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Organización social y atención a las víctimas frente a las violaciones de DDHH

El informe de la misión independiente de la ONU sobre las condiciones de los DDHH en Venezuela muestra la realidad de un Estado victimario que ejecuta violaciones masivas sobre la población. Comunidades populares, gremios como los de la salud y la comunicación social, agrupaciones democráticas adversas al régimen oficial, son parte de esa Venezuela que diariamente es violentada y vejada por el poder dictatorial.

Esta situación no es reciente ni coyuntural. Las políticas de “mano dura” y “control” contra el crimen como las zonas de paz, los cuadrantes de seguridad y las OLP, por ejemplo, vienen produciéndose desde los gobiernos de Hugo Chávez, y han significado un impacto de violencia y muerte, sobre todo en nuestras comunidades populares en todo el país. El cruce de violencia criminal, violencia del Estado, y la acción de grupos paramilitares apoyados desde el gobierno, ha enlutado, desplazado y afectado a miles de familias.

En este sentido, organizaciones como Provea, Orfavideh, Observatorio de la Violencia, entre muchas otras, han venido denunciando estos hechos y generando redes de apoyo para quienes son afectados directamente por esta violencia. Por nuestra parte, en el movimiento Caracas Mi Convive, hemos venido desarrollando distintas iniciativas en este sentido, como Monitor de Víctimas y Red de Atención a las Víctimas, enfocadas sobre todo en el apoyo a las personas, sus familiares y las comunidades.

En el caso de Monitor de Víctimas trabajamos en conjunto con líderes de las comunidades y articulados con el portal Runrunes, lo que permite no solo ampliar el alcance de las denuncias, sino también crear una base de información y datos fiables, en contraposición a la opacidad oficial que oculta cifras, desconoce testimonios y denuncias, e instrumentaliza la violencia con fines tanto de intimidación como de propaganda.

Monitor ha contribuido con las comisiones de la ONU, tanto de la misión independiente como con el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los datos recogidos, sobre todo en los últimos años, han señalado de manera palmaria la participación y la responsabilidad de cuerpos de seguridad estatales y funcionarios públicos en el asesinato de jóvenes venezolanos. Solo en el Distrito Capital esta participación ha llegado a casi la mitad de los casos registrados. En el informe de la comisionada Bachelet se da cuenta de 2000 ejecuciones extrajudiciales en el país en lo que va de este año.

Las experiencias de Monitor y Red de Atención a las Víctimas se ha basado en un modelo que prioriza la atención a las víctimas (desde el apoyo legal hasta la atención psicológica) y la articulación con otros actores sociales (periodistas, líderes comunitarios, ONG y agrupaciones civiles) que permitan generar una red de apoyo e información que pueda ayudar a contrarrestar las políticas de hostigamiento, exclusión, desconocimiento y control social impuestas desde el Estado victimario.

De igual forma, la defensa de derechos humanos en el modelo de Monitor está centrado en la participación de la víctima, no sólo en el aspecto de la denuncia, sino en la construcción de espacios de no violencia. La víctima puede transformarse en un agente de cambio, no solo de su propia realidad sino también de su entorno.

La actual situación de colapso y violencia generadas por el régimen para continuar en el poder a pesar del rechazo mayoritario del país, significan una ruptura del pacto de convivencia democrática. Los primeros afectados somos nosotros los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, pero también es desde allí, a través del encuentro organizado, la acción política y social mancomunada, que podemos empezar a enfrentarlo.

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