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En reunión con AN gremios condenaron negligencia del Poder Moral

Exigir la salida del defensor del pueblo, Tarek William Saab, fue el punto en el que todos los sectores de la sociedad civil estuvieron de acuerdo durante la primera sesión de trabajo en la Asamblea Nacional. A su juicio el funcionario público debería velar por el respeto de los Derechos Humanos de todos los Venezolanos, pero ante «su parcialidad» en los últimos hechos de represión que se han presentado en las movilizaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consideran que debe presentar su renuncia.

Durante lo que fue una sesión especial en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, un representante de cada gremio tomó la palabra para expresar el sentir de sus colegas.  Keta Stephany, por el sector educativo, condenó que en Venezuela se invierta más en los cuerpos de seguridad nacional, «no es posible que el sector educativo y el de salud tengan un presupuesto menor que el de los militares, quienes tienen el presupuesto para lanzar bombas lacrimógenas a manifestaciones opositoras».

De igual modo, expresó que ratifican su compromiso con el Poder Legislativo, «deben recuperarse las finanzas públicas. El presupuesto de la Nación se debe discutir y aprobar aquí y los sectores sociales debemos participar en la esa discusión».

«Un defensor que no defiende»

Cecilia Sosa, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en representación de los abogados, hizo un llamado a su gremio, más de cuatro mil abogados en el país, para que como un reto acompañen y ayuden a restituir hilo constitucional.

«Estamos frente a un defensor del pueblo que no defiende, tenemos el tema de la responsabilidad penal a unos magistrados que incurrieron en falta gravísima. Tenemos el tema de la responsabilidad de Nicolás Maduro y la solicitud a que el Fiscal lo investigue, el tema del expediente de amazonas que sigue durmiendo en la Sala Electoral y dos diputados detenidos Gilber Caro y Renzo Prieto», detalló.

Además mencionó la inhabilitación al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles por el Contralor de la República, «acto que demuestra la complicidad del Contralor» en la decisión tomada en contra del líder opositor.

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, por el sector productivo, aseveró que no existe, en el Gobierno, la voluntad política para devolver las inversiones y hacer efectiva producción nacional de bienes. «Para que la inversión vuelva, debe recuperarse la democracia y la estabilidad del país para desmontar la desconfianza y también esperamos que se detenga la criminalización y el acoso hacia las empresas privadas».

 

En representación de las Organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, Oscar Patiño, Coordinador General de ONG «Un mundo sin mordaza», condenó el exceso de poder y que GNB y PNB use armas antimotines y gases tóxicos contra el pueblo, así como también el uso de armas por parte de «grupos colectivos armados».

Igualmente en nombre de la ONG denunció las detenciones arbitrarias de venezolanos, la negligencia y la falta de eficacia de todo el Poder Moral, por lo que exigió la renuncia del Defensor del Pueblo por no «ser capaz de cumplir con su labor» y a la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por «ser unos magistrados que rompieron el hilo constitucional, que deben ser condenados por su falta de eficiencia y claridad ante todo el pueblo venezolano».

Deportistas también apoyan al Parlamento

El sector Borman Angulo, campeón mundial de Kempo Karate, por el sector deportivo, invitó a su gremio para que se unan a los venezolanos que están en las calles, «no podemos dejar de protestar y ser indiferentes ante el pueblo que sufre la indolencia de este Gobierno».

Aseveró que si desde el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte le piden su renuncia como atleta por apoyar a la oposición y al Parlamento, «la daré, porque a lo que no renunciamos es al deber de defender nuestra Constitución».

«Los estudiantes no podemos hacerlo solos»

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, resaltó que las acciones de calle deben ser el medio y no el fin para informar y enseñar al pueblo a defender sus derechos constitucionales.

Recordó que los estudiantes están en las primeras filas pero no deben ser los únicos, «hoy somos víctimas de la represión, y seguimos a disposición del país, pero no podemos hacerlo solos».

Lospensionados y jubilados, familiares de los presos políticos y la Asociación de Alcaldes de Venezuela, también expresaron de forma cómo pueden aportar a la construcción de un nuevo país, una vez superada la transición del Gobierno actual, para lo cual tienen propuestas que trabajaran de la mano del Parlamento y los líderes.

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