Actualidad Nacional

Gremios periodísticos deploraron detención arbitraria de Beatriz Adrián y Osmary Hernández

Diversos gremios de periodistas alzaron su voz en protesta a la retención que sufrieron este domingo las periodistas Beatriz Adrián, corresponsal de la cadena de TV colombiana Caracol, y su cólega Osmary Hernández, quien cumple la misma función para CNN en Español; mientras cubrían la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

La junta directiva de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) expresó, a través de un comunicado, «su enérgica protesta» por la «detención arbitraria» que sufrieron las periodistas.

«Las colegas se encontraban a las puertas de la estación del Metro Plaza Venezuela de Caracas en plena jornada de trabajo en la cobertura de los eventos noticiosos de la mañana de este domingo cuando cuando fueron cercadas por agentes uniformados del Sebin, quienes las apuntaron armas largas, las despojaron de sus teléfonos celulares y bolsos con sus efectos personales», precisó el comunicado de la APEX.

«Las agredieron físicamente y bruscamente las condujeron a la sede de esa policía política en Plaza Venezuela. Allí permanecieron detenidas ilegalmente durante aproximadamente media hora, confinadas debajo de una escalera, presas de la incertidumbre sobre la actuación de la cual eran objeto, hasta que fueron liberadas y sus enseres devueltos», agregó la misiva.

De igual manera, el escrito denunció que «los agentes del Sebin borraron del teléfono móvil el material de interés periodístico que había sido grabado por una de las corresponsales en el ejercicio de sus funciones profesionales».

Por otra parte, señaló que «las injustificadas agresiones contra estas periodistas conforman otra notoria violación a los derechos de expresión y de información; al trabajo de los corresponsales y periodistas en general y de la prensa en Venezuela».

A su vez, alegó que «esta detención arbitraria, sin cargos, órdenes, ni explicación alguna» van en contra de la legislación venezolana y la propia Constitución que contempla y consagra «las libertades de información y expresión» y se opone «a la censura previa».

«La intolerable detención de nuestras colegas corresponsales ha disparado nuevamente las alarmas de las organizaciones nacionales e internacionales, así como de las personas atentas al trabajo de la prensa en Venezuela», añadió el comunicado antes de afirmar que las periodistas retenidas recibieron «inmediatas muestras de solidaridad dentro y fuera del país».

Por último, reiteraron el llamado «a todas las autoridades venezolanas para que cesen los ataques a la prensa nacional e internacional» a la vez que las instaron a adaptar «su discurso y conductas a los cánones de respeto al trabajo de la prensa, de acuerdo a los valores y principios que han sido suscritos y asumidos por el Estado venezolano en convenciones y acuerdos internacionales».

CNP de Caracas: Agresión de periodistas se ha convertido en política de Estado

La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, también se pronunció en contra de la «detención arbitraria e ilegal» de las comunicadoras por parte de funcionarios del Sebin quienes, según el comunicado, las agredieron «física y verbalmente», además de apuntarlas «con armas» y despojarlas de «sus teléfonos celulares».

En este sentido, consideraron el hecho «como un nuevo ataque contra el ejercicio profesional del periodismo, por parte de un Gobierno que no cree en la libertad de prensa» y un claro desconocimiento de la Constitución y el resto de la legislatura vigente.

«La agresión a periodistas y hostigamiento a los medios se ha convertido en una política de Estado (…) lo que se traduce en una vida flagrante a los principios democráticos establecidos en nuestra carta magna», añadió el comunicado.

Asimismo, solicitaron «respeto a la institucionalidad democrática», la cual consideraron «vulnerada con la detención del diputado Guaidó».

Finalmente, exigieron al Gobierno «garantías para el libre ejercicio del periodismo y respeto a los poderes públicos», antes de exhortar a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a iniciar «una investigación inmediata que pueda determinar responsabilidades ante estos hechos» para lograr sanciones contra sus responsables.

 

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