Una estatuyente metropolitana incluyente y participativa
Al parecer, el 7 de agosto con los comicios municipales (que elegirán a concejales y miembros de Juntas Parroquiales) se realizará un referendo consultivo; mediante el cual la ciudadanía del Área Metropolitana (municipios: Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre) expresará su opinión favorable o no, en torno a la “Estatuyente Metropolitana”. Todo esto en medio de un proceso donde seguramente predominará una alta abstención.
Y es que este tema no es cualquier cosa. Porque se trata de organizar, convocar y realizar un evento que combine una racionalidad técnica con otra de tipo político para dilucidar las opacidades legales, político-territoriales, institucionales, presupuestarias y hasta gerenciales que han determinado directamente la bajísima calidad de vida de la inmensa mayoría de los habitantes de Caracas y sus alrededores.
En cuanto al referendo es estratégico que, en lo inmediato se revise el alcance del universo electoral llamado a participar. Porque, por ejemplo, la población del novísimo y sufrido estado Vargas se encuentra articulada directamente al Área Metropolitana. ¿Qué duda cabe? ¿Acaso olvidamos que Vargas integraba anteriormente conjuntamente con municipio Libertador, el Distrito Federal? ¿Y la dinámica socio-económica del Área Metropolitana de Caracas y de Vargas no interactúan de manera constante? En tal sentido, la población varguense tendría que ser consultada en la realización del referendo consultivo del 7 de agosto.
Otra cosa es que la Estatuyente no debería circunscribirse sólo, al tema político-territorial del Área Metropolitana. Si bien hay que repensar el ámbito geo-espacial metropolitano de forma impostergable, la reflexión sobre la ciudad y sus habitantes no debe culminar ahí; sino en todo caso partir de allí hacia acuerdos y consensos más profundos. De tal manera, que sería un craso error supeditar este evento solamente a discutir como se divide la “torta territorial” creado nuevos estados o nuevos agregados de municipios o de parroquias, sin una visualización integral del problema metropolitano.
Un elemento crucial en una agenda de la Estatuyente Metropolitana, pasa por la revisión y ajuste del marco constitucional y legal subsiguiente que afecta al espacio metropolitano. En la actualidad y como todos sabemos, existe un amplio desarrollo legislativo que afecta simultánea y de forma concurrente; tanto a las entidades gubernamentales nacionales como a las gobernaciones y las alcaldías. Resulta fácil mencionar de memoria; entre otros, los siguientes instrumentos legales: la Ley Orgánica de Planificación, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Especial del Distrito Metropolitano de Caracas, la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, por tan solo citar algunas. Pero además, se encuentran en proceso de aprobación final de parte de la Asamblea Nacional otras leyes como del Consejo Federal de Gobierno, la de Participación Ciudadana y la estratégica Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional (devuelta por el Ejecutivo Nacional), que incidirán directamente en el espacio metropolitano.
El tema de la planificación del Área Metropolitana es algo verdaderamente trascendente. Muchas de las carencias de nuestra ciudad capital se originaron desde años atrás, justamente por el predominio de una visión corto-placista y “pirata” del hecho urbano caraqueño, que desdeñó cualquier iniciativa técnica que intentará solucionar de manera eficiente los desafíos de una urbe en constante crecimiento basado –además- en un paradigma centralista y concentrador de desarrollo.
Si nos apegamos al marco constitucional venezolano, el Área Metropolitana de Gobierno debe ajustarse e integrarse al denominado Sistema Nacional de Planificación que, (sin mayores dolientes) se intenta construir en el país. Mediante este dispositivo institucional, el gobierno metropolitano tendría que estar sujeto a un conjunto objetivos, estrategias y controles sociales tendentes (al menos en el plano teórico-formal) a garantizar la perfectibilidad y el cumplimiento de la gestión planificada por la entidad gubernamental en temas como el agua, el ambiente, la arquitectura y las viviendas de interés social, el transporte, la protección civil, los residuos sólidos;- entre otros temas.
Y verdaderamente la planificación de la gestión municipal y la gestión metropolitana constituye un verdadero desafío y una materia pendiente para los gobiernos de las siete alcaldías involucradas (insistimos en incorporar a Vargas). De hecho, el mandato de realizar el Plan Municipal de Desarrollo, por ejemplo, ha sido ignorado hasta ahora por los alcaldes de la metrópoli.
Las finanzas públicas del entorno metropolitano constituye otro asunto muy relevante a discutir. ¿Cuánto cuesta el desarrollo de nuestra ciudad capital? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento y son suficientes, acaso? ¿Cuál debería ser el monto del subsidio de capitalidad que tendría que asignársele al Distrito Metropolitano en el presupuesto nacional?
Para que la Estatuyente tenga sentido se tiene que garantizar la mayor inclusión y participación de las ciudadanas y ciudadanos, de las comunidades y grupos vecinales y de los diversos sectores de la sociedad civil organizados del Área Metropolitana. Es decir, sin la incorporación de esos actores la Estatuyente carece de representatividad, de protagonismo y de legitimidad. Por lo tanto, las autoridades oficiales locales, se encuentran en la obligación de informar en sus respectivas alcaldías sobre la preparación u organización de este evento.
Y es que hasta el presente, salvo algunas fugaces declaraciones televisivas; y de una que otra nota de prensa, el tema ha no sido suficientemente difundido. En cada municipio, además de los alcaldes, los concejales, los miembros de las juntas parroquiales y los integrantes cívicos de los Consejos Locales de Planificación Pública tendrían que dedicar parte de su actividad comunitaria a enterarse, informar y preparar a las vecinas y vecinos sobre este proceso que se anuncia para el 7 de agosto. Por otra parte, las organizaciones vecinales y las organizaciones de la sociedad civil deben comenzar a involucrase en un tema que podría afectar su calidad de vida un largo tiempo. Porque la Estatuyente (o Constituyente) Metropolitana es sin duda la oportunidad más grande que tendremos los habitantes de Caracas y sus alrededores de repensar, opinar y propiciar una mejor ciudad y una mejor calidad de vida. Y esta oportunidad no se debe desperdiciar, por el contrario ha llegado el momento de ejercer el protagonismo ciudadano.
