EE. UU. sanciona a presidenta del CNE y otros 3 funcionarios de Maduro
Estados Unidos no baja la guardia en su política de presión contra funcionarios vinculados con la gestión de Nicolás Maduro. Este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, así como al rector José Luis Gutiérrez, además del procurador general oficialista, Reinaldo Muñoz Pedroza y el exgobernador del estado Anzoátegui, David De Lima, que según Washington, han sido figuras clave «que han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela».
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo consideró que el trabajo de Alfonzo y de los otros individuos sancionados busca «ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas» y consideró que el nombramiento de un CNE «títere» quiere socavar a la Asamblea Nacional, que Washington considera la «única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela».
Asimismo, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin recalcó que la Administración Trump «sigue comprometida con atacar al régimen ilegítimo de Maduro y sus partidarios mientras buscan fortalecer su control sobre el poder».
Alfonzo y Gutiérrez cómplices
Detalla el comunicado del Departamento del Tesoro, que la Corte Suprema de Justicia madurista nombró en junio de 2020 un nuevo Consejo Nacional Electoral «alineado con el régimen, subvirtiendo un poder otorgado a la Asamblea Nacional bajo la Constitución de Venezuela», señalando que la designada presidenta del tribunal electoral, Indira Alfonzo y el rector José Luis Gutiérrez, forman parte de la constelación de esfuerzos que Maduro ha realizado para garantizar una farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020.
Alfonzo ya fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá«en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas» que se celebraron entonces y en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.
Del mismo modo, cabe recordar que el sancionado rector es hermano de José Bernabé Gutiérrez, quien preside la junta ad hoc nombrada por el TSJ para dirigir al partido Acción Demócratica.
Muñoz Pedroza colaborador
Asimismo, señala la OFAC que el mismo TSJ oficialista nombró a Reinaldo Muñoz Pedroza como procurador general de la República, una decisión que fue rechazada por la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, que instó a las autoridades extranjeras competentes a sancionar al funcionario y a los abogados nombrados por él «por su colaboración política con el régimen ilegítimo de Maduro, que obstaculiza la legítima defensa de los intereses venezolanos y la transición de la nación a la democracia».
De Lima corruptor
En cuanto a David De Lima, exdiputado y exgobernador de Anzoátegui desde 2000 hasta 2004, el Departamento del Tesoro lo vincula, junto con el actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el colombiano detenido en Cabo Verde, Alex Saab, en la trama de corrupción de compra de los votos de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, conocida como «Operación Maletín Verde» y «Operación Escorpión», con el fin de socavar la reelección en enero de 2020 de Guaidó como presidente de la AN.
Para la OFAC el dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de El Aissami y Saab, a las que el Tesoro había atacado previamente con sanciones.
En este sentido, Washington sanciona a De Lima, dirigente del partido MAS, porque sus acciones «han buscado despojar a los partidos políticos de oposición de su capacidad para operar, al permitir a miembros corruptos de la Asamblea Nacional cooptar las marcas, logotipos, símbolos y tarjetas de propiedad de los partidos legítimos de oposición«.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca congelar todos los bienes que puedan tener en el país los cuatro sancionados y se les prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier ciudadano estadounidense; lo que en teoría les dificulta el acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar.
