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Ecuador en la recta final

Poco a poco la ciudadanía define su intención de voto, aunque, según algunos analistas, el número de indecisos todavía es significativo.

La polémica y el debate no han faltado desde que la Asamblea Constituyente aprobó el texto de la nueva Carta Política el pasado 25 de julio en la ciudad de Montecristi, en el oeste del país.

Durante los últimos 40 días de campaña, grupos y actores sociales se han encargado tanto de alabar como de criticar artículos puntuales de la Constitución con el fin de incidir de alguna manera en el resultado del referendo que se celebrará este domingo.

Algunos analistas consideran que lo que se está viviendo en el país es la consecuencia de una necesidad de cambio que la sociedad ecuatoriana venía exigiendo desde hace varios años, aunque no todos coinciden que el cambio que propone la nueva Constitución sea el más adecuado.

¿Cambios?

El proyecto constitucional incluye algunas diferencias notorias con la Constitución vigente: la revocatoria del mandato presidencial, la posibilidad del presidente de disolver por una sola vez la Asamblea Nacional (Congreso), el marco para formar regiones autónomas y la creación de una cuarta función estatal (el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), entre otras.

Según los promotores del proyecto, de ganar el Sí este 28 de septiembre, el manejo del Estado y de sus instituciones será distinto, pero ¿cómo afectará este nuevo capítulo político a la vida diaria de los ecuatorianos?

Fernando Cordero, actual presidente de la Asamblea Constituyente en receso, cree que los ecuatorianos van a experimentar «cambios importantes» en su vida cotidiana.

«Vamos a ser más visibles, a participar más directamente en el ejercicio del poder local, llámese parroquia rural, municipios, provincias, es decir, no solamente vamos a poder quejarnos, sino que vamos a ser parte de la búsqueda de la solución de los problemas», afirmó a BBC Mundo.

En cambio Diego Pérez, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Francisco de Quito, cree que la nueva Constitución afectará «muy poco» el día a día de los ciudadanos.

«Ecuador ha tenido una veintena de constituciones y eso no significó necesariamente ningún cambio en la vida cotidiana de las personas».

«La (nueva) Constitución es muy vaga, muy larga, confusa y complicada y las constituciones no cambian necesariamente la vida del ciudadano de a pie, lo que cambia la vida de estos ciudadanos es vivir en un país en el que se respeten los derechos en la práctica», dijo Pérez a BBC Mundo.

«Buen Vivir»

La mayoría de cambios que propone el nuevo proyecto de Constitución se sostienen en el eje del llamado «Buen Vivir», una filosofía basada en el «Sumak Kawsay» de los pueblos indígenas andinos, un equilibrio entre la comunidad y el medio ambiente que busca mejorar la calidad de vida poniendo en un segundo plano el aspecto económico.

«Lo fundamental es entender que la Constitución es un pacto de convivencia en común que establece objetivos de mediano y largo plazo que al final buscan esto que hemos llamado el ‘Buen Vivir'», explica a BBC Mundo Hugo Jácome, profesor del programa de Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y asesor de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente.

Además de esos objetivos de largo plazo, Jácome considera que habrá otros efectos inmediatos de aprobarse la nueva Constitución, sobre todo en el tema de los derechos de las personas.

«Uno de los derechos que se aplica inmediatamente es el tema facultativo del voto para las personas de 16 años hasta los 18 años, así como el derecho al voto para militares, policías y para los extranjeros que viven más de 5 años en el país», explica Jácome.

«La educación pública será universal y gratuita hasta el tercer nivel, habrá acceso gratuito a la justicia, los padres de familia tendrán el derecho de paternidad en su trabajo y en el caso de las mujeres no podrán ser discriminadas por su condición de embarazo».

Otros efectos inmediatos

De ser aprobado el proyecto de Constitución la salud sería gratuita y universal. No se permitirá criminalizar la adicción a las drogas, a la vez que se la definiría como «un problema de salud pública».

Los emigrantes tampoco serán criminalizados y se reconoce el derecho de emigrar.

Se garantizarán los derechos de los emigrantes y sus familias en los países de destino, aunque el proyecto no explica cómo el Estado podrá ejercer estas garantías fuera de la jurisdicción ecuatoriana.

Además se prohibirá el trabajo a menores de 15 años, la educación será obligatoria hasta el bachillerato, se reconocerá a la familia en sus «diversos tipos» y las parejas homosexuales estarán amparadas por la ley con la unión de hecho, lo que les permitirá ejercer los derechos de una sociedad conyugal.

Algunos detractores del proyecto constitucional no cuestionan su contenido, sino la forma en que se pretende lograr todo esto, sobre todo en cómo será financiado.

«Si el Ecuador fuera en realidad como las constituciones quieren que sea, seríamos un paraíso terrenal, o uno de los países más perfectos del mundo», comenta Diego Pérez.

«Siempre hemos tenido constituciones amplias, generosas, llenas de derechos pero la práctica demuestra que no siempre se cumplen, entonces no basta con poner en una Constitución miles de derechos, literatura bonita y frases rimbombantes, sino que debe haber una cultura democrática en la sociedad y en las autoridades de respeto a los derechos, sino no sacamos nada, y mucho me temo que este sea el caso con esta Constitución desgraciadamente».

No es una varita mágica

Por su parte Fernando Cordero deja en claro que la Constitución no será una «varita mágica» que solucione conflictos de un día para el otro.

«La constitución es una puerta de esperanza, una puerta al cambio, y el cambio lo vamos a tener que construir nosotros. La Constitución es necesaria pero no es suficiente, tienen que venir las leyes, los reglamentos, pero además tiene que haber un cambio de actitud».

«La Constitución va a ser la herramienta que posibilite este cambio y creo que serán necesarios 10 años para ver los primeros resultados y 20 para realmente poder hablar de un nuevo país».

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