11 de septiembre: Dos consecuencias
El 11 de septiembre fue el décimo aniversario de dos acontecimientos de igual importancia histórica pero muy diferentes consecuencias políticas hasta la fecha.
El primero de ellos -el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington- cambió la forma de vida no solo en EEUU sino en el mundo entero.
En el caso norteamericano, por razones ampliamente entendibles, se flexibilizaron nada menos que los principios fundacionales de aquella gran nación para adaptarlos a la triste realidad política que arropa al mundo contemporáneo por causas que no es del caso abordar acá.
Viajar en avión exige odiosas concesiones a la dignidad y la privacidad, ingresar a EEUU requiere someterse a la presunción de criminalidad a menos que uno demuestre lo contrario, abrir una cuenta u obtener un teléfono celular solo se logra luego de numerosos obstáculos, etc.
Como consecuencia del fatídico 9/11 (como lo llaman los gringos) siguió la invasión a Afganistán, el incremento del terrorismo global, de la inseguridad, etc. Es cierto que Osama Bin Laden fue «dado de baja» pero también lo es que el personaje fue exitoso en fregarnos la vida a todos por igual.
En cambio el segundo evento que conmemoramos, acaecido en Lima ese mismo día, fue la aprobación en Asamblea General Extraordinaria de la OEA de la Carta Democrática Interamericana (CDI) que en su artículo 1º consagra el principio cardinal de que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla».
Hay quienes opinan que la Carta es apenas una «declaración» y por tanto carece de la exigibilidad de un tratado formal. Tonterías. Es como afirmar que el homicidio no es delito si no se incluye en el Código Penal. Pero así como hemos afirmado que Bin Laden se salió con la suya obligando al cambio de las reglas de juego, nos vemos en la lamentable necesidad de reconocer que la CDI no ha pasado de ser un hito de importancia histórica pero con poca eficacia todavía como lo viene demostrando la vida política continental.
La ironía es que la primera vez en que la CDI se aplicó fue en abril de 2002 para restituir a Chávez quien desde Quebec en el 2001 había puesto todos los inconvenientes posibles al consenso que se iba construyendo. La otra ocasión fue en el caso de Honduras cuando el golpe de Estado de 2009 que resultó en la exclusión de ese país de la OEA pero sin poder revertir la situación política de facto creada.
Cierto es que las «Cláusulas Democráticas» se han puesto de moda en los organismos multilaterales del continente pero es evidente que por ahora no son más que un adorno conceptual de escasa eficacia salvo el caso de Mercosur en el que Venezuela no termina de ser aceptada por la negativa del congreso paraguayo que invoca el déficit democrático de nuestro país.
Sea como fuere, la inescapabilidad de la opción democrática como forma de gobierno gana terreno al menos en lo discursivo. Es responsabilidad de quienes se ocupan de los asuntos públicos (gobierno y oposición) procurar que esta conquista conceptual se torne en realidad.
