Independentistas respaldan plan de Maduro de incluir a Puerto Rico en Celac
EFE – Organizaciones a favor de la independencia de Puerto Rico respaldan la propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que la isla caribeña ingrese en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, dijo que la iniciativa de Maduro significaría, de hacerse realidad, una «representación simbólica» del movimiento de liberación nacional de Puerto Rico en la Celac.
«Es un objetivo que tenemos presente y en el que trabajamos. Lo venimos apoyando desde que se fundó la Celac», sostuvo Martín sobre el objetivo de incluir a la isla caribeña en el organismo latinoamericano creado en 2010 en México.
Las palabras de Martín siguen al anuncio de Maduro, el miércoles, de que su país llevará a la Cumbre de la Celac, que se celebrará en La Habana los próximos días 28 y 29, una propuesta para que Puerto Rico ingrese a ese organismo.
«Le he dicho al canciller, Elías Jaua, que prepare un documento especial porque la delegación de Venezuela va a plantear la incorporación de Puerto Rico a la Celac», indicó Maduro durante un acto en homenaje al 55 aniversario del triunfo de la revolución cubana.
Maduro manifestó su esperanza de que «Puerto Rico tome el camino de América Latina».
«Más temprano que tarde también veremos la independencia de Puerto Rico, ¡que viva Puerto Rico libre!», exclamó.
Martín recordó que desde hace años se discute la posibilidad de incluir a algún representante de Puerto Rico en la organización «como una forma de dramatizar y subrayar el apoyo de la Celac a favor de la despenalización y descolonización» de la isla de EE.UU.
Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando pasó a ser jurisdicción estadounidense, y en 1952 firmó su constitución como Estado Libre Asociado a EE.UU, lo que le otorga una autonomía limitada en asuntos como acuñación de moneda, defensa y protección de fronteras
Los puertorriqueños tienen derecho a la ciudadanía estadounidense desde que EE.UU. lo autorizó en 1917 a través de la Ley Jones, aunque no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de ese país y, entre otras diferencias, no pueden votar en las elecciones presidenciales.
El presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Héctor Pesquera, destacó a Efe que desde la fundación de la Celac el organismo latinoamericano «está incompleto» sin Puerto Rico.
Pesquera agradeció a Maduro por «reconocer la realidad de que Puerto Rico no puede estar fuera del cónclave latinoamericano» e insistió que esa oportunidad permitiría a la isla «salir de las cadenas coloniales y convertirse en una república».
Indicó que la representación de Puerto Rico en la Celac consistiría en una silla como país observador.
«Es un paso más audaz y concreto en esa dirección de incorporar a Puerto Rico a ese cónclave internacional», reconoció Pesquera, ya que, dijo, de esa manera se abre la discusión de la unión de Puerto Rico a América y el Caribe.
Pesquera dijo que la relación entre los movimientos independentistas y el Gobierno venezolano es «de mucha cooperación» al tener las puertas abiertas para participar en distintos eventos.
Pesquera indicó además que una delegación de líderes independentistas puertorriqueños viajará a La Habana el próximo día 26 para participar de la Cumbre de la Celac con el objetivo de informar sobre la lucha por la independencia de Puerto Rico.
Subrayó que entre los líderes que acudirán a la cumbre destacan Wilma Reverón, copresidenta del MINH, y Marilú Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista.
La Celac celebrará en La Habana su tercera cumbre tras ver la luz en diciembre de 2011, en Caracas, como único organismo panamericano en el que no toman parte ni Estados Unidos ni Canadá.
La organización, que recogió el patrimonio del Grupo de Río, ha estado bajo presidencia cubana y chilena durante sus dos primeros años de vida, responsabilidad que en La Habana pasará a manos costarricenses.
La Constitución puertorriqueña, aprobada por el Congreso de EE.UU. y en vigor desde el 28 de julio de 1952, se supedita a esa cámara, lo que implica además que las decisiones del Tribunal Supremo local puedan ser recurridas ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
