Venezuela retrocedió en lucha contra el tráfico humano
El Departamento de Estado recomienda que se debe mejorar la legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados
El deterioro en el país a cuenta de la situación económica y social, promovió un retroceso en la lucha contra el tráfico humano, según el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El Gobierno de Venezuela no cumple los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y tampoco está haciendo ningún esfuerzo”, asegura el informe en el capítulo dedicado a Venezuela.
Otro de los puntos del informe establece que los grupos armados irregulares que operan en Venezuela son los grandes promotores de prácticas como el tráfico sexual, reclutamiento de menores combatientes y trabajo forzado en sectores como la agricultura, servicios domésticos y construcción.
“En los lugares donde está el arco minero, ha aumentado la explotación sexual de niñas y también agarran a niños para hacer los trabajos en la minería y no hay esa protección del Estado”, asegura la diputada Karin Salanova, defensora de derechos humanos.
Según el informe, los países en donde es más común la explotación sexual de mujeres venezolanas son Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y México.
El Departamento de Estado recomienda que Venezuela debe mejorar su legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados en la investigación y penalización de estas prácticas.
La administración de Nicolás Maduro insiste en que tienen la intención de combatir este delito. En diciembre de 2020, el Fiscal de Venezuela Tarek William Saab, informó que los casos denunciados de tráfico de mujeres pasaron de 4 en 2017 a 66 en 2020.
“Estamos hablando de un delito de carácter transnacional y a la vez binacional, que compromete a que tanto las autoridades de Venezuela como de Trinidad hagamos un esfuerzo común para desmantelar tanto dentro como fuera de Venezuela estos hechos”, dijo en su momento el funcionario.
Por su parte, el Departamento de Estado cuestiona que algunas organizaciones sociales que trabajan en contra del tráfico de personas enfrentan dificultades de financiamiento debido a restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
