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CIDH exhorta a Gobierno a respetar derechos en marco de proceso electoral

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Venezuela a respetar todas las posiciones y derechos de las personas en el país en el marco del proceso de cara a las elecciones del 20 de mayo.

Consultada por la prensa en Santo Domingo sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, Esmeralda Arosemena, primera vicepresidenta de la CIDH, dijo que «corresponderá a la población venezolana asumir con patriotismo y fortaleza» este proceso y subrayó que «no es una situación sencilla».

«De allí mi llamado al respeto por todas las posiciones, por todos los derechos de todas las personas», señaló la también relatora para Ecuador, Guatemala y México después de presidir una audiencia sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por la justicia militar en Venezuela, en el marco del 168 periodo de sesiones que el organismo celebra esta semana en Santo Domingo.

Cuestionada sobre si en Venezuela se violan los derechos humanos, apuntó que en la nación suramericana «hay una normativa que requiere de una revisión para que se adecúe a los estándares».

En la audiencia pública realizada en la capital dominicana, representantes de la sociedad civil de Venezuela denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, una práctica utilizada «como herramienta de represión y persecución política».

En ese sentido, solicitaron al Estado venezolano cesar de inmediato la aplicación de la justicia militar a civiles y poner en libertad inmediatamente a los civiles presos por órdenes de tribunales militares, de acuerdo a la petición leída por Carlos Patiño, de Provea.

Igualmente, recomendaron al Estado venezolano adoptar los códigos, leyes y normativas militares a la Constitución y el establecer que civiles no sean juzgados en tribunales militares.

Justicia militar para todos

De acuerdo con los representantes de la sociedad civil, en el Gobierno de Nicolás Maduro «es cuando se ha recurrido a la justicia militar de manera más intensa, con más de 7.000 personas señaladas de delitos militares en 2017».

Pusieron el ejemplo del diputado Gilber Caro, detenido del 11 de enero de 2017 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y considerado como un «preso político» por la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero que, según el Ejecutivo, fue «capturado en flagrancia» en el estado Carabobo cuando «portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada».

A su turno, el Estado venezolano, a través del general Edgar Rojas, presidente de la Corte Marcial, afirmó que dentro de la justicia militar «se garantiza el debido proceso y los derechos humanos» y «los jueces son autónomos en el ejercicio de sus funciones y en los casos que les toca juzgar».

La CIDH, por su lado, recordó que en tiempo de paz los civiles no deben ser juzgados por militares.

En ese sentido, Esmeralda Arosemena, en sus declaraciones a la prensa, señaló que los militares están para garantizar la defensa de los territorios y la soberanía de la nación y no para actuar en contra de los civiles.

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