Sin libertad no hay constitución

Ciertamente, hay que hacer esfuerzos para que el punto de vista
profesional no arrope al interés superior de lo ciudadano cuando se
trata de evaluar una propuesta Constitucional. Y este esfuerzo es
indispensable para enfocarse también en quien es el sujeto activo y
pasivo de un cambio constitucional, no en el abogado o economista o
encuestólogo, sino en el ciudadano común y normal, desvestido de
cualquier interés que no sea el de su derecho fundamental a la libertad
y a la justicia en una sociedad en paz.

La publicitada propuesta del presidente para cambiar la carta
fundamental puede ser considerada «prima facie», desde el punto de vista
temático, como verdaderamente arcaica en lo económico, claramente
autoritaria en lo político y francamente deslucida en lo constitucional
y hasta lingüistico. Desde cada ángulo de experticia que se adopte para
evaluarla, es mucho lo que puede argumentarse sin mucha dificultad para
disentir del sentido, significado y forma de lo propuesto. Es una
propuesta que no pasa, para decirlo simple, el primer análisis
intelectual.

Esto constituye para un texto con ese propósito una grave falla. Es sin
duda imprescindible que los asuntos técnicos sean adecuadamente
atendidos en la elaboración de un documento que dicta los fundamentos
nada menos que de un Estado. Es lo menos que se puede pedir a quien
aspire cambiar estos fundamentos. Aún así, detenerse en lo meramente
técnico sin ir más allá, sin llegar al legítimo y central interés
ciudadano, entendido en su globalidad y no como una suma algebraica de
parcelas, sería una ingenuidad frente a una propuesta que es sobre todo
de contenido y finalidad esencialmente política.

El significado histórico de una Constitución real ha sido siempre el de
pacto social, el de encuentro entre las gentes, el de gran acuerdo entre
todo lo que represente al alma nacional. No otra cosa es una
Constitución. Por ello incurre en crasa equivocación quien asuma que la
Constitución es un documento o libro, del color que sea, grande o
minúsculo, que recoge lo que piensa un grupo de gente o una facción de
cómplices. Si así fuera, ese texto sería una proclama de dominación pero
nunca una Constitución. Cuando nace una Constitución es porque hay un
acuerdo general en el seno del pueblo para establecer reglas de
convivencia y cooperación, arregladas para el avance social e
individual, y con garantías de justicia e igualdad. La Constitución nace
para la paz, no para la guerra, y nace para la libertad, no para la
dominación. Puede decirse sin exagerar que sin libertad no hay
constitución. Y sin paz tampoco.

Venezuela no está hoy en día en el estado de ánimo nacional requerido
para darse una nueva Constitución. No existe el sustrato necesario para
un entendimiento que conduzca a un pacto social entre clases, sectores y
regiones. El que nos toca vivir ahora no es un tiempo para cambios
constitucionales, porque el país está enfrascado en una confrontación
interna promovida por un gobierno que lleva varios años pugnando contra
una buena parte del país y contra casi todo el resto del mundo. Es
tiempo, eso sí, para buscar terrenos propicios para entendimientos
internos con miras a futuro, que en base a la mutua cooperación puedan
llevar más adelante, con las condiciones propicias, a un nuevo pacto
constitucional, que sirva para superar la ya caótica situación nacional.

Es notorio que sea el presidente quien haya declarado roto,
implícitamente, y de forma unilateral, sin que ningún movimiento de
opinión nacional lo estuviera pidiendo, el pacto implícitamente recogido
en la Constitución de 1999. Esa ruptura la ha consumado al proponer
cambios de fondo profundo en el texto constitucional, cuyas motivaciones
provienen no de múltiples sectores nacionales, sino de su propia
factura, como ha sido manifestado. Y es tan notorio este hecho que el
cambio propuesto ha sido encaramado en un «fast-track», en una vía
rápida, para despacharlo en tres meses de nariceada discusión en una
Asamblea Nacional evidentemente obsequiosa y lanzarlo al ruedo electoral
lo antes posible en un evento refrendario dirigido por el también
obsequioso y comprometido organismo electoral.

