Orden de detención contra Uribe, ¿ruido o realidad?
El fallo de un tribunal de Sincelejo que ordena detener al Presidente por tres días se conoció justo el día en que se inicia el paro de la rama judicial, la misma que demandó al mandatario por no subir sus salarios. El gobierno dice que no hay fundamento para suspender las actividades de los juzgados.
Este miércoles 3 de septiembre, día en que se inicia un paro indefinido de funcionarios de la justicia en el país, tres conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo dieron a conocer su decisión de ordenar el arresto del presidente Álvaro Uribe y otros altos funcionarios.
Según el Tribunal el presidente desacató el cumplimiento de una tutela que ordenaba el reajuste salarial de 148 funcionarios de la Rama Judicial.
Los funcionarios afectados demandaron ante el Tribunal Superior de Sincelejo, que delegó como conjueces a los abogados Freddy de la Ossa Badel , Gustavo Adolfo Lions y Saúl Vega, quienes tomaron la decisión.
Pese a que la decisión se tomó el pasado jueves, sólo se publicó este miércoles, cuando se inicia un paro indefinido convocado por Asonal Judicial, el sindicato de trabajadores de la rama judicial, quienes reclaman precisamente una mejora en sus salarios y condiciones laborales.
El fallo del Tribunal de Sincelejo debe ser ahora revisado por la Corte Suprema de Justicia. Las probabilidades de que la Corte haga efectivo el fallo son mínimas.
La orden de detención por tres días afectaría también al ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio; al de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; a la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería; al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, Fernando Carrillo Rubiano.
“Causa mucha sorpresa que un tema de carácter económico y tan sensible para la economía de un país como la nivelación salarial que tiene que ver con disposición presupuestal, con toda la economía del Estado, se tramite por vía de tutela”, dijo el magistrado Jesael Giraldo Castaño, presidente Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encarga de gestionar los recursos para la rama judicial en el país.
La decisión de los conjueces podría ser revocada.
Frente al paro y la decisión de los conjueces, qué en últimas tienen detrás el mismo reclamo, el gobierno ha argumentado que ha tomado varias medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial. Con esto el gobierno cree tener argumentos para demostrar que no hubo negligencia, que es lo único que podría justificar el fallo desde Sincelejo.
“El Gobierno del señor Presidente Álvaro Uribe, mediante un gran esfuerzo fiscal, ha cumplido con las obligaciones incrementales del salario de los funcionarios de la Rama Judicial, aún de aquellas contraídas por anteriores administraciones”, dijo el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio en un comunicado.
Y argumenta que “las cifras del presupuesto nacional indican claramente el creciente apoyo que este Gobierno ha brindado a la Rama Judicial. Obsérvese cómo la apropiación presupuestal de la vigencia 2002 ascendió a 765 mil millones de pesos, en contraste con la presente vigencia fiscal de 1.4 billones de pesos. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, en el 2002 la Ley de Presupuesto apropió 612 mil millones de pesos, mientras que la presente vigencia fiscal dispone de 1.2 billones de pesos.
Por eso, dice el Ministro, no se justifica el paro y hace un llamado a un diálogo en vez de suspender las actividades del sector judicial, decisión que afecta a cientos de colombianos.
