¿Y quién defiende la democracia?

En las instancias internacionales del sistema interamericano y latinoamericano, léase OEA o Celac o Unasur, muchos de los Estados miembros prácticamente se pagan y se dan en vuelto en materia de evadir la defensa efectiva de la democracia, cuando ésta es violentada por los desmanes de los propios Estados miembros, o sea por ellos mismos.

Y cuando un embajador de un país democrático, como por ejemplo Guillermo Cochez de Panamá, plantea con solidez en la OEA el drama que padece la otrora democracia venezolana por obra de la “revolución bolivarista”, se le viene encima medio mundo, incluyendo su gobierno, y queda desautorizado y destituido por la intolerable osadía de haberse aproximado a la verdad, sin los acomodos ni los melindres de esos especialistas en justificar a los gobiernos que se disfrazan de democracia para secuestrarla y aplastarla.

No es de extrañar, por tanto, que la bien intencionada Carta Democrática Interamericana haya terminado quedando como letra muerta. Su propósito fundamental fue proteger a las sociedades de los gobiernos anti-democráticos, y en especial de aquellos que exhibiendo legitimidad democrática de origen –o sea, de procedencia electoral, perdían la legitimidad democrática de desempeño al llevarse por delante las reglas básicas de la gobernabilidad y convivencia pluralista.

Esa Carta fue pensada en la experiencia peruana de Alberto Fujimori, pero de entonces para acá, otros han emulado al fujimorismo –aunque con mucha más habilidad– y hasta lo han dejado pasmado en comparación con la destrucción paulatina del sistema democrático, y sin embargo, lejos de ser criticados, debatidos y condenados, más bien son justificados y a veces aplaudidos. Es el caso, desde luego, de las neo-dictaduras del siglo XXI latinoamericano, que tan buen ambiente ostentan en los pasillos de la OEA. Y ni hablar de la Celac, ahora presidida por el general Raúl Castro, quien, junto a su fraterno Fidel, llevan ya 54 años de mando despótico en Cuba.

Y el caso de Unasur es todavía peor, porque allí se aprobó un acuerdo para “defender a la democracia” que, en verdad, es para defender la estabilidad y permanencia de los gobiernos frente a las protestas democráticas de sus ciudadanos, precisamente en defensa de sus derechos vulnerados por esos gobiernos. Uno de los promotores de semejante distorsión, fue el ex-ministro de Chávez, Alí Rodríguez Araque, secretario general de Unasur y de reconocida vinculación política con el castrismo.

Y entonces, como preguntaba el célebre Chavo del Ocho: ¿quién podrá defendernos? Y me refiero a las naciones o sociedades que padecen regímenes autoritarios con ropaje seudo-democrático. Vale decir, la defensa política de la democracia. Porque bien conocemos la existencia de organismos jurisdiccionales que amparan las garantías individuales de derechos humanos, y éstos son esenciales para la reivindicación de la justicia jurídica en procedimientos que pueden demorar largos años. Pero la defensa de los derechos nacionales no puede esperar tanto tiempo, sobre todo cuando el autoritarismo se agudiza y sus consecuencias se agravan.

No. Lamentablemente no podemos esperar que la defensa de la democracia provenga de esas instancias internacionales tan condicionadas por los agresores de la democracia. Mientras persista esa influencia nefasta no se puede esperar nada efectivo de dichos organismos. La defensa tiene que darse a lo interno de cada país, con las fuerzas sociales y políticas y el acompañamiento de la ciudadanía, de las comunidades y de la sociedad civil. Tiene que ser un esfuerzo propio que, probablemente, adquiera mayor fuerza exterior en la medida en que sepa plantear su justa causa, rebatir las mentiras oficiales, y luchar con firmeza por el renacimiento de la democracia para nuestros pueblos.