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Un nuevo rey

Los primeros brotes republicanos —y federales— surgieron en torno a 1840, y cobraron una especial importancia en Cataluña, donde el movimiento popular se sustentaba en las asociaciones obreras. Es entonces cuando el demócrata Abdón Terradas, elegido alcalde de Figueres, escribe la primera pieza teatral antimonárquica, Lo rei Micomicó. Su protagonista, el bobo investido rey, proclama la soberanía nacional y renuncia al cargo; los micomicons gritan “Viva l’Igualtat!”. En los versos satíricos del periodo, al lado de la igualdad y la crítica del privilegio, despunta la condena de la dinastía personificada en Fernando VII. Y un objetivo: “Para siempre desterrar, del Borbón la raza infiel…”.

Los tiempos han cambiado; los dos temas centrales de 1840 no desaparecieron. Don Juan Carlos ha esgrimido más de una vez los siglos de antigüedad de su dinastía, pero lo cierto es que desde Carlos III hasta él, apenas Alfonso XII y la regente María Cristina se salvan del naufragio. De ahí que, desde sus orígenes hasta la caída de Alfonso XIII, el republicanismo fuera ante todo expresión del rechazo a la Monarquía. Como “piloto de la democracia”, don Juan Carlos supo levantar el prestigio de la realeza, al modo de la reina Victoria en la Inglaterra del XIX, solo que en los últimos tiempos una sucesión de acontecimientos ha ocasionado un espectacular deterioro de su imagen, al prevalecer la concepción dinástica sobre la democrática: de las intervenciones en el caso Urdangarin/Cristina al personalismo de su abdicación, poniendo su decisión por delante de los procedimientos que la debían enmarcar. No hablemos de la caza del elefante en Botsuana, ni del abandono ante el reto que representa una posible secesión de Cataluña, un 23-F, en palabras de Manuel Vicent, para Felipe VI.

El rey no es un ser excepcional, sino el primer magistrado de la nación.

Otro cabo dejado suelto es el de su inviolabilidad. Como en 1840, el fondo de la cuestión vincula Monarquía y privilegio. La cláusula the King can do no wrong, tiene sentido para quien se encuentra en el ejercicio del cargo. No así para el que lo abandona. Atengámonos a la concepción propia de la monarquía parlamentaria: el rey no es un ser excepcional, sino el primer magistrado de la nación. El privilegio anula la principal ventaja de las monarquías parlamentarias: la neutralidad del personaje real, reducido a puro símbolo, tanto del Estado como de una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

En condiciones de estabilidad política, debiera acompañar al nuevo reinado el anuncio de una reforma constitucional que posibilitase el tránsito a un régimen republicano, de modo paralelo a la plena federalización del Estado de las autonomías, regulando posibles autodeterminaciones. Solo que tal estabilidad no existe hoy: Cataluña espera. Y en el discurso del Rey, ni palabra; la nación española quedó sola, sin nacionalidades. Mal presagio.

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