Todo lo contrario, señor Ministro
Cuatro personas muertas. Tres adolescentes (17, 13 y 12 años) y el adulto que los acompañaba asesinados a tiros. Me uno a la gran mayoría del país que está sinceramente conmovida y abrumada por la noticia, pero me importan un cuerno las demostraciones de tristeza y sobrecogimiento de las autoridades “competentes”. Alrededor de 60.000 homicidios en lo que va de “proceso” indican que para ellos hubieran sido cuatro más que ocultar tras sus reportes de 50% de reducción en el índice de criminalidad. A pesar de la monstruosa cifra que pesa sobre su despacho, el Ministro Chacón nunca había lucido tan conmovido. La diferencia es que esta vez un simple 4, que regularmente es parte de la estadística manipulable, se le paró enfrente como drama humano. Los hermanos Faddoul y Miguel Rivas no son un número ocultable o discutible. Son gente concreta con nombre y familia visible. No pueden ser descartados como mentiras de la prensa opositora y desestabilizadora.
El Ministro declaró que lamentaba no haber podido evitar este abominable hecho. ¿Cuántos de los otros 60.000 lamenta no haber podido evitar? Una buena parte de ellos las autoridades no sólo no han podido impedirlos sino que los han cometido directamente ¿Qué ha pasado con las víctimas de los grupos de exterminio? En la masacre del Barrio Kennedy los policías además de acribillar a unos estudiantes desarmados aterrorizaron a los habitantes de la zona y trabajaron rápida y conjuntamente para encubrir su crimen. ¿Qué hay de Juan Carlos Zambrano, quien tres días después de que militares lo golpearon y torturaron (incluso lo obligaron a comer sus propios excrementos y violaron a su pareja frente a él) murió a consecuencia de los golpes? ¿Y los culpables? El Ministerio Público no pudo encontrarlos en un campamento del Ejército ¿podrá hacerlo ahora en un cuartel de la policía?
¿Cuál justicia nos da este gobierno? ¿La teórica de los discursos rimbombantes y huecos? ¿O la de jueces Uh Ah, o convictos por homicidio o atraco a mano armada, o que liberan a sus compadres y a narcotraficantes sorprendidos con enormes cargamentos de cocaína? Viendo al Ministro Chacón denunciar públicamente los hechos de corrupción en los que, según él, está implicado el Magistrado Velásquez Alvaray recordé su intervención sobre la red de extorsión comandada por el Fiscal Anderson. De eso nunca más se supo. La historia oficial es otra. Y cuando el Magistrado Velásquez Alvaray se queja de que no se le dio el derecho a la defensa recordé que se jacta de las 400 destituciones que realizó durante su paso por la DEM. Todas y cada una decisiones tomadas ejecutivamente, sin que los acusados pudieran defenderse. Cuando el mismo Magistrado hizo serísimas acusaciones contra altos funcionarios, no dudé de su palabra. Me pregunté por qué sería que se las había guardado hasta ese momento. Y me vino a la memoria la gravedad de su declaración de abril de 2002, en Televen, diciendo que los jueces golpistas habían firmado órdenes para que se detuviera y asesinara a los líderes del chavismo. Ofreció llevarlas, pero ya sabemos lo ocupado que está siempre.
Respecto al caso de Rivas y los Faddoul, el poético Fiscal General, cuya musa debe andar de permiso, dijo que el problema debe ser asumido como un problema nacional, «pero no para acorralar ni arrinconar a ninguna institución, sino para convertirnos todos en institución (¿?), porque cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad». Ojo, todos somos responsables del secuestro y asesinato. Si nosotros no hablamos de su responsabilidad él no hablará de la nuestra. Y agregó: «Darle a un problema como éste un carácter mediático distinto a resolver el problema no es lo más conveniente». Pues los encargados de resolverlo son las autoridades, por lo tanto son ellos quienes deben limitar las sandeces que declaran.
En cuanto al coro de voces oficialistas que repite la consigna lanzada por el ministro Chacón para que no se politice el caso, tengo dos cosas que decir. En primer lugar, la politización la inició el propio Ministro. Era evidente el cálculo en términos de votos que estaba haciendo mientras declaraba. En segundo lugar, considerando que el índice de condenas por delitos comunes es de alrededor de un 3%, creo que politizar el caso sería justamente lo indicado para hacer más probable que se llegue hasta la sentencia de los acusados. Carlos Ortega, Ovidio Poggioli, Francisco Usón y los otros presos políticos o en vías de serlo (aunque el ingenioso “Defensor” del Pueblo los llame políticos presos) son la demostración más clara de que para que se alcancen resultados en nuestros tribunales ayuda mucho que el acusado sea político.
Así que invito a las autoridades “competentes” a considerar, como parecen ya estarlo asomando algunos de los voceros oficialistas, que esto fue un delito cometido por la oposición, que la intención era desestabilizar y que, muy probablemente, los culpables están en las listas Tascón y Maisanta.
Una vez llegado el punto de la condena de los acusados restaría el asunto de cómo creerle a una justicia que el gobierno mismo han sido tan diligente (y, como cosa rara, eficiente) en desprestigiar.
