Rectificación y Reconciliación: 2013
La justicia, para ser tal, debe ser transparente y no contaminada por motivaciones políticas..
El inicio de año es oportunidad propicia para revisar lo que hemos hecho, formular propósitos para una nueva etapa y emprender nuevas acciones.
La situación real de los perseguidos o condenados por motivaciones predominantemente políticas debe ser objeto de una revisión seria, descartando de una vez por todas el manido artificio de que no hay presos políticos sino políticos presos, siendo así que, en primer lugar, si hay políticos presos por su condición de políticos, el hecho es político y si en definitiva se le da un sesgo político a un hecho común, se le otorga la condición de político al hecho investigado o perseguido.
Lo que quiero decir es que la justicia no puede estar contaminada por elementos ajenos a su correcta aplicación y que cuando interviene la política en ella queda sin sentido alguno la posibilidad de enfrentar el caso con la imparcialidad que, por supuesto, debe caracterizar un proceso justo.
Un político preso no hace político el caso si el hecho nada tiene que ver con su condición; pero el hecho de que se persiga a un político por un pretendido delito común sí hará político el caso cuando se trata de utilizar la justicia como instrumento para cobrar una factura política.
Un preso político es, en definitiva, una persona a quien se persigue, encarcela, procesa o condena en razón de motivos que son dominados por la política, sea cual sea el hecho imputado para darle visos de legalidad a una persecución que obedece a razones ajenas a la justicia.
Sin duda, delitos como el de rebelión o el de conspiración para destruir la forma política republicana son, per se, políticos y cualquier preso bajo tales imputaciones es un preso político que sería un héroe si en definitiva se impone el movimiento rebelde.
Como dice el refrán castizo, «Hoy es el día del Arcángel que al diablo arrojó del cielo. Si el diablo hubiera expulsado a San Miguel, hoy sería el día del diablo».
Lo que en definitiva quiero señalar es que la justicia, para ser tal, debe ser transparente y no contaminada por motivaciones políticas que no sean otras que el más absoluto respeto a los derechos ciudadanos consagrados en la ley. Y cuando la justicia se ve penetrada por intereses políticos, ese entuerto debe ser remediado por las vías que consagra la Constitución, a los fines de rectificar lo que se ha hecho mal.
Por ello también quienes resulten destinatarios o «beneficiarios» de una amnistía o de un indulto, a pesar de que se llamen medidas de gracia, deben entender que se trata de rectificar o remediar errores manifiestos en los que hayan incurrido los órganos de la justicia formal y que deben ser corregidos y reparados para restablecer el orden lesionado.
En forma alguna, en un sistema democrático, medidas como estas deben ser interpretadas como el perdón que se otorga a quien se arrepienta de su hecho o reconoce que ha cometido un delito. Es quien tiene la facultad para amnistiar o indultar quien reconoce una injusticia y rectifica su proceder, acogiendo el clamor de reconciliación de un país de hermanos, como ha sido siempre en Venezuela.
