Para que la verdad se imponga

Gonzalo Rojas Sánchez (1953) Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (1980), después de haber completado sus estudios de Licenciatura en Derecho (1976) y Licenciatura en Historia (1978). Profesor de Jornada completa en la planta ordinaria de la PUC desde el 1.VII.1975, habiendo alcanzado la categoría de Profesor Titular (1993). Director de Docencia de la Universidad (1987) y Pro Secretario General de la Universidad (1987-9). Premios a la excelencia docente de la Universidad (2007) y de la Facultad de Derecho (2006), ambos concedidos en la primera oportunidad en que se otorgaron. Miembro del H. Consejo de la Facultad de Derecho por más de 25 años, Director de su Departamento de Fundamentos del Derecho por más de 12, y miembro de la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad por 12 años, expone que, por el relato que a continuación se incluye, considera que:

1. Ha sido objeto de una grave violación de sus derechos, al haber sido sometido por la P. Universidad Católica de Chile a un proceso por hechos ya resueltos por una instancia mediadora, el Ombuds;
2. Ha sido objeto de una grave violación de sus derechos por la prevaricación en que incurrió la Secretaria General, al resolver la causa en su contra en un escrito de previo y especial pronunciamiento;
3. Ha sido objeto de una grave violación a sus derechos por no haberse contrastado las reiteradas mentiras del denunciante con la evidencia en audio de su clase, lo que bastaba para demostrar su absoluta inocencia;
4. Ha sido objeto de un constante abuso de poder por parte de las autoridades de la Universidad, por los reiterados actos que han violado sus derechos procesales y que constan en el expediente oficial.

Relato de los hechos:

1. El miércoles 30 de mayo de 2018 realicé en el Curso Pensadores del Siglo XX mi clase sobre san Juan Pablo II. Hice una mención a su estatua pocos días antes mancillada en dos oportunidades por los movimientos feministas y, entre las ideologías o ismos que critiqué, estuvieron justamente “el que exalta las libertades, el que exalta la conservación y el de las féminas.” Al terminar la clase, en presencia de unos 40 alumnos, el estudiante de periodismo Luis Jara Hasbún se acercó, me increpó a gritos por “mis ofensas al movimiento feminista” y criticó a las mujeres presentes por no haberme contrastado. Ante mi sorpresa por el tono agresivo y el contenido de su crítica, pregunté a las presentes si efectivamente yo había incurrido en una ofensa. Ninguna asintió.

2. Ese fin de semana tomé la decisión de ampararme en dos reglamentos: el que permite suspender la corrección de trabajos por faltas académicas y el que autoriza a demorarse 15 días hábiles en la devolución de los textos corregidos. Tomé la decisión por obvias razones de conciencia: me sentí gravemente ofendido por el comportamiento extremadamente agresivo e injusto del alumno y no quería correr el riesgo de perjudicarlo al corregir. Cuando el alumno Jara me escribió para concretar la fecha de examen, le manifesté que había tomado esa decisión y que llevaría el tema al Ombuds, instancia mediadora oficial de la Universidad.

3. El alumno Jara rindió su examen, recibió los trabajos corregidos y esa tarde acudí al Ombuds solicitando su mediación para que el alumno Jara pidiera disculpas al profesor en el correo-e interno del curso. La gestión del Ombuds fue exitosa. El alumno Jara pidió las disculpas de ese modo, le agradecí por correo-e su gesto y lo invité a mi oficina a conversar. Nunca me respondió y no he vuelto a tener ningún contacto, ni personal ni epistolar con él, desde julio de 2018. Aprobó su asignatura con nota sobre 5.

