Valencia: ciudad 13 de abril
Efectivamente, me estoy refiriendo a la misión 13 de abril, decretada hace ya algunos meses por el presidente Chávez y puesta en marcha en el Aló del domingo 24 de agosto. La vinculación con la ciudad es evidente, pues dicha misión busca la creación de las comunas socialistas. Se habla de 74 municipios y 181 parroquias en su primera etapa. También de una inversión de 186 millones de dólares. Ahora bien, es claro que esta política del gobierno condicionará la concepción y gestión del desarrollo urbano de nuestras ciudades. A mi entender la citada política tiene dos líneas concretas de actuación: la renovación urbana y la implantación de un nuevo modelo de gobierno municipal: el Poder Popular. En cuanto a la primera línea, podríamos simplificar diciendo que ella se reduce a la introducción de una nueva “unidad” de ordenación urbana: la Comuna. Igualmente para el ámbito rural, que no es el caso que tratamos. ¿Pero qué es la Comuna? El mismo presidente Chávez la asoma —aunque incompleta y sin delinearla—, cuando habla de “síntesis social”, de “economía comunal” y de “infraestructura habitacional”. Ciertamente, lo que se está describiendo es el “Estado” en su mínima expresión, en su expresión local. Aunque es necesaria—para completar la definición— la inclusión de la llamada comunidad política (el Poder Popular) y la sustitución de la “infraestructura”, por el territorio y la población. Esta precisión conceptual, a veces fastidiosa a los lectores, es inevitable pues enmarca (o debería hacerlo) la discusión sobre el modelo de ciudad que queremos. Siempre ha sido así, desde la ciudad antigua, a la pre-industrial, a la ciudad capitalista o la socialista; donde cada modelo político tiene su modelo de ordenación del territorio que le es inherente.
Ante esta evidencia y teniendo en puertas un plan intensivo y acelerado de inversión en infraestructuras, en equipamientos y servicios urbanos; el cual inexorablemente desencadenará un proceso de renovación, de transformación de la estructura urbana y, asimismo, una nueva organización del gobierno local imperante, resulta poco menos que obligado preguntarse si los candidatos a la Alcaldía de Valencia habrán tomado en cuenta estas consideraciones en sus programas de gobierno. ¡Si es que los tienen! Porque, una vez investido de alcalde, tendrá, por ley, que hacerlo. Y no será en un programa de gobierno, sino en un plan de desarrollo estratégico para el municipio.
Se me dirá que ellos tienen el situado constitucional, la ley de Asignaciones Especiales… ¡Que eso no es ley de la República! Sí, es verdad. Pero —y para esto las cifras resultan más elocuentes que mil palabras—, ¿sabían ustedes que para dotar al municipio Valencia de una red vial (strícto sensu: con condiciones optimas de conexidad, conectividad, homogeneidad e isotropía) se estiman entre 400 y 500 millones de bolívares fuertes (2007)? Y estamos hablando de “apenas” una primera etapa por el orden de 60 a 70 km de nueva vialidad, incluyendo únicamente 13 km de la autopista Rafael Urdaneta (que inicia en el distribuidor La Encrucijada y termina en el Palmarejo, en Guacara). Porque si asumiésemos el problema de la vialidad dentro de la escala de la aglomeración valenciana, como debería hacerse, entonces la cifra remontaría a más de 1.000 millones de bolívares fuertes (2007). Sabemos que éste es tan sólo uno de los problemas de la ciudad; el cual, por cierto, debe abordarse, pari passus, con el de transporte urbano. Particularmente con el transporte colectivo.
Pero dejemos la renovación urbana y pasemos a la segunda línea de actuación sobre la gestión del desarrollo urbano: el Poder Popular. A este respecto, cabría preguntarse, qué planes tienen los candidatos a alcalde para los más de 200 Consejos Comunales legalmente constituidos —hasta el primer trimestre de este año— en el municipio Valencia. Se estima duplicar esta cantidad para el año 2009. ¿Acaso invisibilisarlos, como hace la administración municipal actual? ¿O ignorarlos, como a las asociaciones de vecinos? Pues es conocido que, durante este período, el 92% de éstas asociaciones no participó técnicamente en ningún cabildo abierto. De igual manera, el 84% jamás intervino en la elaboración de un plan de desarrollo para el municipio.
Sin embargo, ya se escuchan propuestas concretas de lo que sería el gobierno comunal para la ciudad: la transferencia de la gestión de algunos servicios urbanos a los Consejos Comunales. Es el caso del aseo domiciliario, de la distribución del agua potable, de la seguridad (la policía comunal), etc. En fin, es una realidad a la que tendrá que dar cara el próximo alcalde; pues ya no será suficiente adjetivar los planes, programas o cualquier iniciativa de gobierno con el aditivo “comunal”, para satisfacer a unas comunidades altamente organizadas y con una considerable claridad política. Especialmente al sur del municipio Valencia, donde las parroquias Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Santa Rosa, representan el 74% de la población de aquél. Allí, al parecer, están decididos a construir la “ciudad 13 de abril”: igualitaria, equitativa y sin segregación espacial. ¡Vamos a ver qué hacen los aspirantes a alcalde!
