Correa: Hay voluntad de informar pese a presiones y la censura
Por: Crisis en Venezuela
El nombre de Carlos Correa es ampliamente conocido entre periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social en Venezuela por ser un defensor del derecho a la libertad de expresión e información, labor que en los últimos años ha sido más intensa debido a las presiones del Gobierno sobre el mensaje como expresión de la sociedad divulgado por los medios.
Correa es comunicador y docente universitario, pero su desempeño más visible es por su emprendimiento social: la organización no gubernamental Espacio Público, “una asociación civil, sin fines de lucro, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno, que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social”, como se define en su página web.
Eso ha hecho que su nombre tenga una fuerte presencia entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país y haya trascendido al plano internacional en las instancias donde se debaten estos temas.
En el informe “Situación del derecho a la libertad de expresión”, presentado por la organización liderada por Correa, que abarca desde enero a septiembre de 2017, quedaron registradas 887 violaciones a la libertad de expresión, que incluye intimidación, agresión, censura, restricciones administrativas, hostigamiento verbal, amenazas, hostigamiento judicial y ataques, en las que hubo 777 víctimas.
A raíz de la polémica “Ley contra el Odio”, Carlos Correa ha sido invitado a cantidad de programas de radio, entrevistas en medios impresos, portales digitales y emprendimientos de TV por Internet para analizar el contenido de esta normativa y sus posibles consecuencias ante un panorama que ya de por sí lucía bastante devastador para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
—¿Qué opina de que funcionarios sin experiencia en materia de libertad de expresión estén legislando al respecto e imponiendo las normas para el ejercicio de este derecho?
En principio hay que tener claro que esa no es una ley, porque no la discutió ni aprobó la Asamblea Nacional que es a la que le corresponde hacer esa función; la Asamblea Constituyente no tiene facultades para ello, así que esa “norma jurídica” no es una ley, esa es la primera consideración.
La segunda es que se trata de una aberración porque está en clara contradicción con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, tiene varios problemas: abusa de la figura de la penalización asociada a los delitos de opinión porque no persigue los actos de odio como tal, sino la expresión de odio, hace una definición vaga, genérica de los delitos o potenciales delitos y establece unas sanciones penales muy duras de entre 10 y 20 años de prisión, entonces, por ejemplo, la expresión de odio sería castigada más fuertemente que un homicidio asociado al odio.
También prevé unas penalizaciones muy duras para medios o intermediarios porque si al gobierno le parece que se publicó una expresión de odio otorga 6 horas para retirarla, si no se hace habrá una sanción de entre 4% y 5% de los ingresos fiscales brutos de ese medio, no establece con claridad quién es el responsable: si el sitio web, el proveedor de Internet, el intermediario de la red social, la persona que sube los contenidos o quienes replican la información… Todo eso aparece de manera muy vaga.
Además, incorpora sanciones al derecho a la asociación porque señala que va a ser perseguido el acto de odio, por ejemplo, podrían ser castigados quienes participen en una manifestación para exigir el derecho a la salud porque para el gobierno eso sería un acto de odio. Es una norma que busca fortalecer la autocensura, generar miedo y reprimir el debate en la sociedad; es una norma profundamente regresiva y discriminatoria porque las expresiones de odio solo podrán venir del Gobierno.
—El argumento del Gobierno es que el odio está enquistado en la sociedad y hay que proteger a la población de eso
El odio está enquistado en la medida en que haya un discurso polarizante desde el poder, que ve y califica a su contrario como enemigo y no como adversario, que se refiere a ese enemigo con adjetivos calificativos y no por su nombre; que es homofóbico y expone la preferencia sexual del otro con términos peyorativos.
Ese es el otro problema, el victimario en el papel de santo. Hay una exacerbación de lo políticamente incorrecto para imponer restricciones, por ejemplo, dejando a un lado esta norma, recordemos la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que se supone que fue creada para promover la TV para los niños, niñas y adolescentes, pero con el paso de estos años no tenemos mejor televisión para ellos, no hay programas para fortalecer su formación, para prevenir el embarazo adolescente, para fortalecer la identidad nacional efectiva, no esa cosa telúrica de pretender que todos somos llaneros. ¿Dónde está eso? Para eso no sirvió la ley, sino para castigar a los medios que eran críticos al Gobierno, más bien esa ley acabó con expresiones de la cultura venezolana como la industria de la telenovela, en tal caso debió haber conversado con los productores para que trataran los temas de interés público y abordaran los problemas de la juventud, pero eso no ocurrió.
Más odio es discriminar al otro por pensar distinto, botarlo del trabajo por no pegarse a las líneas partidistas, no beneficiarlo con el CLAP por no apoyar al gobierno; no darle acceso a la población a los medicamentos, a la alimentación, eso además es una política de violencia institucionalizada desde el Estado que evidentemente en algún momento se puede revertir en odio.
—¿Cree que las presiones del gobierno hacia los medios y periodistas ha logrado autocensurar e intimidar o más bien ha surtido el efecto contrario?