Aunque fuese un cambio constitucional maravilloso, qué está sideralmente
lejos de serlo, para beneficio del país y de su gente, que despertase
adhesiones voluntarias e ilusiones en todos lo rincones de la geografía,
el camino adoptado ya es incorrecto y digno de sospecha. Pero no es un
cambio maravilloso el que se propone, más bien tiene signos tenebrosos,
que naturalmente no son destacados por el régimen. No despierta
adhesiones, excepto en los cada vez más obnubilados, sino sospecha,
reserva y rechazo. Fraguado en un laboratorio de notables del régimen,
más restringido que lo incluso requerido para incorporar en ese círculo
exquisito de ad-láteres a una muestra suficiente de sus propios
militantes, demuestra de entrada ser más un plan del poderoso para
prolongarse en el poder, que una manifiesta intención de ayudar a la
gente del país a superar su actual condición tan lastimera. Es un plan
de blindaje, con mucho de inspiración en el comunismo caribeño, para la
superestructura armada que se dispone a disfrutar como sea de la
supremacía en desmedro de la mayoría desarmada que habita y quiere
seguir siendo ciudadana de Venezuela, en libertad y en paz.

Más grave aún es lo que plantea la propuesta para la vital sustancia del
país, porque ofreciendo engañosas dádivas materiales de una parte,
cercena por la otra lo que el dinero jamás podrá comprar ni aquí ni en
ninguna parte. El derecho fundamental de cada quien, de cada familia, de
cada grupo social de resolver su destino, dentro de sus limitaciones
mayores o menores, de acuerdo a su leal saber y entender, con dignidad
propia y con valores libremente elegidos. Y no impuestos por el malandro
de la esquina o el mandamás local designado desde el olimpo gobiernero.

Todas las dádivas materiales que se ofrecen engañosamente como
propuestas novedosas son factibles en el marco de la constitución
vigente. Desde la jornada reducida, hasta las misiones. Incluso, las
formas de propiedad alternativas a la privada pueden ser realizadas en
el marco constitucional vigente. Para todo ello, el cambio
constitucional sobra. Y siendo esto así, la motivación de la propuesta
es distinto al bienestar de la población, aunque sean estos aspectos lo
que más se publiciten como propaganda para generar un eventual
entusiasmo en la gente, captar su adhesión y conseguir así la aprobación
de otras disposiciones, que nada tienen que ver con el interés popular,
que son graves y que son precisamente las que más interesan al régimen.

Estas varias propuestas de otra índole, que permitirían hacer muchas
cosas desde el gobierno que no son posibles dentro del marco de la
actual constitución, requieren ser aprobadas en bloque, como dice el
oficialismo, para guardar la consistencia. De allí el absoluto rechazo a
una sugerencia formal planteada por gente de oposición respecto a la
discusión, primero, y a un referéndum después, por artículo o por temas.

Para el régimen, el cambio constitucional es en macolla, o no es.

El macro bloque que visualiza el gobierno está en realidad compuesto de
varios bloques que se unen en torno al monolito de la propuesta
socialista, tal como el régimen la entiende. A continuación se presentan
algunas menciones que por lo extenso del tema no agotan el análisis.

En el bloque 1, por así numerarlo, se le quita a la ciudadanía el
derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia (artículo
112, luego se indica entre paréntesis sólo el número del artículo). Con
este bloquecito, se deja a la libre empresa en un limbo donde ya la
Constitución no la protege; es decir, queda sometida al arbitrio del
funcionario permitirla o no en el caso concreto.

Si la libertad económica queda cercenada, igual ocurre con la libertad
de trabajo. Esto es consistencia. Por ello el bloque 2 elimina la
libertad de trabajo (87), con lo que el ciudadano pierde la garantía de
trabajar donde y cuando y en lo que quiera. Porque esto significa
someter al trabajo al régimen legal, sin amparo constitucional respecto
a su carácter libre. Eliminar la libertad de trabajo como derecho
ciudadano es obliterar una conquista del ser humano contra la esclavitud
y la servidumbre «legales», progresivamente alcanzada a lo largo de
siglos, y en los que Venezuela fue particularmente innovadora durante el
siglo XX.

En línea con esto, también queda eliminada la libertad para disponer de
la propiedad personal (115). Porque eso significa retirar la capacidad
de disposición de los atributos de la propiedad privada, que queda
reducida a un especie de arreglo residual tolerado por el Estado, cuya
transmisión a título gratuito, oneroso o por herencia queda por tanto
sin protección constitucional.

En estos tres primeros bloques, está un aspecto central del atentado
contra libertades ciudadanas. Sin libertad de trabajo y sin libertad de
empresa, es casi superfluo garantizar que la gente pueda disponer
libremente de las cosas objeto de su propiedad. Ese es el socialismo que
propugna el régimen en lo que se refiere al ámbito personal, muy
distinto a lo que la gente entiende por socialismo, de forma ingenua,
como una bandera para ocuparse de los problemas sociales, como salud,
educación y vivienda.

