como el des­empleo, la escasez de productos esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la corrupción.  

 

Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al derecho a la libre enseñanza que representa el proyecto de Ley de Educación Universita­ria, recientemente aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional. Este instrumento legal despoja a las universidades de su autonomía adminis­trativa, de  autogobierno, de  dirección y normativa,  al transferirse la mayor parte de sus competencias autónomas a entes dependientes del poder ejecu­tivo, y al someter las universi­dades a un régimen de sumisión en cuanto a sus facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el de la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal.  Exigimos del poder legislativo que en la nueva  legislación se garanticen a las Universi­dades los principios cons­titucionales de su autonomía, es decir: 1) La  potestad para  orientar sus  pla­nes  de  estudio y de investigación de su  sistema de edu­cación. 2) La capaci­dad para darse libremente su propia organización acadé­mica y de concretar su libertad de enseñanza y económica. 3)  La reserva legal,  en el sentido que sólo  por ley puede  limitarse la libertad de las univer­sidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y   únicamente  para per­mitir la supervisión de la calidad  de la instrucción y la  observancia de  las  grandes  directrices de la  política  educativa. 4)  La inviolabilidad del recinto universitario como medio de pro­tección de la autonomía universitaria. 5)  El derecho de los profesores y estu­diantes,  principalmente, como miembros  de la  comunidad universitaria,  de participar en los órganos de gobierno de las  universidades y en sus  decisio­nes. Y,  6)  La existencia  de un sistema  verda­deramente democrático y de respeto pleno a las libertades públicas y a los derechos humanos, que garantice  efectivamente la autonomía  universitaria.

 

Por todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad en Venezuela no están garantizados los principios fundamentales ni el cumpli­miento  del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia  de  una  socie­dad democrática y plural que postula la Constitución.

 

Caracas, 22 de diciembre de 2010

 

Blas Bruni Celli, Director de la Academia Venezolana de la Lengua

Elías Pino Iturrieta, Director de la Academia Nacional de la Historia

Claudio Aoün Soulie, Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Román Duque Corredor, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Benjamín Scharifker, Presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Pedro A. Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Aníbal R. Martínez, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat 

 

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