AN y Ejecutivo preparan norma para evitar desalojos forzados
La Asamblea Nacional y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, preparan una resolución para evitar los desalojos forzados de inquilinos, mientras redactan la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
El primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, presidió la mesa técnica que se reunió este miércoles en el despacho de vivienda, y a la cual asistieron representantes de la Procuraduría, con quienes adelantaron sobre lo que podría ser el mandato que evitaría el desalojo de unas 500 mil familias, solamente en el área metropolitana de Caracas. «Hay que ponerle coto a la manera arbitraria y violenta en que se está produciendo ese tipo de desalojos (…) salvaguardando el derecho de la persona que vive como inquilino y no puede ser sacada violentamente a la calle, perjudicando a las familias, a los niños, y al mismo tiempo ocasionando la pérdida de enseres y de bienhechurías», argumentó. Anunció que «en menos de una semana podemos tener la resolución que analice los desalojos, redimensione la Dirección de Inquilinato y dé otras facultades al ministerio para que garantice ese derecho humano y que se siga el debido proceso en cada caso».
«Bolsa Pública de Valores»
La creación de una Bolsa Pública de Valores para transar títulos del Estado venezolano será incorporada al Proyecto de Ley del Mercado de Valores que será considerado la próxima semana por la Comisión de Finanzas, anunció Ricardo Sanguino, presidente de la instancia. «Se está incorporando la posibilidad de que los títulos valores que serán autorizados por el BCV y que emitan los entes del Estado venezolano, van a ser transados en una bolsa pública de valores», reiteró. Sobre el ente rector de la Bolsa Pública de Valores, precisó que pudiera ser la Superintendencia, como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Dijo que se mantiene en el proyecto que los títulos valores emitidos por el sector público no podrán ser transados por las casas de bolsas, ni los corretajes de valores. Sin embargo, se acordó la incorporación de una disposición transitoria donde se establece un tiempo para que los activos que aún mantienen las casas de bolsa de los entes públicos, sean liquidados, lo cual será una potestad de la Superintendencia de Valores reglamentarlo, tal como se establece en el nuevo instrumento.
