En agosto se registró 27 ataques a defensores de DD.HH., dice ONG
La ONG detalló que de los hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), informó este lunes que en Venezuela se registraron 27 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en agosto. Además, aseguró que, aunque se trata de 46 % menos que en julio, son «agresiones más violentas».
La organización insistió, en su reporte mensual, en que los 27 ataques documentados en agosto dejan registro de «actos de intimidación, hostigamiento, amenazas bajo la aplicación de la lógica del enemigo interno en contra de quienes ejercen actividades de documentación y denuncian las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela».
Pese a que se registraron 23 ataques menos que en julio, cuando se contabilizaron 50 incidentes contra defensores y organizaciones de derechos humanos, se incrementó la violencia aplicada en la mayoría de casos.
La ONG detalló que de los hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas.
Apuntó que se mantiene la «política de criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos», al igual que las «campañas sistemáticas de estigmatización (…) señalamientos y descalificaciones».
«En agosto, persistió el discurso descalificatorio en contra de las organizaciones y personas defensoras, partiendo principalmente de expresiones de descrédito y acusaciones infundadas sobre el uso de la cooperación internacional con fines injerencistas«, subrayó.
En cuanto a los victimarios, 12 de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas, 7 fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, 4 por medios de comunicación estatales, 2 por funcionarios públicos y otros 2 por personas o grupos afectos al oficialismo, según la fuente.
La ONG recordó la importancia del trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos y exhortó al Estado a generar «mecanismos efectivos» para el «pleno y libre» ejercicio de acciones de defensa y acción humanitaria.
