La Justicia del horror
Para Francisco Márquez Lara y Gabriel San Miguel
Hace ya muchos siglos San Agustín escribió estas palabras proféticas: «¿Si suprimimos la justicia qué son los reinos sino grandes latrocinios? ¿Y qué son pues los latrocinios sino pequeños reinos?»
Esa realidad desafortunadamente se ha cumplido, a carta cabal, en todos los regímenes totalitarios o dictatoriales, porque el objetivo ha sido siempre el de tapar las iniquidades y perversidades bajo un manto «formal» de legalidad, aunque sea en realidad todo lo contrario.
Así fueron las farsas judiciales en los llamados juicios de Moscú en la Unión Soviética, así fueron los juristas del horror en la Alemania Nazi, o los juicios contra la disidencia en Cuba.
En nuestro país, ya son tantos los casos, que enumerarlos cubriría mucho más que el espacio de este editorial, porque son ya demasiados los procesos amañados realizados por jueces accidentales que sentencian, no con base en el derecho y la justicia, sino conforme a los deseos políticos de los dirigentes del régimen en el poder.
La última y grotesca muestra de la justicia del horror y del terror es lo que hicieron con Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, a quienes encerraron en una cárcel de máxima peligrosidad sin asomo de un debido proceso y son condenados -sin juicio-, al estatus de preso común.
Estos jóvenes solo estaban cumpliendo con su derecho constitucional de brindar el apoyo de la MUD a los encargados de asistir a la población de Portuguesa, en la validación de sus firmas para el referéndum revocatorio.
La fabricación sin prueba alguna de un supuesto terrorismo que solo está en la cabeza de los que saben que están perdiendo el poder es una prueba fehaciente de que la nave del socialismo del siglo XXI ha encallado y se está hundiendo.
El país ya dio su respuesta en diciembre de 2015 y el 24 de junio pasado, y aunque no les guste a los jerarcas del régimen, el revocatorio será para ellos la mejor salida que les permita salvar algo del naufragio.
