Perú: Sale de prisión Keiko Fujimori y se realiza prueba de covid-19
La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y líder del movimiento político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió este lunes en libertad por segunda vez en cinco meses, después de que la Justicia revocase nuevamente la medida de prisión preventiva por presunto lavado de dinero.
Fujimori fue puesta en libertad condicional en el momento más crítico de la pandemia del covid-19 en Perú, después de que denunciase el riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel, igual que decenas de mujeres ancianas, embarazadas o con hijos menores de tres años con las que compartió reclusión. Hasta ahora en ese país se han reportado más de 47 mil contagiados por la enfermedad, con 1.344 víctimas mortales.
Ante la situación generada por el coronavirus, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado otorgó el jueves la libertad condicional a Fujimori bajo fianza de 70.000 soles peruanos (alrededor de 205 dólares).
Según esa resolución, Fujimori deberá comparecer ante el juzgado una vez al mes, no cambiar de domicilio sin avisar antes al juez que tutela la investigación y no comunicarse con los demás imputados en la investigación.
Precisamente la razón por la que Fujimori estaba en prisión preventiva era el peligro de fuga y la obstrucción de la investigación tras reconocer varios testigos del caso que habían sido presionados para no declarar contra la máxima responsable del partido fujimorista.
La heredera del expresidente Fujimori ingresó por primera vez en prisión preventiva a inicios de noviembre de 2018 y logró recuperar la libertad a finales de noviembre de 2019 gracias a una polémica decisión del Tribunal Constitucional, pero dos meses más tarde la Justicia ordenó que volviese a prisión provisional hasta este lunes.
Durante su tiempo encarcelada, Keiko perdió todo el poder político que tenía tras las elecciones de 2016, pues el Congreso que el fujimorismo dominaba con mayoría absoluta fue cerrado constitucionalmente por el presidente, Martín Vizcarra, y el capital electoral quedó reducido a una mínima fracción a causa de las serias acusaciones de corrupción.
Tras salir de prisión, Fujimori se realizó en su hogar dos pruebas, una rápida y otra molecular de descarte del covid-19, e hizo un llamado a las autoridades para que solucionen el problema del hacinamiento en los penales durante la pandemia por el coronavirus.
«He salido con un nudo de la garganta al saber que hay tantas internas que, al igual que yo, viven en la angustia de no poder cuidar a sus familias y el miedo a morir por coronavirus. Y esa angustia es compartida por los sacrificados servidores del Instituto Penitenciario, que están expuestos todos los días a perder la vida«, expresó en el video Fujimori.
Jueces se defienden y Fiscalía apelará
Mientras tanto, el Poder Judicial peruano rechazó las críticas hacia los jueces superiores Sonia Torre Muñoz, Rómulo Carcausto y Edgar Medina debido a que estas “menoscaban su honorabilidad” y la autonomía de su cargo luego de que decidieran cambiar la orden de prisión preventiva por la de comparecencia con restricciones en el caso que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular
Asimismo, apuntaron que los jueces cuentan con absoluta autonomía en la toma de sus decisiones y criticó que determinados grupos hagan uso de medios de comunicación “para diseccionar” los fallos de los operadores de justicia.
Por otra parte, la Fiscalía peruana, que ya anunció que iba a recurrir la decisión de la Justicia de liberarla nuevamente, ultima su investigación por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas para las elecciones presidenciales de 2011 y 2016, donde en ambas Fujimori se quedó muy cerca de ser la primera presidenta de la historia de Perú.
Los fiscales a cargo del caso le imputan a Fujimori haber ocultado bajo una contabilidad ficticia millonarias donaciones de grandes empresas tanto peruanas como extranjeras. Entre los aportes investigados está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.
