Revocar la autocracia y restaurar el Estado de Derecho
Uno de los elementos más significativos en el ejercicio directo de la vida cívica (y de su perfectibilidad), es el referido a la coherencia que debe existir entre el pensamiento y la acción, esencialmente en lo que atañe al comportamiento del político, máxime si le compete la actuación y responsabilidad en funciones de gobierno.
La lealtad con los principios en los que se cree, cabalmente demostrada en hechos de indubitable trascendencia; así como la firme y efectiva disposición de realizar una labor de dirección u orientación política signada por la vocación de servicio, son dos de los más significativos principios, digámoslo así, que deben caracterizar la actuación del dirigente político en todas las áreas en las que se desempeñe. Aquí, en este punto de reflexión, se comprende no sólo al político escogido por el pueblo para el ejercicio de dirección en la función pública, sino también aquél llamado a coadyuvar en la formación del espíritu analítico, como orientador social o bien, vocero de una posición crítica en el campo de la oposición política. Así mismo, este planteamiento vale para el político en ejercicio de actividades en el área legislativa, cuya trascendencia es vital para la marcha y perfectibilidad del todo social en sus diversos órdenes y aspectos.
De uno u otro modo, esa coherencia entre el pensamiento y acción, dada su específica naturaleza y proyección, se consustancia con la lógica que caracteriza la aplicación efectiva de los principios éticos en el campo social. La conducta y el comportamiento del dirigente político son elementos de primer orden y significado en la formación y presencia de ejemplos o paradigmas en el desenvolvimiento de las instituciones fundamentales de la sociedad y, por consiguiente, en el desarrollo y evolución de la vida social en todas sus esferas. Evidentemente que hay diversas concepciones de la ética (si nos atenemos a las distintas opiniones, criterios, tendencias o corrientes de pensamiento filosófico-político, económico-social y aún desde el enfoque de planteamientos morales y religiosos), pero también es cierto que no se puede soslayar que el común denominador de los más importantes planes, proyectos y pensamientos en el plano de la actuación socio-política, tiene en el hombre el centro y meta de sus planteamientos y propuestas. Sólo aquellas concepciones que no pueden evadir su predilección por privilegiar al Estado sobre el individuo; y aquellas que colocan la lucha por la conquista del poder y su aferramiento a las vanidades y presiones pasionales que de su detentación se derivan, digámoslo así, son las que ignoran el genuino substratum ético en el ejercicio de la acción política. Por consiguiente, para esas visiones y perspectivas no tiene cabida ni la solidaridad ni el pluralismo como elementos claves para el logro de la perfectibilidad de la vida ciudadana, valga decir de la democracia como fiel expresión del más idóneo sistema de convivencia social por excelencia.
Complementariamente, los principios que informan la vida democrática, cuya observancia implica la permanencia de los individuos e instituciones fundamentales (públicas, privadas y corporativas) dentro de los parámetros de una normal y racional relación de convivencia, tienen –de uno u otro modo- vinculación con los elementos que deben coadyuvar a la superación de los desajustes sociales, de diversa índole, que socavan y deterioran el progreso y avance de la sociedad en todos sus aspectos. Una sociedad no puede alcanzar niveles aceptables de desarrollo, si no se planifican y ponen en práctica políticas públicas coherentes, eficientes y viables; esto es: mientras la miseria, el atraso y la incultura sean factores de dependencia económica e indicadores característicos del subdesarrollo socio-económico, con toda seguridad que la vida en democracia sea cada vez más lejana; y una sociedad en tales condiciones continuará siendo, por consiguiente, terreno abonado para la presencia y dominio de caudillos, autócratas y demagogos que se alzan con el poder basándose en las privaciones sociales y en el creciente descontento de la población, socavando los genuinos sentimientos del pueblo. Es más, el pueblo sabiamente siente fundado reconcomio ante las aviesas manipulaciones que la autocracia explana ante sus carencias y necesidades; lo acaba de demostrar y con valentía tiende a reiterarlo: nada de dádivas ni limosnas, solo exige oportunidades y cabal reconocimiento de su capacidad para salir adelante y superar la crisis; el Estado debe actuar subsidiariamente para promover, avalar y respaldar la iniciativa popular a favor del avance social y propugnar la profundización de una real y efectiva participación del pueblo en el manejo, vigilancia y dirección de los asuntos públicos. Solo así, en el contexto de una acción política humanista y solidaria, se abre cauce propicio para la verdadera Justicia Social. Es reflejo de la lucha que a la par de repudiar el individualismo combate con firmeza todo intento encaminado a concentrar el poder político (mucho menos en manos ineptas), y, consiguientemente, no soslaya el enfrentamiento ante las necesidades que carcomen la realidad social.