Hay de todo, creo que el periodismo venezolano ha sabido responder, también porque las audiencias se han ido a donde encuentran la información: por ejemplo, cerraron RCTV en señal abierta y la gente se fue al cable; la emprendieron contra Globovisión y se fueron a la radio, cerraron las emisoras y sacaron del aire los canales internacionales, pues buscaron las redes sociales.
Es un proceso permanente de reacomodo de esas audiencias para ir a encuentro del periodismo independiente o crítico porque a su vez los periodistas y los medios han buscado esas vías para mantener sus audiencias, si ellos se sienten en una situación debilitada recurren a otros espacios para seguir haciendo su trabajo. En Venezuela sigue habiendo la voluntad de informar pese a las presiones y la censura.
—¿Cuáles son los patrones más recurrentes de acoso a la libertad de información?
Según el monitoreo que llevamos vemos que hay patrones comunes tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro, como la descalificación y citar medios de comunicación y periodistas como enemigos y traidores; luego se ha sumado la violencia impune, especialmente cuando hay movilizaciones de calle en las que aumentan las agresiones a periodistas: maltrato verbal, golpes, robo y destrucción de equipos.
Hemos notado recientemente que ese patrón antes era disfrazado porque lo cometían terceros, ahora son directamente funcionarios uniformados los que hacen mucho daño; y este 2017 hemos estado frente a la violencia institucionalizada; es decir, más de 50 periodistas han sido detenidos o sometidos a procesos judiciales, expulsión de periodistas extranjeros; bloqueo del gobierno a sitios web, y hay una preocupación especial por censurar: prohibir la circulación de determinado mensaje, borrar fotografías, impedir que ciertos medios circulen, censurar temas como inflación, desabastecimiento, la situación de los hospitales para intentar invisibilizar temas que al gobierno le podría molestar.
—¿En qué etapa ha habido más acoso o amenazas a la libertad de expresión y a la liberta de información, cuando Chávez o ahora con Maduro?
Es difícil de comparar. En 2002, tras el golpe de Estado, el Gobierno reconfiguró el aparato comunicacional, pues desde un principio fue muy cuestionador con los medios de comunicación, la política de hostigamiento y descalificación hacia los medios no ha variado en líneas generales, pero los años en que ha habido más casos directos de agresión y acoso son 2014 y 2017.
La llegada al poder de Nicolás Maduro con un margen de triunfo tan pequeño generó en él una mayor susceptibilidad y crítica hacia los medios de comunicación. Si nos guiamos por números diríamos que el gobierno de Maduro ha sido más represivo, desde 2014 con la salida del aire en Venezuela de canales internacionales y el cierre de tantas emisoras, pero a la final es la misma política y la misma lógica de escalamiento; por ejemplo, Maduro consolida la información oficial de los índices del Banco Central y permite algo que Chávez nunca hizo y es que sus aliados compren medios.
—En medio de todo este panorama, ¿en qué se ha enfocado el trabajo de Espacio Público?
Espacio Público nació en 2002, somos una organización de derechos humanos especializada en libertad de expresión y nos enfocamos en tres grandes programas:
1) La documentación de la situación de libertad de expresión en Venezuela que básicamente de lo que se trata es de hacer monitoreo en esos temas con perspectiva de derechos humanos y de allí hacemos un informe anual y tenemos una base de datos que sistematiza los patrones.
2) Hacemos investigaciones de información pública, que es un componente de libertad de expresión que trabajamos en lo que se denominan derechos vinculados como reunión o asamblea pacífica y derecho a la manifestación. Esos informes permiten ver cuáles son los patrones que tienen más recurrencia y evaluar las políticas estatales,
3) Tenemos el Observatorio Social que es un programa que monitorea situaciones de libertad de expresión y manifestaciones, un programa de responsabilidad social en medios de comunicación que se encarga de fortalecer el tejido con la sociedad a través de la cobertura socialmente responsable con el uso del lenguaje, las herramientas y las redes para el ejercicio de ese derecho y un programa de defensa de procesos en litigio tanto en el ámbito interno como en el internacional de casos de acceso a la información pública, que incluye el acompañamiento de víctimas.
Participamos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desde hace unos años lo hacemos también en el de Naciones Unidas. Actualmente, tenemos casos en ambas instancias, es un trabajo permanente.
Desde nuestros inicios llevamos adelante un programa sobre cómo usar la libertad de expresión para defender los derechos, no explícitamente, sino para que de alguna manera se entienda la importancia social de la libertad de expresión en la defensa de otros derechos.
Para ello hicimos un esfuerzo muy importante en definir el lenguaje de precisión y cómo hacer cobertura socialmente responsable con perspectiva de derechos humanos.
También desde 2006 o 2007 trabajamos en fortalecer capacidades para el uso de redes sociales en Venezuela, pero últimamente estamos enfocados a ayudar a pequeñas organizaciones de la sociedad civil para que hagan su plan de medios especialmente en un ambiente de tantas restricciones.
—¿Cómo ha sido la respuesta de las instancias internacionales a los casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela?
