Una generación de carbón
Una generación quemada, perdida, abandonada en el camino de la desolación histórica. Una generación que se inició bajo los azotes de Pedro Estrada, la tortura o el exilio y luego buscó transformar el resentimiento en acción de gobierno. Picón Salas, lo repitió una y otra vez, el resentimiento era uno de los motores fundamentales de la venezolanidad. Otro adeco, Carlos Andrés Pérez, en su testamento político, publicado bajo la forma de una entrevista por este diario, dice lo mismo. Las reflexiones democráticas, los principios políticos, todo desaparece bajo la ola de odio y autodestrucción que arrasa nuestra país cada treinta o cincuenta años. La conversación que durante meses sostuvo el Presidente con Ramón Hernández y Roberto Guisti acaba de ser publicada con el título de Memorias Proscritas y será de consulta obligatoria para entender el sentido de la historia venezolana del último siglo. La visión de CAP, sorprendentemente, guarda su dosis de optimismo. La lucidez de una nueva generación llevará el país a orillas de una playa donde la confrontación estéril no agote el discurso político, donde la agresión permanente no suplante la reflexión oportuna. La periodicidad demoníaca que golpeaba una y otra vez nuestra nación con su dosis de violencia podría terminar su ciclo ahora. La modernidad, con casi un siglo de retraso, se apuntala en la conciencia de tantos jóvenes universitarios formados por las instituciones creadas por la IV República y el Plan de Becas Mariscal de Ayacucho, duélale al Rector de la Universidad Bolivariana o al propio Ministro de Educación.
Pero no todo es tan fácil. Vivimos uno de esos momentos cuando un conflicto amargo parece agotar la paciencia y la fe en las salidas democráticas. Hace una semana asistí invitado en mi condición de Director de FEDEAGRO por el Estado Carabobo a una reunión en Nirgüa. La comunidad de agricultores de este Municipio montañoso al oriente del Estado Yaracuy, una meseta que comparte su superficie con Montalbán, Miranda y Bejuma, hermosos pueblos donde se produce casi toda la naranja que consume el país, yace hoy aterrada bajo la sombra del secuestro. Isleños y venezolanos sufren los embates de una ola delictiva sin precedentes. Una de las conclusiones de la reunión, a la cual asistió el Teniente a cargo del Comando de la GN, fue organizar un evento para precisar las alternativas de seguridad que deberán implementarse, las comunicaciones e incluso el armamento que legalmente adquirido pudiera ayudar a superar la indefensión de los agricultores. Ayer se esforzaban en mejorar sus fincas y aumentar el rendimiento de sus cultivos, hoy piensan irse del país, amenazados por elementos profesionales, bien adiestrados en el arte de privar de su libertad a los compatriotas que saben cómo crear empleo.
Y valga aquí de nuevo una reflexión de Carlos Andrés. Cuando analiza el secuestro de William Niehous en 1976, el Presidente ubica el delito en su justo contexto. Al igual como ocurrió con el secuestro del ganadero Machado en el Estado Zulia, que fue llevado a Colombia, el Presidente mantuvo una posición rígida: no aceptar el pago de rescate alguno. Tal conducta hubiese sido una deslealtad con el Estado venezolano y de complicidad con la guerrilla. Un grupo de agentes de la DISIP entendió otra cosa: sacó de la sede del cuerpo al máximo dirigente de la Liga Socialista, responsable del secuestro, para interrogarlo y terminó asesinándolo. Al morir Jorge Rodríguez, Octavio Lepage, a la sazón Ministro del Interior, llamó por teléfono al Fiscal José Ramón Medina para notificarle el hecho. El Fiscal protestó en una clara demostración de la independencia de los Poderes Públicos y le advirtió al Ministro que los prisioneros no podrían ser interrogados sino en la presencia de un fiscal y convocó inmediatamente a una rueda de prensa para fijar posición. Una cosa es desalentar la industria nacional del secuestro, advirtiéndole al entorno del secuestrado de las consecuencias del pago del rescate, tal como se hizo en aquella ocasión con Emilio Conde Jahn y otra es cometer un delito aún más terrible, como es la muerte bajo tortura de un sospechoso, a fin de obtener una confesión.
Pero el principio defendido por CAP tuvo su efecto. La utilización del secuestro como arma política o criminal, no prosperó, a diferencia de lo que ocurre hoy en Yaracuy y Carabobo. ¿Se hará hoy el gobierno la vista gorda bajo esta situación, convocará a una reunión con los gremios agropecuarios de la región para analizar la situación y encontrar alternativas? Quizás decida enfrentar militarmente a los dueños de la próspera industria o a lo mejor prefiera mirar para otro lado y dejar hacer su trabajo a los extranjeros o nacionales que se enriquecen a costa del trabajo de los agricultores. En todo caso, la lealtad del Estado venezolano debería estar con los empresarios del campo, no con los criminales que por absurdas nociones políticas se burlan de sus leyes.
