Güiria sigue protestando exigiendo justicia por muertos en naufragio
Persisten las protestas del pueblo costero Güiria de donde salió la embarcación cargada de migrantes venezolanos que naufragó en ruta a Trinidad y Tobago, dejando un saldo oficial de 28 muertos.
Todos las personas a bordo del bote que salió el 6 de diciembre y naufragó eran de este pueblo, que se pasea entre la tristeza en cada funeral y la indignación por lo que aseguran fue una respuesta pobre en el rescate y en el control de operaciones de tráfico de personas.
«¡Justicia, justicia!», gritaban unos 800 manifestantes que marcharon desde la plaza del pueblo, donde está la iglesia, por las calles con pancartas, silbatos y banderas venezolanas, este jueves 17 de diciembre.
Las autoridades venezolanas, que abrieron una investigación, dispusieron desde hace dos días de un helicóptero para apoyar la búsqueda de víctimas de este naufragio, cuyas condiciones no están muy claras.
Tadira Mata, profesora de educación física, aseguró que la respuesta oficial llegó muy tarde.
«Desde el momento en qué pasó esto aquí no hubo quien ayudara, quienes salían a buscarlos eran los pescadores con su poquita gasolina», dijo a la AFP esta mujer que asegura perdió a 10 exalumnos en el naufragio.
Corrupción en el pueblo
«La corrupción es terrible en la Guardia Nacional, solo les interesa el dinero que le lucra la entrada y salida de los botes», criticó por su parte Carla, de 40 años, habitante del pueblo y presente en la protesta.
«No le importa la responsabilidad, ni que salga un zarpe, ni que haya nada legal para tener constancia de quién va, quién viene, qué cantidad de gente está saliendo porque entendemos que la gente se quiera ir, pero dale la oportunidad que se puedan ir legal».
El Ministerio Público anunció el mismo jueves que pidió la captura de siete militares de la Guardia Nacional por extorsión, como resultado de una investigación vinculada con lo ocurrido.
Las autoridades ya detuvieron a dos personas por el caso: el dueño de la embarcación y el propietario de la hacienda de la cual partió. Serán imputados, explicó el fiscal Tarek William Saab, por «tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir».
Según Saab, cada uno de los migrantes a bordo del bote pagó 150 dólares a lo que definió como una «mafia» de tráfico humano, sobre la que su despacho emitió cuatro nuevas órdenes de captura.
Con información de AFP