4. El 10 de septiembre de 2018 recibí la notificación de la Secretaria General de la Universidad, Marisol Peña Torres, de un proceso de responsabilidad iniciado en mi contra por una denuncia del alumno Jara y del Comité Ejecutivo de la FEUC de ese momento. La denuncia contiene 9 mentiras formales: 6 sobre mis expresiones en clases, dos sobre la actuación del Ombuds y una sobre haberle impedido al alumno dar examen antes de que pidiera disculpas. Paralelamente, la FEUC inició una campaña de prensa en mi contra, apareciendo sus planteamientos en seis distintos medios de comunicación.

5. Al momento de ser notificado de esa denuncia, denuncié por mi parte al alumno Jara y a la FEUC por las nueve mentiras en que incurrían, y a la FEUC por la campaña denigrante en mi contra. A pesar de que los hechos eran distintos, la Secretaria General decidió acumularlos en una sola causa.

6. Solicité de inmediato audiencia al Rector, quien me recibió junto a la Secretaria General el 14 de septiembre. Le manifesté mi indignación intelectual por estar siendo procesado por un tema ya resuelto por otra instancia oficial de la Universidad, el Ombuds, la tristeza de mi ánimo por ser maltratado de esa manera después de 43 años de servicios a la Universidad, y mi voluntad inquebrantable de defender mi honra y la verdad. –porque soy absolutamente inocente- no sólo hasta el final del proceso, sino durante el resto de mi vida.

7. Como primera medida en el proceso, con mi abogado el Profesor Titular Mario Correa B., solicitamos el informe escrito del Ombuds, suponiendo que con su opinión autorizada mi posición quedaría completamente resguardada y se debería dar final al proceso en mi contra. Efectivamente, el Ombuds informó de modo completamente favorable a mi posición, sostuvo que en dos afirmaciones relativas a su mediación el alumno denunciante faltaba a la verdad y estimó que los hechos estaban ya completamente resueltos por su mediación. Ese informe no sólo fue desechado por la Secretaria General, sino que en el escrito que lo desestimó, sostuvo que el alumno fue efectivamente coaccionado por este profesor. Esa afirmación es gravísima, ya que resolvía el fondo de la denuncia de modo favorable al alumno, cuando yo ni siquiera había declarado. A pesar de nuestra protesta por el prejuzgamiento flagrante, el proceso siguió adelante.

8. En diciembre de 2018 se me formularon cargos: haber presionado al alumno para que me pidiera perdón (eso ya había sido “resuelto” por la Secretaria General de antemano) y haber violado la libertad de expresión del alumno. Se sostuvo, además, de modo completamente ofensivo a mi dignidad personal y académica, que yo era un profesor que no había entendido lo que significa enseñar en la P. Universidad Católica de Chile. En el expediente se ve con claridad que se despreció a los alumnos que testificaron a mi favor y que hubo una forma tendenciosa de interrogar a otros, seleccionados supuestamente “al azar”. Contestamos los cargos, desvirtuándolos todos y cada uno, e insistiendo en la falsedad de las denuncias sobre mi clase, mentiras abiertamente probadas con el audio de la misma, oportunamente entregado en el proceso, al cual la Secretaria General no dio valor alguno.

9. En enero de 2019 fuimos notificados del sobreseimiento, firmado por el Rector y la Secretaria General, del alumno Jara por la denuncia que yo había efectuado en su contra, por las nueve mentiras contenidas en su libelo. De acuerdo al Reglamento, apelamos de ese sobreseimiento el día 22 de enero ante la Comisión de 5 Decanos. Esa apelación debía ser resuelta dentro de tercero día. No lo fue y se nos comunicó en marzo, contra toda disposición reglamentaria, que se resolvería cuando se terminara mi propio proceso. Ni siquiera al concluirse el mío, 8 meses después, esa apelación ha sido resuelta, por lo que aún no sabemos en qué condición jurídica quedará el alumno Jara, quien ha mentido reiteradamente.

