Abogados de Guaidó piden a la Justicia británica aceptar sus actos sin cuestionamientos
La puja por el control del oro venezolano retenido en el Reino Unido continúa. Y es que este martes los abogados de la parte del presidente interino Juan Guaidó, aseguraron que la Justicia británica debe aceptar sin cuestionamiento alguno los actos y nombramientos del líder opositor, ya que el mismo ha sido reconocido por el gobierno londinense como jefe de Estado venezolano.
De acuerdo a lo manifestado por Andrew Fulton, tras haber chequeado por segunda vez el recurso ante el Tribunal Supremo, en virtud de la doctrina sobre Actos de un nuevo Estado foráneo, los jueces ingleses no deberían investigar la legalidad de las decisiones que toman los gobernantes extranjeros en sus países.
Él es partidario de que la Justicia británica debería dar por buenos los nombramientos de Guaidó para su junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) —que ahora reclama el acceso al oro—, aunque estos fueran invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas, controlado por el régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte, Nick Vineall, abogado de la junta del BCV nombrada por Maduro, cuestiona el “estatus constitucional” en este litigio de Guaidó, que en enero cesó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana al no presentarse a las elecciones de 2020.
Su bufete advierte que entregar el oro a la parte de Guaidó sin más indagación podría dañar la reputación del Banco de Inglaterra y de Reino Unido como custodio de activos extranjeros.
La junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, quiere acceder a oro por valor de 1.000 millones de euros para transferirlos a la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia, lo que trata de impedir la junta del dirigente opositor.
En la sesión matinal de este martes ante el Supremo intervino también James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, que confirmó la posición “clara y sin ambigüedades” adelantada ayer de que el Ejecutivo de Reino Unido reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.
El dictamen del Supremo, que debe aclarar varios puntos legales, servirá para que eventualmente el Tribunal Superior decida a quién autoriza para acceder al oro.
