Implicaciones de la Ley de Cooperación Internacional es punto de debate para las ONG
El Observatorio Social Humanitario (OSH) manifestó las implicaciones que tendría la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, y añadió que dicha legislación amenaza la atención de los venezolanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
“La pretensión de imponer una Ley que criminaliza la acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, a la vez que agrava las condiciones de operación de las distintas organizaciones que trabajan en la atención de los más vulnerables”, manifestó la OSH durante un encuentro virtual este 13 de mayo.
Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), aseguró que la legislación fue aprobada en una primera discusión en la Asamblea Nacional chavista.
“La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional. Más allá de recursos económicos, implica la asistencia técnica y relacionarse con organismos internacionales. El instrumento va en contra de esto porque las organizaciones visibilizan las violaciones a los DDHH y las necesidades humanitarias. Se pretende criminalizar una labor que es plenamente legítima”, manifestó.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que el proyecto de Ley es confuso y aseguró no tiene coherencia interna que permita una interpretación clara de la norma. “Pone a la ayuda humanitaria como una de las modalidades de cooperación, como una parte de la ayuda para el desarrollo (…) pero esto es cuando existen elementos de infraestructura y humano que están funcionando en el país. Una emergencia humanitaria implica una inexistencia del Estado donde tiene que prestar servicios fundamentales”.
Asimismo, alertó que la Ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos.
“Se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué”.
Por último, la presidenta de la Red Sinergia, Deborah Van Berkel, insistió en que el proyecto de ley quiere “controlar recursos económicos, técnicos, de intercambio que puedan realizar de manera autónoma todas las organizaciones de la sociedad venezolana como ONG”.
El pasado 6 de mayo, el Programa de Educación – Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) denunció a través de sus redes sociales que la Asamblea Nacional chavista quiere ilegalizar las ONG que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos con la aprobación de una ley «de cooperación internacional».
Provea enfatizó que al ser aprobada esta Ley se está “profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional”.
La organización señaló que desde agosto de 2019 miembros del parlamento chavista buscan aprobar ley para sancionar a aquellas ONG que reciban financiamiento del exterior. Diosdado, primer vicepresidente del PSUV, dijo que dicha legislación se aprobaría para «sancionar severamente» a los que reciban dinero de EEUU para «conspirar» contra Venezuela.
*Con información de 0800 Noticias
