¿Qué Ley?
Constantemente escucha uno por la televisión a un funcionario de este régimen amenazar con la aplicación de la Ley si el ciudadano hace algo que él no quiere o también para respaldar con la Ley algo que ese funcionario ya ejecutó. La Ley pasa así a ser manipulada en cualquier actuación oficial. ¿Es esto válido? La respuesta es SI cuando la Ley tiene el respaldo de un estado de derecho que ha sido legitimado previamente por el Soberano y NO si ese estado de derecho no existe. Empecemos por aclarar el concepto de la palabra Ley.
La Ley es una norma de conducta social aprobada por el colectivo para regular la convivencia pacífica constructiva en una determinada sociedad política y por eso su cumplimiento obliga tanto a los gobernados como a los gobernantes. Este sometimiento dual a la Ley permite que la autoridad pública actúe en la búsqueda del bien común respetando siempre los derechos humanos propios del ciudadano. En consecuencia, si una Ley es utilizada para impedir el ejercicio de esos derechos deja de ser obligatoria y así debe decidirlo la autoridad judicial autónoma competente si esta existe.
Con estos antecedentes veamos ahora cual es la situación que tenemos en Venezuela.
La Constitución de la República (1960) aprobada por el Soberano y donde constan estas normas fundamentales de convivencia fue sustituida por otra en el año 1999 no respetándose las normas que aquella Constitución preveía para el caso de una modificación. Se violó esa Constitución. Antes el nuevo Presidente se había negado también a jurar cumplirla cuando tomó posesión del cargo. Es decir, que inició su gestión violando dos veces la Constitución que había sido aprobada por el pueblo soberano de Venezuela. Ambos hechos no impidieron que después lanzara la consigna “con Chávez manda el pueblo” como propaganda engañosa. Empezó su mandato violentando la Ley primera y suprema de la República que es la Constitución. Empezó mal. Ahora tanto él como sus ayudantes invocan constantemente a “la Ley” pero no aquella que aprobamos todos los venezolanos libremente en democracia sino las normas que el Presidente actual hizo aprobar, pírricamente, a sus colaboradores en un órgano al que se le sigue llamando Asamblea para confundir al pueblo. Sus diputados fueron electos apenas por el 15% de los electores.
Pero es que aun aceptando que la Constitución de 1999, producto de una Asamblea ganada con “las morochas”, tuviera el consentimiento del Soberano y fuera una norma de conducta suprema para garantizar la convivencia en paz, tampoco el régimen la cumple sino que constantemente viola sus preceptos ordenándole a sus delegados en esa supuesta asamblea que vistan de leyes los que son simples órdenes militares dadas por el autócrata. De esta manera el ciudadano es amenazado con aplicarle una Ley que no es tal o es condenado y privado de su libertad con otra ley que tampoco lo es. Se trata de “bandos militaristas” que es un acto personal impuesto al ciudadano “camuflado” como ley de las República cuando un gobierno de carácter militar es absolutamente opuesto a uno republicano y no utiliza leyes sino órdenes llamadas bandos militares.
Adicionalmente solo un gobierno legítimo puede promulgar leyes que obliguen al ciudadano y hay dos hechos que hacen muy dudosa esa legitimidad. El Referéndum del 15/08/04 que le revocó el mandato presidencial y después el otro Referéndum del 2D-07 cuando se le negó la modificación solicitada a la Constitución de 1999. Esta voluntad del Soberano tampoco la respetó pues esas modificaciones las ha ido imponiendo a través de bandos militares bautizados por la Asamblea como leyes que no son tales ni obligan tampoco porque se tratan de normas que violan la Constitución de la República. Leyes de la selva.
¿De que leyes hablan entonces cuando se amenaza con aplicar la Ley? Llamarle Ley a un bando militarista es una burla que ofende al derecho. La Ley, cuando tiene el respaldo del pueblo es legítima y obliga a su cumplimiento en tanto el bando militar al carecer de legitimidad democrática se hace cumplir a la fuerza. Esta fuerza puede significar tanto la supresión de la libertad sin un proceso previo, o una condena judicial sin probar la culpabilidad del acusado. Porque sí. Terminamos con el título que empezamos: ¿De qué Ley se habla entonces?
