Un árbitro irrespetuoso
El país se ha lamentablemente acostumbrado a que el órgano electoral (CNE), cuya función es garantizar procesos justos, honestos y transparentes, actúe de manera irrespetuosa hacia el elector y hacia la comunidad internacional.
El CNE ha ejercido siempre sus funciones de manera parcializada, contrario a lo que le impone la ley. Las evidencias de tal parcialidad son claras y sobran para confirmar el sentir general. El CNE, lo sabemos, permitió y favoreció un ventajismo sin precedentes, avaló irregularidades en muchas mesas electorales, como lo han referido numerosas organizaciones no gubernamentales; aceptó el amedrentamiento de todo tipo, incluso los actos de terrorismo paraestatal ejercido por los “motorizados rojos”; consintió el odioso voto asistido, entre muchos otros “delitos electorales” que en algún momento serán establecido y en relación con los cuales se establecerán responsabilidades..
Después de un proceso absolutamente irregular y tras serias tensiones, los venezolanos a través de la MUD y de su candidato, han exigido al árbitro, con todo derecho, una Auditoria que sin duda se ajusta a las disposiciones legales electorales vigentes y a los principios y reglas propios de todo sistema democrático.
El irrespeto no sólo se ha dirigido a los venezolanos. Hacia afuera el CNE ha también despreciado a gobiernos extranjeros y a instituciones internacionales que han legítimamente expresado su preocupación por nuestros procesos electorales. El CNE y las otras instituciones sometidas al Ejecutivo han calificado de intromisión la expresión de tal preocupación que sólo busca transparencia y respeto a las reglas, pero sobre todo, el debido respeto a la voluntad popular.
Un desprecio no menos importante ha sido el expresado a la observación internacional traducida en “invitados especiales” o en “acompañantes partidarios del régimen” que lejos de vigilar, asisten sólo para avalar las irregularidades, como es el caso de UNASUR que en su Declaración del 18 de abril pasado “reconoce” prematura y malintencionadamente a Nicolás Maduro como Presidente Electo, cuando el proceso electoral no había aun concluido, tal como ellos mismos lo reconocen al aceptar la conveniencia de “una auditoria total de las mesas electorales.” Una irresponsabilidad grave que pone en peligro la democracia y los derechos de los ciudadanos de la región.
En ese párrafo 3 de la Declaración, se “ratifica en la línea de lo señalado en la Declaración de la Misión Electoral de UNASUR a Venezuela del 15 de abril último, que todo reclamo cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado o resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes.” Y “en tal sentido, toma nota positiva de la decisión del CNE de implementar una metodología que permita la auditoría total de las mesas electorales.”
Si se manejan y se entienden las cosas con seriedad y respeto, UNASUR debe exigir a Venezuela, a su ente electoral, dar cumplimiento a lo expresado por sus Presidentes en esa Declaración que debe ser interpretada de acuerdo con el sentido de sus términos, sin que se pueda dar cabida a especulaciones o tergiversaciones inapropiadas que desvíen la responsabilidad del CNE.
Independientemente de quien resulte vencedor al final, la Auditoria de los votos debe hacerse, en todos los casos, de manera profesional y completa, que no deje dudas en el venezolano y así lo debe aceptar el CNE para responder a los ciudadanos y a los gobiernos extranjeros. La ley es muy clara en muchos aspectos, entre ellos, que las irregularidades en una Mesa conlleva la nulidad de los votos registrados en la misma.
Además, para garantizar el resultado, como parte del proceso electoral que aun no ha concluido, que lo es esta Auditoría, debe permitirse la presencia de observadores o expertos de la OEA y de las Naciones Unidas para garantizar la transparencia del proceso y de la voluntad popular expresada el 14 de abril y asegurar la tranquilidad en el país. La auditoria, distintamente a lo afirmado por Oblitas, no es para legitimar a Maduro; por el contrario, es para verificar y tras ello confirmar o impugnar la elección.
