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¿Conoces la Nica Act aprobada por unanimidad por el Congreso de EEUU?

Este martes 12 de diciembre el Congreso de Estados Unidos (EEUU) aprobó por unanimidad la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), o Ley H.R. 1918, Ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense, a través de la cual impone sanciones económicas al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La «Nica Act» sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones «libres, justas y transparentes», de acuerdo con el texto de la legislación.

La normativa también limitará el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entrará en vigor una vez que la firme el presidente estadounidense, Donald Trump, para lo cual tiene diez días.

Pero ¿por qué el Legislativo estadounidense aprobó dicha norma?

La nación centroamericana, que arrojaba un buen desempeño socio económico con un crecimiento promedio superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según reportó el propio sector empresarial, atraviesa desde el 18 de abril de este año una crisis sociopolítica que ha causado cientos de muertos en ocho meses.
Después de su aprobación en el Congreso, el proyecto de ley de sanciones para el gobierno de Nicaragua queda en manos del presidente Donald Trump.

En esa fecha estalló una serie de eventos violentos activados por la intención de Ortega de modificar el seguro social del país. Como las acciones violentas no cesaban tras varios días de protestas, el Mandatario decidió echar atrás la medida, pero igual se mantuvieron las manifestaciones que abarcaban varias ciudades cercanas a la capital y a la propia Managua,  e incluían cierres de vías, quemas de desechos y cauchos.

Rápidamente las acciones derivaron en duros enfrentamientos entre los cuerpos policiales y los manifestantes, entre los cuales se contaban estudiantes de universidades privadas, e impidieron las actividades económicas y educativas y derivaron en la solicitud de renuncia al Presidente.

Mientras el Gobierno acusaba a los manifestantes de conspiradores, pues insistían en que se adelantaran las elecciones, los líderes opositores, así como los empresarios, acusaban al Ejecutivo de haber organizado grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes y violar los derechos humanos.

Como resultado ocurrieron muchas muertes y detenidos, que,  según la oposición ascienden a 545 muertos, y 674 «presos políticos», más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

Pero el Gobierno reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».

Ortega niega las acusaciones y asegura que se trata de un intento de «golpe de Estado».

Como consecuencia de las manifestaciones el país entró en una severa crisis política, pues, aunque la violencia ha cesado el país aún no está en calma y la economía se vio duramente afectada, lo cual derivó en que muchos nicaragüenses quisieron emigrar de su país para paliar la crisis.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reportó que la situación le ha costado al país unos 1.300 millones de dólares retrocedió lo avanzado en los últimos siete años.

Datos del Gobierno de Nicaragua indican que el país ha perdido 205,4 millones de dólares y más de 119.000 puestos de trabajo.

Tanto el Banco Central de Nicaragua como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han confirmado que la economía nicaragüense tendrá una contracción del 4 por ciento en 2018.

Según el Cosep, como producto de la crisis la economía de Nicaragua caerá 20 puntos porcentuales entre 2018 y 2019, si se toma en cuenta que perderá 8 puntos porcentuales en ambos años más otros 11 puntos que dejará de crecer, detalló la agencia EFE.

Crisis derivadas

Tras la aprobación de la Nica Act , el Parlamento de Nicaragua canceló de «carácter urgente» la personalidad jurídica al organismo defensor de los derechos humanos Cenidh y a la ONG dedicada a los derechos civiles Hagamos Democracia.

El hecho ocurrió dos semanas después de que Mark Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), anunciara que su país concederá 4 millones de dólares para organizaciones civiles nicaragüenses que están documentando «los abusos» y «violaciones» de Derechos Humanos.

El Legislativo, con mayoría sandinista, alega que estas organizaciones incitaron hechos para  «alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país», además de que reciben financiamiento de EEUU para incentivar la crisis política en el país.

La agencia de cooperación de EEUU, Usaid, ha otorgado unos 13 millones de dólares a grupos en Nicaragua en lo que va de año, según cifras oficiales.

El presidente Ortega pidió esta semana valorar la paz y criticó al «imperio», en referencia a Estados Unidos, por sus «múltiples intervenciones» a lo largo de la historia contra este país.

Recordó que EEUU logró imponer en la Presidencia de Nicaragua al general Anastasio Somoza García y luego a dos de sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, desde 1937 hasta 1979, «después de múltiples intervenciones que todos conocemos y lograron sostenerse casi por 45 años», reseñó EFE.

Por su parte, el gobierno venezolano rechazó la Nica Act y la tachó de “injerencista” y que “pretende coaccionar y condicionar el financiamiento internacional de organismos multilaterales hacia el Gobierno Constitucional, del presidente Daniel Ortega”.

Como se puede observar, la crisis nicaragüense sigue viva y, entendiendo que el presidente Trump firmará la ley y pronto entrará en vigencia, la mencionada norma afectará el acceso al dinero que necesita el país para salir de la crisis y conseguir financiamiento para sus obras, entre las cuales está la construcción de un segundo canal para unir a los océanos Pacífico y Atlántico, que tiene el aval del gobierno de China.

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