Un reparto justo
La recaudación fiscal es una de las principales asignaturas pendientes de América Latina. Un lastre del que todo el continente podría desprenderse si, al menos, tres de las economías más fuertes de la región, como son la mexicana, la argentina y la chilena acabasen con el fraude en el impuesto sobre la renta (IRPF). Si ese cambio llegase a producirse, tan solo en dos años se obtendrían los recursos necesarios para terminar en una década con la desigualdad existente en materia de educación. Entre las tres nacionalidades mencionadas suman cada año más de 33.300 millones de euros desviados en “cajas B”.
Los analistas apuntan a la baja presión impositiva como una de las principales trabas que dificultan la modernización económica y la consolidación de las sociedades latinoamericanas en términos de igualdad y desarrollo. A diferencia de lo que ocurre en el gran conjunto de los países del hemisferio norte, en los que se recolectan más impuestos directos, aquellos que se pagan según el nivel adquisitivo y patrimonial de cada contribuyente, en América Latina sucede lo contrario. Son los impuestos indirectos los que se recogen mayoritariamente a través de un gravamen común para toda la población, sea pobre o rica.
Las comparaciones con los porcentajes que registran los países pertenecientes a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, muestran con mayor claridad las divergencias en la fiscalidad que presenta esta región con respecto a otras partes del mundo. Mientras que la recaudación en cuanto a los tributos indirectos se mantiene en cifras bastante parejas, un 9,6% del PIB en Latinoamérica por un 11,3% en los países de la OCDE, es en los directos en los que se produce la brecha más importante. Un 5,6% del PIB en el caso americano por un 15,3% de media.
A pesar de todo, los resultados han mejorado en los últimos años en países como Argentina, Brasil o Uruguay en los que la carga tributaria ha aumentando de manera significativa en los primeros años del nuevo milenio. Aún así, en el vagón de cola de las economías latinoamericanas continúan enganchados países con fiscalidad mucho más laxas como Guatemala o Haití. Los economistas atribuyen los malos índices de evasión fiscal al hábito de algunos gobiernos de financiar su gasto social con otras rentas, derivadas por ejemplo de sus explotaciones petrolíferas, que no provienen de las impositivas.
Ante tal avalancha de números y comparativas conviene recurrir a los renglones que Eduardo Galeano dedica a los “numeritos” en El libro de los abrazos. En ellos el escritor uruguayo se pregunta por donde puede cobrar el hambriento el ingreso per cápita o a cuántas personas desarrolla el desarrollo. Preguntas de difícil respuesta que terminan con la triste reflexión de que “en nuestras tierras [América Latina], los numeritos tienen mejor suerte que las personas”.
Las cifras asépticas que se manejan para describir realidades como ésta nos llevan a no apreciar en toda su magnitud el verdadero calado de una situación que sólo en México supone el desvío de casi 23.000 millones de euros. La falta de control de los Estados y su ineficacia a la hora de penar el delito favorece que la defraudación se propague en una región en la que el impuesto sobre la renta recae sobre todo en las empresas y no en los particulares y en la que la economía sumergida ocupa además un espacio demasiado grande.
Huyamos o no del corsé de los números, la fórmula que deberían aplicar los mandatarios de los países que conforman América Latina para incrementar la recaudación fiscal podría estar en una mayor presión fiscal, más peso de los impuestos directos y menos fraude tributario. Esto permitiría mejorar la distribución de la riqueza ingresos entre la población y la puesta en marcha de servicios públicos que beneficien a toda la población, no sólo a las clases ricas.