Sin estas libertades básicas, no extraña que en lugar de plantearse que
la Administración Pública esté al servicio de la ciudadanía, se
establezca en un bloque 4 que la misma está al servicio del gobernante
(151). En esta concepción, el funcionario no es un servidor público,
como en cualquier democracia y país libre, sino un servidor de los
gobernantes. Toda persona razonable entiende que la Administración
Pública, los funcionarios, están allí para ser servidores de la
ciudadanía, no para oprimirlos. Pues bien, la propuesta borra esta
garantía ciudadana y pone a la Administración Pública al servicio no del
pueblo sino del poder público, con lo que se logra que el funcionario no
responda ante el ciudadano, sino ante su jefe jerárquico, como en
cualquier régimen policíaco.

Todo el esquema sobre la nueva geometría del poder (bloque 5) es por su
parte una mampara para someter política, económica y militarmente a
gobernadores y alcaldes electos por sus conciudadanos a través de jefes
ad-hoc, políticos y militares, designados desde el poder central (11,16,
236.21). Politizar todos los ascensos militares (236.7) es otro
instrumento para controlar ya no la vida civil, sino también los cuadros
castrenses, según los objetivos presidenciales.

En el plano internacional, ocurre algo similar (bloque 6). El
instrumento central de la política exterior de un país son los tratados
que realice con gobiernos extranjeros, los cuales comprometen a cada
país signatario. Debidamente ratificados, pasan a ser ley de la
República. Por ello, en los países democráticos, estos tratados deben
ser revisados por el poder legislativo para que ratifiquen o denieguen
lo acordado por el jefe de estado que usualmente es quien negocia en
primera instancia. La brillante propuesta del régimen, le retira al
Parlamento esta facultad, y se la atribuye al mismo jefe de estado que
negocia el tratado (236.5). Es decir, con la propuesta, el presidente
celebra tratados y luego los ratifica. Es como si fuera él solo la
representación popular, el Parlamento, la voluntad de la Nación. Es como
dictar una ley habilitante permanente sin fecha de vencimiento.

En derechos humanos fundamentales, como propiedad, libertad de trabajo y
libre empresa, la propuesta es derogatoria, como hemos visto. En materia
militar, propia de un régimen militarista y personalista. En lo
internacional, el ejecutivo tiene el poder de la representación
nacional. Una enorme magnitud de poder atribuida al jefe de estado sobre
lo civil y lo militar. Pero hay más.

Liquidar la autonomía del BCV (bloque 7) no es cuestión filosófica, sino
que está orientada a que el jefe de estado se apodere de las reservas
internacionales del país como si fueran propias, y manejarlas a su
antojo, como un instrumento adicional de dominación, en lo interno y en
lo internacional (319, 321).

De esta manera, el presidente maneja la propiedad y el trabajo de las
personas, ordena sin límite en la Administración Pública, decide en todo
lo militar y comanda unos $50.000 millones de los activos que en
realidad pertenecen a todos los venezolanos, porque respaldan sus
activos monetarios.

Este conjunto de privilegios que se reserva en su propuesta el jefe de
estado, no pudieran estar completos si los mismos fueran tempranamente
transmisibles al resto de los mortales que puedan aspirar a ser
presidente. Para nada. En lo absoluto. Estos privilegios están
finalmente blindados como algo personal a través de la menos pregonada
de las reformas, que es la reelección continuada e indefinida de su
mismo autor (bloque 8).

Para estar claros, muchas, casi todas, de las tropelías previamente
mencionadas, se vienen realizando sin cambio constitucional. El
presidente resuelve sobre los ascensos militares en todos los grados
desde hace tiempo, desconoce el derecho de los propietarios, de los
sindicatos y de los trabajadores. Ha puesto a los funcionarios públicos
a su servicio, y no en el de la gente. Sus tratados internacionales
terminan siendo ley interna por la obediencia de la Asamblea Nacional.

Hace con el presupuesto nacional lo que quiere, al igual que con las
reservas internacionales. Es un ejercicio de facto, que solo enfrenta un
estorbo hacia el futuro. La reelección.

Para ello, el cierre magistral de esta propuesta en bloque(s) es
precisamente asegurarse la reelección indefinida, continuada y repetida
(230), contando con sus ayudantes del poder electoral y con la
aquiescencia complaciente de los cachorros de la Asamblea Nacional.

Las constituciones se hacen para poner límites al poder y dar garantías
a los ciudadanos. Cuando le quitan los límites al ejercicio del poder y
eliminan garantías ciudadanas básicas, dejan de ser constituciones para
convertirse en cartas de dominación.