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Gobierno interino denuncia más de 550 muertes por covid-19 con 13% de ellas en el sector salud

El Gobierno interino ha denunciado reiteradas veces que la administración de Nicolás Maduro no protege al personal de salud en medio de la pandemia del covid-19 y miente en las cifras, a la denuncia se une Amnistía Internacional quien alertó que el número diario de casos de contagiados reportados en Venezuela se ha acelerado al ritmo más rápido en las últimas semanas, y las autoridades están fracasando en las medidas para proteger a la población, en particular, a los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales y clínicas que están siendo gravemente afectados, e incluso están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales.

«Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de COVID-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

El Gobierno interino ha precisado que la cantidad de muertes por covid-19 son 561, «data que incluso no refleja la realidad» porque el subregistro se ubica por encima del 60%, según informó el diputado José Manuel Olivares. Esto quiere decir que de cada 10 decesos por coronavirus, 6 no se incluyen en las estadísticas de Maduro.

En cuanto al personal de salud, la ONG Médicos Unidos por Venezuela, reportó hasta el 18 de agosto, 76 trabajadores que perdieron la vida por haberse contagiado de covid-19, lo que representa basándose en la cifra de fallecidos que da Maduro un total de 26.4 % de los muertos por el virus en el país.

En este sentido, Amnistía Internacional ha reunido información que indica que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de COVID-19 sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas, el doble de la cifra de la semana anterior. Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que Maduro informó de sólo 1.148 nuevos casos de COVID-19 en todo el país el mismo 16 de agosto.

Destacó que aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha recibido información sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos durante la pandemia, incluidos muchos cuyo debido proceso ha sido violado al no ser informados de los cargos que se les imputan.

El ente internacional recuerda que la legislación laboral venezolana establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo, pero de acuerdo con la ONG local PROVEA, los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP). «En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces».

También ha habido alarmantes informes sobre delegados oficiales asignados a ciertos estados que visitan hospitales vestidos con equipo de protección completa, mientras las personas trabajadoras de la salud se quedan con muy poco equipo.

Por último, insta a Nicolás Maduro a hacer más para diagnosticar y evaluar adecuadamente las necesidades del país de recibir cooperación internacional en forma de donaciones, así como tomar medidas concertadas de reasignación de recursos para asegurar que las personas trabajadoras de la salud tengan acceso a guantes, batas quirúrgicas y mascarillas.

«El gobierno también debe asegurarse de que haya suficientes productos de limpieza y desinfectantes en los hospitales. Cerca de la mitad de los hospitales del país no tienen agua o sufren escasez de agua, y según las organizaciones de trabajadores, muchos de ellos no han sido desinfectados adecuadamente ni una vez durante la pandemia».

Exigencias para Maduro

El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció que el porcentaje de fallecidos del personal de salud en Venezuela es el más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo.

«Esta penosa situación es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones internacionales del régimen de dotar a los profesionales de la salud de todos los equipos e insumos de protección necesarios para desempeñar sus funciones con un mínimo riesgo de contagio», expresó.

En este sentido, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas exige a Nicolás Maduro y a los organismos internacionales con competencia en materia de salud los siguientes puntos:

1. Adoptar medidas urgentes para preservar la vida de los trabajadores de la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación.


2. Activar los mecanismos de dotación de equipos de protección personal a todos los centros de salud del país conforme a los estándares internacionales.


3. Supervisar que los trabajadores de la salud cumplan de forma permanente, sostenida y continua con los protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud, tanto en su lugar de trabajo como fuera de los centros asistenciales.


4. Garantizar que el personal de salud goce de condiciones de trabajo dignas en cuanto al salario, días de descanso, alimentación, transporte y acceso a servicios públicos.


5. Abstenerse de realizar cualquier acto de criminalización, amenazas, judicializar, y los ataques por parte de autoridades del regimen, en particular a través de canales de medios de comunicación de propiedad pública o presión contra los trabajadores del sector salud.

«Cantidad de contagiados superará capacidad de pruebas»

Por otra parte, el diputado y Comisionado Presidencial para la Salud y Atención sanitaria a los migrantes, José Manuel Olivares, advirtió que el crecimiento de la enfermedad superará pronto la capacidad diaria de hacer pruebas: “Llegaron a su máxima capacidad y nos van a decir que hay un aplanamiento de la curva, pero será artificial”.

En este sentido, denunció que en el país solo procesan pruebas dos laboratorios que maneja Maduro y que, además, tienen un retraso de 14 días para entregar resultados. Olivares señaló que en 24 semanas de cuarentena no se hizo nada orientado a preparar al país para la pandemia. Apuntó que si la administración oficialista hubiese invertido en crear capacidades, se habría podido habilitar al menos 16 laboratorios y se podrían realizar entre 6 mil y 8 mil pruebas diarias, con un lapso de entrega de 48 horas.

Olivares añadió que 65% de las emergencias y 75% de las terapias intensivas en el territorio nacional están ocupadas. Recordó que en Venezuela solo hay 146 ventiladores y 134 camas de cuidados intensivos: “Esto lleva al rechazo de los pacientes en los hospitales. No los pueden admitir… comenzamos a ver hospitalizaciones en sillas y pasillos de los centros de salud producto del colapso hospitalario”.

Por último el comisionado rechazó la adquisición de 18 mil unidades de Remdesivir por parte de la administración de Maduro como tratamiento contra el covid-19, porque no hay evidencia de mejora significativa en los pacientes infectados.

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