10. Mientras tanto, y entre marzo y mayo de 2019, los 6 testigos que aportamos a la fase final de la investigación (5 ex Decanos y un Profesor Titular) pudieron declarar, pero no se autorizó a mi abogado a acudir a esas audiencias para interrogarlos. Tampoco pudo hacerlo respecto de las preguntas que solicitamos se le hicieran al alumno denunciante, dentro de la prueba confesional, que es la oportunidad en que el abogado puede pedir que se precisen los dichos. Esas preguntas se le hicieron sin nuestra presencia.

11. En agosto de 2019, la Secretaria General nos comunicó que había decidido no resolver mi causa en primera instancia y que elevaba los antecedentes a la Comisión de Decanos establecida habitualmente como instancia de Apelación, para que resolviera como único Tribunal. De este modo, me privó de la doble instancia y de la posibilidad de comparecer ante esa Comisión, lo que le representé a la Secretaria General sin obtener respuesta. Efectivamente, los miembros de aquella Comisión tomaron la decisión de sancionarme sin haberme oído jamás ni haber recibido un texto en mi defensa. Ni siquiera se nos informó del día en que esa Comisión se iba a reunir, a pesar de habérselo solicitado en dos ocasiones a la Secretaria General.

12. Finalmente, el 29 de agosto de 2019, el Rector y la Secretaria General firmaron el decreto que me sanciona con amonestación verbal.  A continuación, se me indicó desde la Secretaría General que podía plantear un recurso de reconsideración ante la Comisión de Decanos, curiosa situación, ya que la sentencia definitiva me había sido notificada días antes. Ese recurso fue resuelto negativamente por la Comisión de Decanos y el 1º de octubre el Rector y la Secretaria General ratificaron la inicua sanción en mi contra. La Comisión de Decanos ha estimado que “falté a la imparcialidad académica” por escribir este correo al alumno el 18 de junio de 2018: “He esperado más de dos semanas desde que usted interviniera en mi clase del 30 de mayo para conocer por escrito los fundamentos de su comentario de ese día, tal como usted manifestó que iba a hacerlo. Como no he recibido nada al respecto, he planteado una reunión con el Ombuds de la Universidad. Además, desde ese día suspendí mi evaluación de sus trabajos.” Este fue, a juicio de los Decanos, del Rector y de la Secretaria General, mi “abuso de poder”.

13. El 4 de octubre, fui notificado por vía electrónica de ese acuerdo de la Comisión de Decanos, rechazando mi último recurso, y del consiguiente Decreto del Rector y de la Secretaria General, sancionándome con amonestación verbal. Fui citado para recibir personalmente ambos documentos el día 8 de octubre, pero el texto de la citación ocultaba un segundo propósito y era que en ese mismo acto, Eduardo Valenzuela, Decano de Ciencias Sociales y presidente de la Comisión, procediera a amonestarme. Como no había acudido a las últimas citaciones para ser notificado de diversos documentos y todas las notificaciones se habían practicado por vía digital de acuerdo al artículo 20 de Reglamento, tampoco asistí el 8. En buena hora, porque me evitó tener que enfrentar con toda dureza una maquinación tan insólita como la que ideó Secretaría General: citarme para notificarme y aprovechar la oportunidad para amonestarme. Aún así, se levantó un acta sosteniendo que la amonestación se entendía practicada (¿?) ya que yo no había querido acudir.

14. En una resolución paralela, se sancionó a los miembros del Comité Ejecutivo de FEUC 2018 con inhabilidad para ejercer cargos de representación estudiantil y con amonestación verbal por la campaña comunicacional en mi contra. Así quedaba muy en claro que su objetivo había sido perseguirme políticamente.  Del alumno Jara, hasta ahora no se nos ha notificado de la resolución de nuestra apelación. La razón es obvia: declarar su culpabilidad por las 9 mentiras en que incurre, es reconocer mi absoluta inocencia, algo que el Rector Sánchez y la Secretaria General Peña no estuvieron dispuestos a admitir desde el primer día: los ponía en riesgo frente a los alumnos que me habían escogido como víctima.

Profesor Titular PUC de Chile