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AN llevará persecución a militares a entes internacionales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes investigar al alto mando de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM), por las denuncias de «persecución» contra militares y aseguró que serán llevadas a «las respectivas instancias internacionales».

Tras una sesión a la que solo acudieron los diputados opositores, se acordó el inició del procedimiento «de manera inmediata» contra el director de la DGCIM, el general Iván Hernández; el jefe de Investigaciones, el coronel José Franco Quintero, y su cadena de mando.

Todos ellos serán investigados «por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los derechos humanos de decenas de presos políticos», dicta el texto oficial.

Los parlamentarios también responsabilizan al alto mando militar por «la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso de los mismos».

Asimismo, el Parlamento prevé llevar estos casos hasta «las respectivas instancias internacionales en acompañamiento a las gestiones realizadas por familiares y los abogados de los detenidos arbitrariamente, así como solicitar la solidaridad y apoyo ante tan delicada situación».

Los diputados opositores sostienen que en los últimos años se ha llevado a cabo «la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, pues esta ha sido empleada como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad».

El debate se dio a propósito de la detención de varios implicados, algunos de ellos militares, en un supuesto plan de conspiración financiado por factores políticos de Colombia y los Estados Unidos, según el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según cifras del Foro Penal al menos 40 militares han sido detenidos en el país en lo que va de año, la mayoría de ellos acusados de delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín.

En medio de este escenario, la Asamblea Nacional exigió hoy «la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares» detenidos por expresar sus ideas, además de las garantías de un debido proceso.

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