Fiscalía informó que van 28 fallecidos durante las protestas
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, informó que subió a 28 la cifra de muertos por las protestas en el país y agregó que hasta ahora contabilizan 365 heridos, entre ellos 109 funcionarios de seguridad, reseñó globovision.com.
La fiscal aseguró que recibió mucha solidaridad tras su exposición en Ginebra y que sólo la representación de Estados Unidos presentó su desacuerdo, bajo el argumento de que en Venezuela no hay internet y tampoco libertad de expresión.
Indicó que eso fue inmediatamente rebatido por ella y pidió que se analice con objetividad y apegado a la realidad lo que pasa en Venezuela.
Ortega Díaz aseguró que es «irresponsable» decir que en Venezuela no hay libertad de expresión y que las autoridades hayan amparado y protegido a quienes violaron los Derechos Humanos durante las protestas del último mes.
«Quien viole los Derechos Humanos debe ser sancionado, pero también deben ser sancionados quienes ocasionaron la muerte de varios ciudadanos», acotó Díaz durante una Conferencia de Derechos Humanos de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), que se realiza en la ciudad de Ginebra.
Sobre posibles violaciones de DDHH, la fiscal general confirmó 42 investigaciones en curso con el objetivo de sancionar a los responsables. Reiteró que durante las manifestaciones se han incautado 25 armas de fuego, más de 200 artefactos incendiarios y material explosivo como C4.
Asimismo, indicó que las personas aprehendidas han sido presentados ante tribunales dentro del plazo de 48 horas luego de su detención.
Durante la conferencia, representantes de varios países mostraron su apoyo a Venezuela, como Cuba, Ecuador, Nicaragua, Rusia y China.
Por su parte, un representante de la secretaría de Estado norteamericana para la democracia, los DDHH y el trabajo, Scott Busby, denunció «las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y los periodistas».
Busby pidió una «investigación en profundidad» sobre la violencia y consideró «imperativo» una mediación que facilite el diálogo entre gobierno y oposición.
