Judicial

AN investigará «masacre» en El Junquito y presencia de civiles armados en el operativo

«¿Si estaban negociando por qué los mataron?», cuestionó la diputada y presidenta de la comisión especial que investiga el caso de la muerte de Oscar Pérez, Delsa Solórzano, quien reitera que fue una «masacre» y que el Gobierno venezolano cometió irregularidades y violaciones de lesa humanidad en e operativo que se realizó en el kilómetro 16 de El Junquito.

La parlamentaria aseguró que «no hay razón de que si alguien se rinde lo maten igual» como denunció que pasó con Pérez y los demás integrantes del grupo «Equilibrio Venezuela» y las irregularidades del operativo que, señaló van desde la presencia de civiles armados en el sitio.

En este sentido la Asamblea Nacional solicitará a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) información sobre Heiker Vásquez, quién fue identificado como efectivo de la PNB y también como líder del colectivo «Tres Raíces» del 23 de Eneroporque recordó que en meses pasado durante las protestas «el director de la PNB dijo en la Candelaria que él combatía los colectivos, entonces cómo es que un colectivo es funcionario y además tiene antecedentes».

Reverol y Padrino López deberán comparecer ante la AN

La comisión especial citó a comparecer este viernes desde las 8:00 a.m. según el artículo 223 a los familiares de todas las víctimas del operativo del pasado 15 de enero; al ministro Reverol, quien recordó ocupa el cargo de «manera ilegal porque en la plenaria de la AN en 2017 aprobó su destitución»; el mayor Rafael Enrique Bastardo, quien presuntamente coordinó el operativo; el director de la PNB Carlos Pérez Ampueda «con quien tenemos muchas cosas que hablar», agregó la diputada; y también debe asistir Ivan Rafael Hernández director del DGCIM, el ministro de Defensa Padrino López; mayor general Ramón Pimentel; el coordinador de los CLAP Freddy Bernal para que de fe sobre el audio a través del cual se hizo publica la participación de civiles armados en el operativo.

También irán a la Defensoría del Pueblo para que informe ha activado sobre la violación de los derechos humanos en el operativo y serán interrogados sobre si estuvieron presentes en el lugar «que según los audios, no estuvieron», agregó; oficiarán a la dirección de derechos fundamentales de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, enviarán una comunicación al fiscal superior militar indicándole que según la Constitución todos los delitos de derechos humanos son de carácter civil y deben ser juzgados en los tribunales civiles.

La comisión especial envió dos grupos de trabajo para que recopilarán información sobre el caso de la «masacre» en El Junquito, una para el lugar de los hechos y otra para la Morgue de Bello Monte donde aún se encuentra el cadáver del ex inspector del Cicpc.

En la Morgue de Bello Monte

Más tarde, la diputada Solórzano informó que se entregó un comunicado al director adjunto de la Morgue de Bello Monte, Luis Martínez, en la que solicitan que se les entregue las autopsias de todas las víctimas asesinadas «en la masacre» del pasado 15 de enero en El Junquito.

«Se logró el ingreso de los familiares y van a culminar los tramites  para identificar los cuerpos y se proceda a realizar la entrega de todos los cadáveres», detalló la parlamentaria y agregó que los familiares que exigen que les sean entregados los cuerpos de todas las víctimas.

Destacó que la AN insiste en el cumplimiento de la Ley para la regulación y control de la prestación del servicio funerario y cementerios que, establece en los artículos 24 28 un cadáver no podrá ser incinerado sin la autorización de los familiares o si «está siendo sometido a un proceso de investigación penal o científica».

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