Regulación de Ganancias e Interés Público

Más allá, la regulación de rentabilidad o ganancias, hoy día en desuso, por anacrónica, distorsionadora e ineficiente, requiere previa comprobación, la existencia de una falla de mercado como el monopolio natural, porque constituiría un instrumento de la regulación económica y no de la regulación de competencia.

Lo anterior se debe a que el precio no constituye per se, un objetivo de interés público. El precio como resultado de un escenario, una coyuntura, una estructura, barreras legales a la actividad económica y las estrategias de mercado de los competidores; no constituye un objetivo «decretable», resulta más un efecto que una causa. Así las cosas, resulta crucial en el diseño de políticas públicas y regulatorias entender que el nivel de precios per se no constituye un objetivo social, porque sin que corresponda al caso de los monopolios naturales -subaditividad en la estructura de costos- alegándose objetivos antiinflacionarios -como ocurre en Venezuela-; la regulación de ganancia constituirá una terrible generadora de distorsiones en los mercados.

La eventual fijación de márgenes implicará un simple ajuste de nivel, en términos relativos de los precios a los costos, por lo que resultará absolutamente inocuo como política antiinflacionaria. Esta es una de las razones lógicas por lo que ni a la regulación económica ni a la regulación de competencia se les asigna objetivos antiinflacionarios. Obviamente la razón principal es porque la inflación no constituye un fenómeno especulativo, sino un fenómeno monetario de ajuste de precios relativos entre los bienes y servicios escasos y el bien más abundante y que menos desean poseer los venezolanos, los bolívares. Es así como el problema de inflación en Venezuela es un problema político de captura del Gobierno por un grupo de interés enfocado estrictamente en generar espejismos monetarios de gasto público y financiamiento inorgánico para mantener el control político del Estado.

Aún así, vale hacer señalamientos técnicos sobre los riesgos de la regulación de ganancias o rentabilidades. Las críticas más formales en contra de la regulación de rentabilidades o ganancias datan de finales de la primera mitad del siglo XX con la escuela revisionista de economía industrial. Esta escuela criticaba a la escuela clásica que planteaba que existía una correlación positiva entre estructuras concentradas de mercado y alta rentabilidad, producto de una alta probabilidad de colusión. La posición de la escuela clásica si bien echaba mano de la microeconomía neoclásica, su extrapolación resultaba Ad Hoc y/o espuria. Por ello la escuela revisionista, con su hipótesis de diferencial de eficiencia, rebate la postura clásica, simplemente proponiendo el ejemplo de un mercado con un líder por eficiencia, que en consecuencia conquista una mayor participación de mercado, arrojando un índice de concentración superior a una estructura simétrica; haciendo que la rentabilidad promedio ponderada sea mayor. El caso anterior evidencia lo contraproducente, socialmente hablando, de instrumentar controles de rentabilidades, especialmente basado en prejuicios de este tipo o posiciones Ad Hoc.

Adicionalmente, el control de ganancias o rentabilidad constituye un instrumento de bajó o nulo potencial de incentivos en favor de eficiencias dinámicas, transferencias de rentas y corrección de problemas de riesgo moral. Es así como este tipo de instrumento suele generar problemas del tipo efecto Averch-Johnson; creando incentivos nocivos en contra de la asignación eficiente de recursos en la producción o generación de bienes y servicios. 

Por otra parte, dependiendo de la variable a fijar para mantener la rentabilidad o la ganancia regulada, supongamos sean los precios, en economía inflacionarias con rezagos en los ajustes, se pinzan los márgenes, violentándose la restricción de participación de las empresas como oferentes. Por ello, hoy día se utilizan instrumentos o mecanismos como los price-caps, siempre y cuando se trate de un monopolio natural, no de oligopolios ni por razones antiinflacionarias.

Así las cosas, el problema no resulta normativo sino político. Evidencia de ello es que el Gobierno ha querido vender la falsa premisa que las relaciones comerciales y económicas constituyen un juego suma cero, cuando constituye un juego suma positiva, reportando rentas o excedentes a ambos lados de las relaciones libres y voluntarias. Ante un condicionamiento institucional de esta orden, lo que queda es perfeccionar un modelo fascista en lo económico, de corto plazo, de simple imposición de una regla de reparto de la renta, política y electoralmente interesada.

Estos temas y errores deliberados deben ser discutidos, porque incluso si se tratase de proteger objetivos del tipo redistributivo y de acceso a los bienes y servicios, existen alternativas más eficientes que no condenan la eficiencia por la equidad. Fomentar la actividad económica privada crea empleos facilitando la inserción. Las transferencias y subsidios directos temporales pueden ser más eficientes que los controles de precios distorsionadores, que no necesariamente garantizan que los grupos tutelados terminen beneficiándose.

Lo anterior resulta lamentable porque las verdaderas responsabilidades del Estado, y del Gobierno en especial, son coadyuvar a proveer bienes públicos; constituyendo esta otra asignatura económica-social reprobada y pendiente del oficialismo.

Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca. Profesor universitario de Regulación Económica y de Competencia.

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