Votos y crisis de legitimidad
Con razón o sin ella, hasta el día de hoy, el resultado más claro de la jornada electoral del 14 de abril es la sospecha de fraude. Una especificidad que le arrebata su credibilidad a los resultados ofrecidos esa noche por el CNE y pone en serio peligro la gobernanza del país.
Esta es la raíz de un conflicto político que no hubiera estallado si la solicitud formulada por Henrique Capriles de recontar todos los votos, aceptada la misma noche de las elecciones por Nicolás Maduro, la hubiese acogido de inmediato el árbitro electoral. En este sentido, vale la pena recordar que, junto con Maduro, Jorge Rodríguez aplaudió con entusiasmo que su candidato aceptara la propuesta de Capriles.
¿Qué pasó después? ¿Qué novedad se interpuso entre la opinión inicial de Maduro y lo que lamentablemente ha venido ocurriendo desde entonces? El misterio que encierran estas interrogantes le añaden tanta leña de la buena al lacerante fuego de la incertidumbre que Santiago Cantón, actualmente director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, coincidió con Capriles y con el Maduro de la noche del 14 de abril al sostener hace una semana que «es necesario realizar el conteo total de los votos, con la presencia de veedores de los partidos políticos y de la sociedad civil, para despejar dudas sobre el resultado electoral y darle legitimidad al nuevo gobierno».
Diversos factores han contribuido a agravar la situación. Ejemplos: las incesantes imprudencias verbales de Maduro y sus hombres de mayor confianza, entre ellos el ministro de Defensa, quien días antes de las elecciones les ordenó a los componentes de la FANB votar por Maduro.
Por otra parte, porque, en lugar de abrirse a un diálogo conciliador, insistió tercamente en dividir aún más a la sociedad venezolana acusando a todos quienes le adversan de formar parte de una conspiración fascistoide cuyo rebrote amenaza de nuevo a la democracia en Venezuela. A ello debemos añadir la personal y muy grosera confrontación de Maduro con Perú y España, la acusación de que Álvaro Uribe planifica su asesinato y la agudización de su desencuentro con Estados Unidos, enemigo estratégico del proceso chavista desde el primer día. La escalofriante golpiza a los diputados de la oposición no dejó en el ánimo de nadie la menor duda sobre la exacta visión estratégica de país que tiene Maduro en este instante.
Por supuesto, la oposición aprovechó la desconfianza de la mitad de Venezuela en el CNE, el empate virtual con Maduro y sus múltiples disparates para acosarlo nacional e internacionalmente.
Ninguna fortuna tendrán las acciones legales emprendidas por Capriles para reclamar sus derechos, para algo todos los poderes públicos del país han pasado a ser órganos funcionales del Ejecutivo, pero las realidades que él subraya a diario, lo que el general Rangel Silva llama con desprecio «asedio mediático internacional», colocan a Maduro entre la rendición de armas y la radicalización del proceso y el suicidio político.
Por esta ingrata razón, el régimen viene estos días recogiendo velas, para medir mejor el alcance de sus pasos: rápida y gélida visita a Uruguay, Argentina y Brasil en busca de un relativo baño de popularidad en escenarios que en otra época le fueron muy propicios al chavismo; intentos de borrar con gestos diplomáticos sus insultos a los cancilleres de Perú y España; esfuerzo por reducir la magnitud del escándalo extraparlamentario protagonizado por la bancada oficialista en la AN devolviéndoles a los diputados de la oposición su derecho de palabra sin condicionamientos previos.
No creo que estas leves «rectificaciones» remienden un capote hecho jirones por la abierta inclinación totalitaria del régimen, «la revolución no negocia con la derecha», pero ponen en evidencia la actual preocupación oficial ante el hecho irreversible de que la dirección de donde comienzan a soplar los vientos de tormenta parece que ahora es otra. Insuficientes y falsas enmiendas que de todos modos deben tomarse como primeros pasos concretos para encontrarle una solución pacífica a la crisis. Habrá que esperar y ver. Y no dejar de tener en cuenta que esta crisis no es cuestión de formas y modales, sino de votos, y que, según una encuesta tan fuera de sospecha como la del IVAD, más de la mitad de los venezolanos aguardan impacientes la respuesta de la nueva directiva del TSJ al recurso de impugnación presentado por la oposición. De la decisión que tomen Gladys Gutiérrez y sus magistrados depende la legitimidad de las pasadas elecciones y la paz futura de Venezuela.
