Casos de tortura en 2019 aumentaron un 526,6 % bajo la administración de Maduro
Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a través de una rueda de prensa, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos (DDHH) del Gobierno interino de Venezuela, Humberto Prado, aseguró que desde la llegada de Maduro al poder en 2013 han muerto 72 personas a causa de torturas.
Esta cifra proviene de la ONG PROVEA que también señala que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6 % en comparación con el año anterior.
«Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares”
Humberto Prado
Prado detalló que para 2020, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática «por parte de la administración de Nicolás Maduro»: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47 % militares.
Torturas en zonas militares
Por otra parte, indicó que en algunos casos los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos destinados para tal fin y que según un estudio que entrevistó a víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela determinó que el 100 % de los casos de tortura habían ocurrido en centros de detención o zonas militares.
Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables. “En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.
A juicio del comisionado presidencial para los Derechos Humanos, la administración de Maduro tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura. Entre ellos, destaca la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad.
Al culminar la rueda de prensa y entrar a la ronda de preguntas, un usuario saboteó las declaraciones con insultos y música a todo volumen, seguidamente el Gobierno interino aseguró que la administración de Nicolás Maduro fue quien ejecutó esta acción.
