Política

Chavismo rechazó sanciones de la Unión Europea, extendidas a un sexto año

La Administración de Nicolás Maduro considera que la prórroga de las sanciones es una decisión incoherente "y constituye una bofetada" al Foro de París por la Paz

El régimen de Venezuela rechazó la extensión de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea (UE) en 2017, que incluyen el embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión en el país.

La Administración de Nicolás Maduro, a través de un comunicado de la Cancillería, rechazó la «desafortunada decisión» de renovar las «medidas coercitivas unilaterales (que van) en contra del pueblo venezolano».

«Se pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno ni apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución», reza el escrito.

Asimismo, Venezuela considera que la prórroga de las sanciones es una decisión incoherente «y constituye una bofetada» al V Foro de París por la Paz, en medio del cual, ayer, representantes del Gobierno y la oposición sostuvieron una reunión para buscar salidas a la crisis, con el auspicio de Francia, Colombia y Argentina.

«Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del derecho internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados», prosigue el escrito.

Las restricciones impuestas por los Veintisiete en 2017 también incluyen la prohibición a 36 personas -entre ellas Diosdado Cabello, el número dos del chavismo- de entrar a la UE, así como la congelación de sus activos.

Estas sanciones, añadió Venezuela en su comunicado, «castigan y violan masivamente los derechos humanos» de sus habitantes, «ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales».

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