ONU degradó a Defensoría del Pueblo por su pleitesía al Gobierno
Este miércoles se conoció que de ahora en adelante el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, deberá mantenerse mudo en las Naciones Unidas, pues esa instancia decidió dejarlo sin voz ante sus instancias, por considerar que “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”.
La decisión la adoptó la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI, por sus siglas en inglés), la cual anunció este miércoles que degradó al organismo responsable de velar por las garantías fundamentales de los venezolanos desde su categoría “A”, la cual tenía desde el año 2002, hasta la “B”.
La medida en la práctica implicará que Saab no podrá hablar durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, al que se someterá Venezuela la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Defensoría del Pueblo es, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, de los pocos organismos de la región que no gozan de la máxima calificación prevista en los Principios de París que rigen el comportamiento de estos despachos, reseñó El Universal.
Desde el movimiento de Derechos Humanos evaluaron la decisión de manera favorable e hicieron votos porque atienda las recomendaciones hechas y demuestre que ese independiente del Gobierno.
“Si tenía pensado ir al EPU, pues irá a verlo y no podrá hablar y sus informes de ahora en adelante no serán recibidos, por no considerarlos una fuente confiable de información”, afirmó Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las organizaciones que promovió la evaluación de la Defensoría.
Saab no ha reaccionado aún a la decisión en su contra.
Orígenes del proceso
La evaluación extraordinaria de la Defensoría se inició en 2013, cuando el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, Acción Solidaria y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciaron que el organismo estaba alineado con el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y que no defendía los derechos de los ciudadanos.
El Subcomité de Acreditaciones en 2014 inició un proceso de revisión y en 2015 le dio a Saab un año para demostrar que podía «hablar alto y claro» para salvaguardar las garantías fundamentales de los venezolanos; y le recomendaron abogar por la liberación de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni, el dirigentes opositor Leopoldo López y de los jóvenes encarcelados por protestar, que instara al Gobierno a mejorar la cooperación con los organismos internacionales de Derechos Humanos y con las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, un año después la instancia pidió degradarlo.