El tema de la libertad de expresión y de información en Venezuela está presente en las instancias internacionales, y nosotros estamos muy enfocados en documentar los casos y presentarlos antes esas instancias, pues esa tarea es la que permite soportar las denuncias, así como los informes que llevamos a la comunidad internacional.
También nuestra labor ha servido para que organizaciones extranjeras que vienen a Venezuela a hacer sus propios informes tengan acceso a las víctimas a través de nosotros. El primer impacto del trabajo es la visibilidad; pero hay que estar claros en que los casos de litigio en el ámbito internacional son muy lentos.
Hemos participado en más de 30 audiencias en 17 años en el Sistema Interamericano, y también hemos facilitado la presencia en esas instancias de otros factores de la sociedad venezolana en temas vinculados a libertad de expresión.
—La pregunta es porque generalmente esas instancias emiten exhortos que resultan simbólicos frente a un gobierno que es sordo ante los llamados de la comunidad internacional…
Esa percepción es precisamente la que el Gobierno quiere que la gente tenga. Pero no es algo simbólico, si no se hubiese denunciado ante el mundo el gobierno habría arrasado con los medios mucho antes, por algo el Estado responde a los llamados de la Comisión, sigue participando en ella y cuando salen algunos comunicados responde públicamente, porque entienden que sus acciones tienen un costo; además creo que en algunos casos esos exhortos o llamados han frenado hasta cierto punto algunas medidas o reducido su aplicación. También el gobierno se da cuenta que los ataques a la libertad de expresión les pasa factura, como cuando perdió la reforma constitucional después de cerrar RCTV. Pero ante todo, el proceso de acompañar a las víctimas ejerce un efecto reparador en ellas porque sienten que tiene a dónde ir para ser escuchadas, a quién recurrir, y eso es algo esencial para mantenernos trabajando.
—¿De ese monitoreo que ustedes llevan cuántos canales, emisoras de radio y medios impresos han cerrado en 2017?
Emisoras de radio nacionales o regionales van 50 cerradas, 8 canales de TV bien sea cerrados –en el caso de regionales– o internacionales suspendidos, 16 medios impresos salieron parcialmente de circulación (por días o semanas) y 6 suspendieron indefinidamente su circulación.
En este momento es muy difícil encontrar medios televisivos en el país que aborden a profundidad el problema venezolano.
En el caso de los medios impresos la presión es a través del papel como medio de castigo, los medios de comunicación están muy debilitados; es decir, la economía venezolana en conjunto lo está y los medios que son empresas privadas no escapan a esa realidad. Por eso ahora varios se han convertido en proyectos digitales o se han vuelto semanarios y a diario solo tienen presencia en la web. Pero es importante señalar la gran distorsión con los periódicos del Gobierno (sean gratuitos o no) que sí tienen papel, importado a tasa de 10 bolívares por dólar, al que solo él pueden exceder.
—¿Cómo hacer para que los periodistas se protejan del acoso del Estado al momento de ejercer su labor?
En 2016 hicimos un manual de protección para periodistas que incluía seguridad digital y física, qué hacer en caso de allanamiento de medios, y sobre eso formamos a una cantidad de personas, cerca de 500, que a su vez multiplicaron ese aprendizaje en el interior del país.
Luego, tenemos programas de protección de periodistas en riesgo que comenzamos a hacer últimamente para cuando vayan a las manifestaciones, cómo cubrirlas sin correr riesgo, etcétera. Son iniciativas que dan nociones y a partir de allí las fortalecemos con la creación de redes de protección; es decir, con apoyo y representación legal.
—¿Cómo ve el futuro de la libertad de expresión en Venezuela a raíz de la Ley contra el Odio?
No sé a qué orilla vamos a llegar, aunque es evidente la intención represiva y restrictiva por parte del gobierno, pero hay enormes esfuerzos de gente haciendo su trabajo de informar en medio de enormes dificultades, es una pelea desigual y una disputa permanente. Pero hay que tener en cuenta que estamos ante una profundización de la crisis política y social, y habrá que ver cómo se va a expresar esa insatisfacción, ¿acaso el dolor que está sufriendo la sociedad venezolana no va a tener espacio en los medios de comunicación? Si lo tiene, cómo construye tejido social, el hecho de que haya una profunda crisis social no necesariamente se traduce en una masiva movilización política, pero sí es un factor muy importante a tomar en cuenta, así como todo ese movimiento de la geopolítica internacional hacia Venezuela que incide en la sociedad venezolana y en los medios de comunicación venezolanos.
—¿Cómo califica al Gobierno?
Este gobierno no es una democracia; es un gobierno autoritario en el que no hay independencia de poderes, es una dictadura de este siglo, con unas caracterizaciones especiales, porque el hecho de que haya elecciones no se traduce en que hay democracia, pues para ello debe existir una serie de garantías, incluidas las condiciones de equidad para el otro y el respeto a la voluntad popular, que en Venezuela no están presentes. Un sistema de justicia pactado con el poder es otro elemento de la disolución de la institucionalidad democrática en Venezuela.