En este orden de ideas, no podemos olvidar el papel que incumbe al Derecho como disciplina que estudia, analiza e interpreta los elementos atinentes a la regulación de la conducta de los hombres en su vida de relación social. La norma jurídica es parte substancial en la ordenación de la vida social, esto es, instrumento de especial significado en la organización, estructura y funcionamiento del Estado y, por consiguiente, del ejercicio del poder político frente a los derechos que asisten al individuo. En este aspecto estamos hablando del Estado de Derecho en su más amplia acepción.
Caso contrario, en el afán exclusivista y autocrático, no se vacila en utilizar el Poder Público y colocarlo al servicio de pasiones caudillescas; por ello, se persigue al disidente, se atenta contra la libertad de expresión, se violentan los elementales Derechos Humanos, se desconoce la dignidad de la persona humana, se trata de amedrentar el marco institucional democrático, se entraba la iniciativa privada, se intenta controlar el ritmo normal de la vida ciudadana bajo los parámetros de un status bélico-policial, se abusa de los mecanismos y procedimientos judiciales en detrimento del libre acceso a la justicia, el derecho a la defensa y las normas del debido proceso y –consecuentemente- de modo gradual y progresivo se incrementan los abusos, atropellos, vejámenes y toda suerte de tropelías contra la vida en libertad. En una palabra, se cierra –poco a poco- la vigencia del legítimo Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es, pues, consubstancial con el ejercicio cabal de la democracia; elementos básicos para la vida en libertad y, por consiguiente, para la superación de la sociedad en todos sus aspectos. Si la visión exclusivista y autocrática continúa, en ejercicio de la manipulación política y lucrándose –sin orden ni medida- de los dineros públicos (fomento de la corrupción en grado superlativo), con toda evidencia que las pasiones estarán colocadas por encima del Derecho y del espíritu de solidaridad que debe signar el humanismo en la acción política. Debemos cambiar la relación so pena de perder la libertad, porque como en alguna ocasión lo predicó el padre Jean-Baptiste Henri Lacordaire: «La libertad no es posible más que en aquellos países en que el Derecho predomina sobre las pasiones.»
Se trata de un objetivo que, según el sentido expresado por el citado pensador y evangelizador social, es plenamente factible. En otros términos, para hacer patria, como aconsejara El Libertador (el que condenó el uso de su nombre y mensaje para justificar cualquier disparate), es imperativo categórico reforzar una acción que logre la coherencia entre el pensamiento y la acción política; que las palabras se correspondan con los hechos en sentido de lealtad a los principios éticos, la paz y la democracia; una actuación de los dirigentes públicos que instaure y perfeccione una política al servicio del hombre, que sea instrumento para la solidaridad y la vigencia del pluralismo; por ello, es consecuentemente necesario revocar las rémoras que conspiran contra el avance social, enfrentar y derrotar los fines inconfensables que caracterizan la pretensión autocrática y totalitaria, solo así haremos del Derecho elemento de especial significado para asentar la democracia y hallará piso firme la vida en libertad..!
